Aquella madrugada del 30 de diciembre de 2020, mientras en el recinto del Senado de la Nación se debatía el proyecto de ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que finalmente resultó aprobada, las médicas ginecólogas Daiana Brelaz y Katerina Milone del Hospital Heller no se imaginaban que quince meses después de transformarse el aborto clandestino en seguro, legal y gratuito serían reconocidas por su compromiso de continuar garantizando ese derecho durante la pandemia.
El pasado viernes 4 de marzo , en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemoró el martes 8, ambas especialistas fueron reconocidas por su labor por los ministerios de Salud y Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en un acto que se realizó en el Centro Cultural Kirchner. Junto a ellas fueron homenajeadas otras treinta trabajadoras destacadas en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, la gestión de la salud pública y la atención de pacientes COVID-19.
Las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, encabezaron el acto en el que fueron distinguidas las especialistas del hospital neuquino. Además de las ginecólogas que integran el equipo de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILE/IVE) del Hospital Heller, asistió al acto la ministra de Salud de la provincia, Andrea Peve, quien expresó su emoción y orgullo de haber participado del homenaje a las trabajadoras de la salud. Vizzotti expresó que “hacemos este acto con muchas ganas de reconocer y poner en valor el trabajo de las mujeres en una situación inédita a nivel mundial que interpeló a toda la humanidad”.
“Más allá de la alegría por ser reconocidas por nuestro trabajo en el hospital, nos parece importante que se visibilice lo que es la interrupción legal y voluntaria del embarazo en el marco del 8M y que forme parte de estos espacios de reconocimiento”, aseguróBrelaz a LMNeuquén.
Señaló que si bien ya venían trabajando con el aborto legal antes de la pandemia, con la llegada de ésta “tuvimos que reacomodarnos como equipo creando nuevos canales de comunicación virtuales lo que fue generando mayor accesibilidad a la población para poder acercarse al sistema de salud y realizar sus consultas en relación a este tema”.
Describió que desde el equipo "creamos correos electrónicos, habilitamos números de teléfono, cartelería que difundimos a través de las redes sociales, ya que en el momento del aislamiento más estricto y el COVID desbordando las guardias de los hospitales la gente tenía mucho temor en acercarse al hospital”. Estas formas nuevas de comunicación y consulta favoreció a una mayor accesibilidad de las mujeres. "Realizaban las consultas por estos canales y luego podían acercarse al hospital", contó. Indicó que en ese contexto “pudimos concretar distintas alianzas con otros efectores de la salud como socorristas que nos permitieron mejorar la accesibilidad al servicio”.
La Ley IVE, que entró en vigencia el 24 de enero de 2021, regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto para las mujeres y adolescentes, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad prevenible, hasta la semana 14 de gestación inclusive sin motivos, o si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro la vida o la salud de la mujer. El plazo máximo para que se garantice la práctica es de diez días corridos desde el momento requerido.
“Con la pandemia tuvimos que reacomodarnos como equipo creando nuevos canales de comunicación virtuales lo que fue generando mayor accesibilidad a la población para poder acercarse al sistema de salud y realizar sus consultas en relación a este tema”.
Brelaz sostuvo que en medio de la pandemia se puso en vigencia la ley, "lo que permitió que muchas personas pudieran sacarse los miedos y los prejuicios y contar con más información para consultar y realizar esta práctica".
Consideró que la ley es “un camino que recién está empezando”, sin embargo aseguró que “existen desigualdades en todo el país para el pleno acceso a que la ley se cumpla”. “Si bien la ley es nacional hay que seguir mejorando en relación a estas desigualdades, eso llevará tiempo y esfuerzo también”. La negación a la práctica está prevista en la ley así como las sanciones civiles y penales a quienes produzcan demoras injustificadas.
En relación a la aplicación de la ley en la provincia de Neuquén, la especialista comentó que en la actualidad “está garantizada tanto a nivel público como privado aunque existen objetores a la práctica pero eso no provoca problemas porque en esos casos se pueden derivar”.
Subrayó que la puesta en vigencia de la ley “generó una disminución de los miedos de acercarse al sistema de salud para solicitar la práctica, pero todavía hay como un estigma social. Esto llevará tiempo hasta que el aborto sea parte del proceso de vida y salud de las personas como debería ser. Pero hay algo al respecto que por suerte va camino a mejorar”.
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