Se trata de 10 procesos judiciales donde hay 30 imputados, 23 se corresponden a referentes y militantes. Hay personal de salud, docentes, desocupados y monotributistas.
Desde el Polo Obrero denunciaron persecución política y criminalización de la protesta tras las 10 causas que se tramitan en el Juzgado Federal de Zapala, en las cuales 23 de los 30 imputados corresponden a sus referentes y militantes.
Entre los imputados, están trabajadores de salud, docentes, desocupados y monotributistas. El referente del Polo Obrero y concejal por el FIT Unidad, César Parra, dijo que se encuentra entre los imputados por acompañar un corte de ruta en 2017.
Son causas que están relacionadas con acciones de lucha durante los años 2017, 2019, 2020 y 2021. Parra indicó que las impulsan desde el Juzgado Federal de Zapala, a través de la jueza Silvina Domínguez, por cortes en las rutas 22 y 40. Se debió a reclamos por trabajo genuino, por la huelga de autoconvocados de salud y por un reclamo de monotributistas en Chos Malal.
Agregó que, dentro de las 10 causas, dos se elevaron a juicio, pero todavía no tienen fecha de inicio. En tanto que las últimas siete llegaron en los últimos 15 días. Aclararon que de los 30 imputados, 23 pertenecen al Polo Obrero y a Tribuna Docente. “Estamos denunciando la criminalización de la protesta social porque se busca escarmentar, aleccionar a trabajadores por reclamos muy justos como la defensa del salario y de la salud pública”, indicó Parra a LMNeuquén.
Sostuvo que se trata de una “criminalización de la protesta mirando al futuro, en un cuadro donde se profundiza el ajuste, con una inflación galopante, con el acuerdo con el FMI, y con una creciente conflictividad social”. Agregó que lo que se busca es “liquidar el cuadro de protesta social que va a ir incrementando en función de cómo siga deteriorándose la vida de los trabajadores”.
Dijo que, si bien son causas que impulsa el juzgado federal tienen un fuerte componente de persecución política y responsabilizaron al gobierno provincial porque las protestas que motivaron estos conflictos fueron dirigidas a la Provincia.
Indicó que en los próximos días van a solicitar una entrevista a la ministra de Justicia, Vanina Merlo, y también que presentará una denuncia ante el INADI.
El concejal calificó de “mamarracho jurídico” en el caso de las causas del 2017 y 2019, que se iniciaron en Zapala, “la fiscal Federal, Karina Stagnaro, argumenta que como consecuencias de estos cortes hubo desabastecimiento de insumos y de combustible, cuando los propios testigos que ella cita señalaron que no hubo desabastecimiento y que había caminos alternativos”.
El dirigente del Polo Obrero añadió que para ellos tampoco es casualidad que se utilicen las luchas de Zapala y Chos Malal, dos lugares de la provincia de Neuquén con la tasa de desocupación más alta.
Parra sostuvo que hay jurisprudencia que señala que los cortes son parte de la protesta social, como mecanismo ante la falta de respuesta de los gobiernos. E indicó que, en las causas de Chos Malal y de Zapala, en ambos casos hubo actas, como parte de la solución del conflicto, donde ambos estados municipales se comprometieron a no impulsar acciones penales, entendiendo que era un conflicto social y no penal.
“El hilo conductor de todas estas causas, surge después de la gran huelga de salud de salud, aunque se remiten a 2017/2019. Marcamos la responsabilidad política porque son todos reclamos provinciales”, cerró el dirigente.
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