Vestida con pantalón, chaqueta negra y pañuelo rojo y blanco, la hermana del rey había llegado junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, ex medallista olímpico de balonmano de 47 años. La pareja vive desde 2013 en un exilio dorado en Ginebra junto a sus cuatro hijos.
17 son los acusados en el juicio que mantiene en vilo a la Corona española.
La segunda hija de Juan Carlos enfrenta cargos por dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) por Urdangarin y un ex socio de este, Diego Torres.
Los dos hombres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para ellos 19,5 años y 16,5 años de cárcel respectivamente.
La infanta siempre ha asegurado desconocer esos negocios y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la Corona.
"Todo esto es un trago de gusto malo para la monarquía y yo imagino que está Felipe VI muy contrariado", decía a la AFP José Apezarena, biógrafo del monarca.
"No habrá ningún juez valiente en este país que vaya a enviar a la cárcel a la infanta Cristina", se lamentaba Francisco Solana, desempleado de 45 años, con una bandera republicana sobre los hombros. Manifestaba ilustrando la indignación de millones de españoles ante la multiplicación de escándalos de corrupción durante los durísimos años de la crisis económica.
Urdangarin y Torres son sospechosos de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían.
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