Madrid (Télam) > El Parlamento Europeo aprobó ayer la controvertida ley que armoniza los procedimientos de los veintisiete Estados miembros para la expulsión de inmigrantes «sin papeles», quienes podrán permanecer detenidos hasta 18 meses sin orden judicial, y que ya despertó críticas en América Latina y el mundo.
La llamada «Directiva de retorno» (ver recuadro) fue aprobada por la Eurocámara -sin que el texto acordado previamente por el Consejo de Ministros sufriera modificaciones-, por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, en una jornada que fue precedida por fuertes discusiones en el seno del Parlamento sobre la naturaleza de la disposición.
Tras el voto favorable, la directiva debe ser publicada en el Boletín Oficial de la UE y a partir de ese momento, los Estados miembros tendrán dos años para armonizar sus legislaciones para cumplir con la normativa europea, que es obligatoria.
La directiva prevé un año adicional para que los Estados adopten la cláusula correspondiente a la asistencia letrada gratuita para los inmigrantes en proceso de expulsión, aunque este derecho no queda garantizado en todos los casos.
En tanto, distintas voces se unieron en el mundo en contra de la medida impulsada por Europa.
El gobierno argentino, a través de su Cancillería, lamentó la aprobación de la ley, que consideró violatoria de los derechos humanos.
Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, juzgó como una «vergüenza» la norma aprobada por el Parlamento Europeo y llamó a América Latina a unirse contra la "Directiva Retorno".
En tanto, el Senado uruguayo votó por unanimidad, rechazar de modo enfático, por violación de los derechos humanos, la ley que habilita la expulsión de inmigrantes clandestinos y Paraguay presentará una misiva de protesta al Mercosur.
Desde Argentina, las Madres de Plaza de Mayo criticaron la medida que consideraron «salvaje».
Retroceso
En esa tónica, más de cien ONG del continente europeo, entre ellas Amnistía Internacional y SOS Racismo, rechazaron la ley a la que consideran un «retroceso» para los derechos humanos, una medida xenófoba de la UE, y un recorte de libertades para los inmigrantes, que no cometieron ningún delito sino una falta administrativa.
«Es el peor de los escenarios posibles para los derechos humanos de los inmigrantes», dijo la presidenta de AI en España, Icíar Ruiz Jiménez.
España: garantismo y expulsión
Madrid (Afp/NA) > España es uno de los países europeos que cuenta con uno de los plazos más cortos de detención de inmigrantes ilegales en espera de su expulsión, pero sus centros se parecen más bien a una cárcel a pesar de que no tienen carácter penitenciario.
En España hay nueve centros de internamiento de extranjeros (CIE) donde los inmigrantes en situación irregular pueden estar retenidos un máximo de 40 días, frente al tope de 18 meses que aca
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