La salud pública está en crisis desde hace rato. Los conflictos se suceden con daño para la calidad de la atención. En el medio, hay una sangría de profesionales hacia el sector privado, con abandono de la atención pública. La pandemia presionó sobre el gobierno por mayores inversiones en infraestructura, pero cada vez que dio un respiro la situación sanitaria, un conflicto laboral salió a la luz.
En el primer amesetamiento surgieron los elefantes, como se denominó a los trabajadores autoconvocados de los hospitales que se sublevaron a las conducciones gremiales para encarar la protesta más impactante de los últimos tiempos, dejando incomunicadas a las fuentes de producción más importantes de la economía. Las pérdidas para la economía fueron fulgurantes tras un mes de cortes de ruta. La salida fue con un acuerdo con ATE, entidad gremial en la que se incubó el conflicto. El acuerdo implicó plata. Se adelantaron las paritarias.
El efecto dominó hizo que la medida saltara los límites de la salud para extenderse a todo el arco estatal. El costo de la negociación fue alto, pero nada que no pueda costearse con el incremento de ingresos que ha experimentado la provincia gracias a la reactivación petrolera y su impacto en la economía.
En la segunda tregua para el sistema sanitario explotó el conflicto con los profesionales representados por el Siprosapune, que está enfrentado con ATE. El gremio de los médicos estalló cuando ATE impuso su rechazo a la ley de carrera sanitaria, que despegaría a los profesionales del convenio de ATE.
En el medio, se conoció la baja masiva de psiquiatras del sistema público.
La negociación oficial con ATE tiene la efectividad de la frazada corta.
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