Hora de sumar argumentos en una causa clave

La Justicia estadounidense dio plazo para que las partes fundamenten sobre la jurisdicción del juicio.

La jueza estadounidense Loretta Preska otorgó unos días para que las partes del juicio por la estatización de YPF argumenten sobre lo que la ley estadounidense define como “forum non conveniens” (foro no conveniente), informaron fuentes oficiales al término de la primera audiencia que se realizó en los tribunales de Nueva York.

Esto es, básicamente, determinar la jurisdicción de un caso que le puede salir al Estado hasta 3000 millones de dólares.

De esta manera, el fondo Burford, que es la parte litigante contra la Argentina, sufrió un primer revés en medio de la acalorada audiencia no exenta de duras discusiones que tuvo lugar el miércoles de esta semana en Nueva York.

La estrategia argentina volvió a plantear que el tribunal de Preska “carece de jurisdicción” debido a que las demandas de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía “se basan en el estatuto de YPF, una sociedad argentina regida por la ley argentina”.

En este primer encuentro “se reconoce la competencia de Preska, pero ella misma va a analizar si otro magistrado puede hacer mejor el trabajo”, precisaron fuentes reproducidas por la agencia de noticias Télam.

El caso se origina en el derecho a litigar que tiene un fondo de inversiones que compró la quiebra de las empresas del grupo Eskenazi.

El forum non conveniens es uno de los argumentos centrales de la Argentina, y la jueza resolvió hoy otorgarles a las partes la posibilidad de avanzar con las justificaciones para analizar ese aspecto.

“Las partes van a responder sobre la cuestión con presentaciones, habrá un ida y vuelta y en unos días definirá qué hacer. Tenemos la posibilidad de presentar nuevos argumentos para fortalecer nuestra postura de que Nueva York no es un foro conveniente”, explicaron las fuentes.

En abril de 2015, Burford Capital Limited presentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York una demanda por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.

El reclamo no tiene un monto establecido, pero en el mercado sostienen que rondaría los u$s 3000 millones.

Podría implicar un perjuicio multimillonario para la petrolera nacionalizada.

Es un coletazo del proceso previo a la estatización de la empresa: en 2008, la familia Eskenazi creó las compañías Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, con las cuales ingresaron a YPF.

Luego, Burford compró la quiebra de ambas -ocurrió tras la estatización-, que utiliza para litigar contra el país.

Los demandantes, tras quedarse con el derecho a litigar, sostienen que la estatización de la petrolera violó derechos de los accionistas minoritarios, que no recibieron una oferta para vender su participación durante la nacionalización.

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