Estafa de planes sociales: arrancó la audiencia con acusaciones a funcionarios

La audiencia de formulación de cargos contra los imputados en la estafa por los planes sociales con tarjetas del BPN arrancó esta mañana en Ciudad Judicial. El fiscal jefe Pablo Vignaroli realizará la acusación, en un clima de fuerte hermetismo que planteó la defensa.

Se investiga una estafa con tarjeteas de planes sociales en un sistema delictivo que dejó más de $120 millones en perjuicio del estado provincial.

En la causa hay 14 imputados, entre ellos funcionarios, ex funcionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Entre los acusados está Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales de la provincia, quien renunció luego de varias semanas de conocerse el escándalo. El ex ministro de esa cartera, Abel Di Luca, renunció antes de que estallara el tema judicial.

Soiza está sindicado como quien lideraba una organización en torno al manejo de planes y será acusado del delito de presunta “asociación ilícita”. También a otros miembros y ex funcionarios se les imputará ese delito, con otros roles, fraude contra la administración pública y presunto peculado.

Antes del arranque de la audiencia hubo un planteo por parte de la defensa de Soiza, el abogado Alfredo Cury, respecto a la publicación de los nombres y la publicidad del desarrollo de la audiencia. Se pidió impugnar la audiencia con el fin de prohibir la publicación del acusado y el ingreso de cámaras y prensa a la sala.

El fiscal Vignaroli exigió que se rechace el pedido de la defensa, de restringir la publicidad de la audiencia, para evitar la exposición con fotos y prensa. La jueza Estefanía Sauli convalidó el pedido del fiscal y la jornada continuó con normalidad.

La investigación del fraude con las tarjetas de débito se conoció a finales de julio. Un beneficiario de los planes denunció que le habían vaciado la cuenta y radicó la denuncia en el BPN.

La maniobra que se investiga es la entrega de subsidios por unos $8 mil donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves, pero las tenían que entregar a otras personas –que no eran los titulares de cuenta- para hacer las extracciones en los cajeros. Pero los montos de los subsidios eran mayores, alrededor de $50 mil y los beneficiarios nunca se enteraban. El banco tiene registros fílmicos de las maniobras, que la fiscalía analizó con detalle.

De acuerdo a la información relevada por LMNeuquén, durante la pandemia se flexibilizó mucho la entrega de tarjetas de planes sociales de Nación, que estaban bajo la órbita de la Provincia. Es decir, los manejaba el hoy cuestionado Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén.

Entre los elementos incorporados a la causa, registros bancarios, cámaras de seguridad y el trabajo de investigación de Delitos de la Policía, ya se ha podido establecer que había al menos un grupo de cuatro punteras que concurrían al BPN y en cuestión de minutos retiraban importantes cantidades de dinero con el uso de tarjetas de planes sociales. Las imágenes de esos retiros son dantescas.