Estafa con planes sociales en Neuquén: la versión de la esposa de uno de los ex funcionarios
La causa por la millonaria estafa con planes sociales que sacude al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén sumó un nuevo capítulo, luego de que Marcos Osuna y Néstor Pablo Sanz se entregaran a la justicia y quedaran detenidos al igual que Ricardo Soiza, quien había sido apresado el jueves por la mañana en el marco de un operativo que incluyó cinco allanamientos.
El abogado de los tres imputados renunció y la defensa pública, integrada por Raúl Caferra y José Maitini, solicitó una prórroga, hasta el inicio de la próxima semana, para interiorizarse de la situación.
Los defensores basaron el pedido de postergación de la audiencia en la cantidad de información que deben procesar para poder ejercer una defensa eficaz y tanto la fiscalía como la fiscalía de Estado encontraron razonable el planteo de la defensa y no presentaron oposición.
Néstor Pablo Sanz, era el exdirector de fiscalización, y Marcos Osuna, quien estaba a cargo del departamento de gestión de programas sociales.
"Teniendo en cuenta que recibimos la defensa recién en la tarde de ayer y de que se trata de una información muy extensa con varias declaraciones de testigos que superan las 5 horas de videograbación, consideramos que para ejercer una defensa efectiva de nuestros asistidos, necesitamos un tiempo prudencial, de al menos las próximas 48 horas", manifestó el abogado Caferra.
El próximo lunes a las 11 de la mañana se realizará la audiencia donde se solicitará la prisión preventiva para Soiza, Sanz y Osuna. Mientras tanto, los tres imputados permanecerán detenidos.
Un sistema de clientela
"La Dirección de Planes Sociales tenía una característica: las personas que trabajaban allí no eran de planta permanente, sino que eran contratadas, por lo cual existió siempre una manipulación relacionada con que si hablaban, si contaban se quedaban sin trabajo", sostuvo el fiscal jefe Pablo Vignaroli en una rueda de prensa.
"Tampoco tenemos que perder de vista que estas eran personas que nunca habían tenido un trabajo registrado. Eran personas que nunca habían estado en el mercado laboral formal, con lo cual ellos veían en esta situación una posibilidad de tener un ingreso regular, mensual. Entraron en un círculo vicioso en el que se veían obligados a hacer determinadas cosas porque que si no, la amenaza era clara: 'si no lo hacen, se quedan sin trabajo'", advirtió. "Por el momento estamos hablando de cuatro personas", dijo.
"Estas prácticas se venían haciendo desde hacía muchos años. Habían montado en esa Dirección un sistema clientelar. Dentro de ese sistema clientelar el dinero llegaba a aquel que lo necesitaba, mientras una porción de ese dinero lo utilizaba esta asociación (ilícita) conformada dentro de la Dirección para negocios propios en principio, pero también para algunas actividades políticas", señaló.
Dura denuncia
Uno de los momentos más llamativos de la jornada, estuvo protagonizado por Isabel Montoya, esposa de Néstor Pablo Sanz, el exdirector de fiscalización, quien se encuentra en la primera línea de responsabilidad en las maniobras de estafa junto a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén, y Marcos Osuna, quien estaba a cargo del departamento de gestión de programas sociales.
También imputada en la causa (pero en libertad), Montoya habló con la prensa y apuntó hacia las autoridades del Ministerio y del gobierno provincial al señalar que Soiza decía que sus superiores iban a garantizar que la causa no avance.
"El abogado de Ricardo Soiza, Alfredo Cury, siempre fue su intermediario. Él era quien nos citaba a todos los imputados de la causa, mes a mes. Ricardo se comunicaba por videollamada, los primeros meses iba personalmente. Nos decía que todo iba a estar bien, que estuviéramos tranquilos que contaba con el apoyo de superiores, por lo tanto, esto iba a quedar en la nada", manifestó la mujer.
"Acá hay un manejo de poder que va mucho más arriba que Ricardo. Pablo ni siquiera puede abrir la boca porque ha sido intimidado, amenazado", añadió.
"Hasta acá llegó el circo de Ricardo, las amenazas y todo lo que se ha venido haciendo. Va a tener que dar la cara tanto su abogado, Alfredo Cury, como él de todo lo que venía pasando, de todo el hostigamiento, las mentiras, las amenazas que hemos estado recibiendo desde el primer momento para que no dijéramos nada", manifestó.
"Ricardo le decía a los chicos que no se hablara del trabajo que se hizo siempre, de cómo ellos se manejaron siempre en Desarrollo (Social), que no tenía que salir de ese lugar, de la mesa en la que estábamos los implicados, que éramos 15, recuerdo bien el número", enfatizó y agregó que si bien ella no tiene conocimiento, supone que las maniobras para las estafas se venían realizando con anterioridad al 2020.
"Al principio, cuando hablamos con Alfredo, teníamos miedo por nuestras familias por los hostigamientos que recibimos. Nos fueron a apedrear varias veces las casas. En pocas palabras, el abogado nos decía que si nosotros hablábamos, no íbamos a poder dormir tranquilos. Yo lo sentía como una amenaza", dijo.
oki Por último Montoya responsabilizó a Soiza por la integridad física tanto de ella como de toda su familia. "Yo quiero expresar públicamente -y voy a hacer la denuncia para que quede por escrito también- que responsabilizo a Ricardo Soiza por lo que nos pueda llegar a pasar a cualquiera de mi familia o a mi. Él tiene mucha gente afuera. Cuando hay poder se mueven mucho; cuando hay plata de por medio, se mueve mucho. Nosotros tenemos miedo", recalcó. "Voy a pedir una custodia policial tanto para mis hijos como para mi hogar, mi familia y la integridad física de Pablo", concluyó.
Resumen del caso
El fraude con las tarjetas de débito se conoció a finales de julio del 2022. Un beneficiario de los mismos denunció que le habían vaciado la cuenta y radicó la denuncia en el BPN.
La maniobra que se investiga es la entrega de subsidios por unos 8 mil pesos donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves, pero las tenían que entregar a otras personas –que no eran los titulares de cuenta- para hacer las extracciones en los cajeros. Los montos de los subsidios eran mayores, alrededor de $50 mil, y los beneficiarios nunca se enteraban.
El banco tiene registros fílmicos del accionar. La fiscalía analizó en detalle cientos de documentos que llevaron a que la investigación sea declarada compleja con un plazo de realización hasta el 29 de noviembre de este año.
Luego de ordenar cinco allanamientos y de que la policía detenga a Soiza, este jueves fiscal del caso Juan Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli anunciaron que pidieron prisión preventiva tanto para el ex director de planes sociales como para Sanz y Osuna. La solicitud se basó en el riesgo de entorpecimiento de la investigación debido a la desaparición de dispositivos electrónicos y "aprietes" a personas que tienen información del caso.
En ese marco, Vignaroli se refirió a la estructura montada para concretar las estafas y señaló que al menos unas cuatro personas que participaban en la misma lo hacían bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.
"La Dirección tenía una característica: las personas que trabajaban allí no eran de planta permanente, sino que eran contratadas, por lo cual existió siempre una manipulación relacionada con que si hablaban, se quedaban sin trabajo. Estas eran personas que nunca habían tenido un trabajo registrado. Entraron en un círculo vicioso en el que se veían obligados a hacer determinadas cosas porque que si no, la amenaza era clara: 'si no lo hacen, se quedan sin trabajo'", insistió.
"Estas prácticas se venían haciendo desde hacía muchos años. Habían montado en esa Dirección un sistema clientelar. Dentro de ese sistema clientelar el dinero llegaba a aquel que lo necesitaba, mientras una porción de ese dinero lo utilizaba esta asociación (ilícita) conformada dentro de la Dirección para negocios propios en principio, pero también para algunas actividades políticas", señaló.
Al precisar la responsabilidad que se le atribuye a cada uno de los imputados, Vignaroli manifestó: "Cuando formulamos cargos hablamos de una asociación ilícita que tenía distintos niveles, con un grupo de organizadores que eran Soiza, Sanz y Osuna. Eran quienes estaban en condiciones de disfrazar administrativamente el modo en que ellos se hacían del dinero".
"Después había otro grupo de personas, a quienes nosotros llamábamos los reclutadores. Se encargaban de encontrar gente a cuyo favor daban de alta un plan, con cuentas de las cuales sacaban dinero mal habido. Después había un tercer grupo, los extractores, que estaban encargados de las tarjetas de débito de los titulares de las cuentas para ir a los cajeros automáticos para sacar el dinero", explicó.
Ante la pregunta sobre si tienen asidero las denuncias que apuntan a que Soiza continúa teniendo manejo de planes sociales, Vignaroli indicó: "Tuvimos información de que él haría ese tipo de manejo desde el local comercial de su propiedad, por eso se allanó".
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