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El ADOS sigue bajo amenaza

La falta de respuestas en el inactivo expediente de la quiebra lejos de aliviar, dilata la incertidumbre sobre el destino de la clínica y sus trabajadores. 

La Cooperativa ADOS continúa bajo amenaza. Hoy se cumplieron los cinco días hábiles para que los síndicos contesten la propuesta realizada por los trabajadores que conducen la clínica, según consta en el expediente al que tuvo acceso lmneuquen, a fin de resolver los dos grandes problemas que los amenazan y que podrían dejarlos en la calle: la deuda de la quiebra y el remate del inmueble.

El primero de los problemas se remonta al cierre del viejo Policlínico que conducía la Asociación de Obras Sociales de Neuquén (ADOS). En manos de los sindicatos y tras años de malos manejos administrativos, entró en Concurso de Acreedores a mediados de 1999 y cesó sus actividades a comienzos de 2004. Sus trabajadores, entonces, decidieron constituirse en cooperativa para seguir prestando el servicio de salud y ocuparon el edificio.

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El segundo de los inconvenientes deviene de aquél, ya que tras la quiebra se inició una causa judicial que sigue hasta estos días, dentro de la cual se han abonado todas las deudas existentes (trabajadores, proveedores, etc.), a excepción de la que demandan los síndicos de la misma quiebra, por un valor cercano a los 200 millones de pesos (un millón de dólares).

La jueza que interviene en el expediente de la quiebra (223546/1999), María Eugenia Grimau, determinó que para pagar esa deuda se debe rematar el inmueble, cuyo valor inicial es de 11 millones de dólares y excede en más de diez veces el monto a resarcir. La consecuencia de esa enajenación es el cierre definitivo de la clínica ADOS administrada por sus trabajadores. El edificio que está en pleno centro de la capital provincial y que genera enormes atractivos inmobiliarios, era propiedad inicial del Estado Nacional, quien lo cedió a las autoridades provinciales a fin de que sea a su vez adjudicado al Policlínico y con expreso destino para la atención de salud.

La decisión de la magistrada provocó un amplio rechazo de toda la clase política y gremial de la provincia, incluido el partido provincial y hasta las autoridades de PAMI a nivel nacional. Su titular, Luana Volnovich, se expresó públicamente en contra de “cerrar una clínica que atiene a miles de afiliados en la provincia”.

En la Legislatura de Neuquén, el 25 de marzo de este año, a raíz de un proyecto presentado por legisladores del FDT y aprobado por todos los bloques menos la izquierda, se sancionó la Ley 3.284 que establece que “se suspenden, hasta el 31 de marzo de 2022, los procesos judiciales, cualquiera sea la causa de la obligación que haya originado la acción o el motivo de la liquidación, que ordenen o hayan ordenado la subasta de bienes inmuebles o muebles ocupados o utilizados por quienes cumplen un servicio esencial en calidad de prestadores médicos asistenciales públicos o privados de internación o de diagnóstico y tratamiento, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicio de Salud. Dicha suspensión alcanza los procesos de los sujetos pasivos cuya actividad sea la de geriátricos y de rehabilitación.”

Con claridad, el diputado del MPN, Maximiliano Caparroz, sentenció que “necesitamos contar con las instituciones de salud abiertas para que sus profesionales puedan atender en el marco de la pandemia”.

La decisión de Grimau alertó a los legisladores, quienes rechazaron la medida judicial porque viola taxativamente esa ley y al menos uno de ellos, Mariano Mansilla, propuso iniciar un jury de enjuiciamiento contra la funcionaria judicial.

Para Mansilla, que fue el primer abogado de la cooperativa de trabajadores de ADOS, la jueza “desconoce el derecho de la cooperativa a prestar el servicio en ese edificio y la considera apenas una locataria, en el mismo nivel que podría tener cualquier actividad comercial, que paga un alquiler por usar un inmueble que no le es propio, eso es inadmisible, es una barbaridad”.

Mansilla sostuvo que Grimau “comete una grandísima injusticia ya que los trabajadores integrantes de la cooperativa, ex acreedores de la quiebra, al haber saldado sus acreencias con la misma, ya no tienen derecho sobre el expediente y los desconoce dentro del mismo. Una paradoja y una barbaridad, ya que son esos mismos trabajadores, con su esfuerzo y luego de administraciones austeras y ordenadas, quienes lograron sanear las deudas que de otro modo jamás nadie hubiese cobrado”.

“La Jueza debería recordar que su mismo juzgado, el 04 de Febrero del año 2004, autorizó la explotación de la empresa a la Cooperativa que había sido constituida a tal efecto. En aquella oportunidad la Jueza fijó un Canon en concepto de alquiler del inmueble el que se abona mensualmente y que sufrió varias actualizaciones”, especificó.

En una carta enviada a las autoridades del INAES el 21 de octubre de 2021 y firmada por la presidenta saliente de la cooperativa, Patricia Obreque, ADOS “se ha constituido en uno de los principales prestadores de salud del I.N.S.S.J y P. (PAMI) en Neuquén, quien representa en la actualidad el 80% de la ocupación, dividiéndose el restante 20 % entre diversas Obras Sociales, tales como I.S.S.N (Obra Social Provincial), Obras Sociales Sindicales, Prepagas, sumando además a SALUD PÚBLICA para la atención de pacientes en toda la provincia de Neuquén”.

Obreque sostuvo entonces que, “conforme se observa del estado actual de cuentas, esta Cooperativa goza de una ‘muy buena salud’ económica y distribuye mensualmente a sus asociados los excedentes financieros”.

La dirigente describió con detalles la actualidad de la clínica y afirmó que “se presta la atención a más de 10.000 personas por mes en los Servicios del área ambulatoria”; que “cuenta con 72 camas de dotación” y que “el 04 de febrero de 2019, con mucho esfuerzo, se inauguró la Terapia Intermedia con 5 camas”.

En la actualidad, luego de una gestión del Senador Oscar Parrilli, quien organizó una reunión entre la cooperativa y las autoridades de PAMI, la obra social de los jubilados propuso firmar una serie de convenios de trabajo con la Clínica ADOS, a fin de proveer el auxilio financiero que permita resolver la deuda y garantizar la continuidad del servicio en forma definitiva.

A raíz de ello, las autoridades de la cooperativa representadas por su asesor letrado, Darío Tropeano, presentaron el pasado 09 de noviembre una propuesta formal de pago a los acreedores, para la cual pidieron un plazo de 90 días, la formalización de una lista definitiva de acreedores y la formulación de una fórmula de pago individualizada. Grimau, en tanto, corrió traslado a los síndicos, quienes tenían hasta hoy para responder.

Hasta tanto no se formalice esa respuesta, la cooperativa que conduce la Clínica y las instituciones nacionales dispuestas a colaborar, no pueden avanzar en los convenios que permitirán una salida al conflicto, que ya cumplió 17 años.

Fundado en la década del 70 por siete obras sociales sindicales –de la construcción, ferroviarios, La Fraternidad, gastronómicos, petroleros, mercantiles y mecánicos- pasó por las manos de la dictadura y fue devuelta a los trabajadores con el regreso de la democracia. En esos 20 años acumuló deudas por 11 millones de pesos de entonces, equivalentes a igual monto en dólares. Ni el salvataje del IADEP bajo la gestión del ex gobernador Sobisch evitó el desenlace final.

Hoy, en manos de los trabajadores desde 2004, logró pagar casi todas sus deudas y espera cerrar definitivamente su capítulo más negro.

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