Ibazeta tiene que morir: historia de un preso incómodo

Esta es la historia de un crimen planificado puertas adentro de la U11. En esta historia de barrotes, sombras, golpizas, facas, arreglos oscuros y un recluso que incomodaba, todo es impunidad. A 10 años del brutal asesinato de Cristian Ibazeta, desarticulamos una trama que aún late.

La historia necesita un contexto de época para entender lo que pasó con Ibazeta. Él fue condenado por la Justicia neuquina a principios de la década del 2000 por un robo con armas. Lo derivaron a la Unidad Penal 11 de Parque Industrial, donde por esos años —y consta en los expedientes de la causa— “a los policías que nos mandaban a trabajar a la cárcel era como un castigo”. Y la bronca se la sacaban con los reclusos.

En Neuquén, históricamente, el manejo de la cárcel estuvo en manos de la Policía. En aquellos años, la fuerza no estaba calificada para esta tarea y, con el tiempo, abrió el ingreso de personal penitenciario al que se lo capacitaba puntualmente sobre este aspecto, pero nunca se quiso crear el Servicio Penitenciario Provincial independiente de la Policía.

El último intento fue en 2011, cuando se redactó un borrador con un grupo interdisciplinario. La letra estaba bien, era perfectible y también necesitaba rodaje para acomodarse a las necesidades de la provincia, pero el gobierno de Jorge Sapag resolvió dormir el proyecto en un cajón.

En su estadía en la cárcel, Ibazeta quiso hacer valer sus derechos, pero los policías que custodiaban el penal lo rotularon de “revoltoso”.

En los años que estuvo preso, Cristian escribió de puño y letra al menos cuatro textos en los que denunció golpizas, maltrato y torturas.

El primero de sus reclamos estuvo vinculado a su mamá, ya que las requisas eran sumamente invasivas. A las visitas las obligaban prácticamente desnudarse y les revisaban hasta el interior de sus partes íntimas, algo humillante que motivó que muchas mujeres dejaran de visitar a los suyos.

Otras denuncias dieron cuenta del maltrato que padecían los internos de parte del personal penitenciario, que se excedía en las requisas de los pabellones y les propinaba golpizas que dejarían asombrados a los forenses.

En la cárcel, por esos años, los reclusos volvían a una suerte de estado primitivo donde les afloraba el instinto de supervivencia que tiene el ser humano desde que comenzó a convivir en este planeta con otras especies.

Torturas 2004

El 24 de abril de 2004, Ibazeta junto con sus compañeros del pabellón 1 iniciaron un reclamo, cuando concluyó el horario de visitas, por la forma en que habían tratado a sus familiares. Ante esta situación, los pabellones 2 y 5 también se plegaron.

Esto dejó a la luz que no solo Ibazeta y sus compañeros veían con desagrado las humillaciones que pasaban sus familias, sino que la bronca se extendía hacia otros pabellones.

Cuando llegó la hora del “engome”, momento en que el celador de cada pabellón procura que los internos regresen a su celda, estos se negaron y se quedaron en el sector del patio, trabaron las puertas de acceso y solicitaron la presencia de las autoridades de la U11.

Lejos de acudir alguna autoridad, el reclamo se tomó como un acto de indisciplina y, en las primeras horas del 25 de abril de 2004, la requisa buscó normalizar la situación con gases.

Todo lo detallado consta en la documentación secuestrada del penal, el parte diario, y los testimonios de penitenciarios y presos.

Lejos de controlarse, el conflicto se tensó y devino en un motín.

El 25 de abril, se dispuso que el personal de requisa ingresara a cada pabellón que se había levantado.

Las autoridades nunca intentaron un diálogo, que era lo que solicitaban los presos. Y, desgraciadamente, la violencia conlleva violencia.

Se estableció un perímetro con la Metropolitana para cercar la parte externa del penal por si se producía una fuga. Los reclusos aguantaron todo lo que pudieron hasta que aparecieron en escena los efectivos de Requisa portando elementos antitumultos y otros de uso ilegal.

A trompadas, puntapiés y golpes con bastones reglamentarios y otros que no lo eran, comenzaron a sacar a los amotinados, que salían adoloridos por los golpes y con los ojos irritados por los gases.

Los internos de los pabellones 2 y 5 volvieron a sus celdas, pero los del 1 fueron redistribuidos con lesiones visibles que fueron certificadas por dos médicos forenses.

El 26 de abril a la mañana, trasladaron al patio a los presos de los pabellones que se habían amotinado y, allí, integrantes de la Requisa los golpearon. Los tiraron al suelo y los agredieron con puntapiés, golpes de puño y varillas de hierro. También utilizaron un elemento contundente alargado con forma de caño, comúnmente empleado para el denominado “barroteo”.

Con esos elementos los golpearon en la planta de los pies, según describieron en el juicio a los 27 penitenciarios imputados por una denuncia que redactó Ibazeta y que tuvo el acompañamiento de Zainuco, organización que lucha para que se cumplan los derechos de las personas privadas de la libertad.

El juicio se llevó a cabo en mayo de 2010 y dos médicos forenses, Flores y Kugler, declararon haber revisado a varios internos que presentaban lesiones múltiples producidas por golpes y perdigones de postas de goma.

“Algunos presentaban equimosis en la planta de los pies, provocada con objeto de forma roma. Nunca antes había visto lesiones en la planta de los pies”, afirmó Flores, mientras Kugler aseveró: “Fue la única vez que vi en mi carrera lesiones en la zona plantal”.

Tras el motín de 2004, funcionarios de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas (GAP) ingresaron al sector que ocupaba el personal de requisa en la U11 y, para su asombro, descubrieron que “estaban los bastones reglamentarios pero había otros que eran caños que se alargaban y pedazos de hierro que tenían una púa en la punta”. “Todo muy irregular”, confió la fuente que estuvo en esa inspección.

El 27 de mayo de 2010, se conoció la sentencia en la denominada causa de los 27 por torturas.

El voto que condenó por torturas a los 27 penitenciarios fue el del juez Mario Rodríguez Gómez, pero se impuso la dupla compuesta por los magistrados Juan José Gago y Luis María Fernández, que entendieron que el delito cometido fue severidades y vejaciones, agravado por haber sido cometido con violencia.

Renee Fuentes, José Antonio Corillan, Juan Carlos Aravena, Marcelo Alejandro Covati, José “Delfín” Oses y Walter Cresp, fueron los únicos penitenciarios condenados. Cuatro recibieron penas en suspenso y dos, efectivas que nunca cumplieron. Los restantes 21 fueron absueltos.

Cristian Ibazeta había sido testigo clave en una causa por torturas de 2004.

Torturas 2009

Desde que denunció por tortura a los 27, Ibazeta fue “paseado”, como se dice en la jerga, por distintos penales del país. Se considera una forma de castigo porque el preso es alejado de su familia, que sufre por no poder visitarlo, y también de su defensor y el juez a cargo de su condena.

Lo cierto es que cuando regresó a Neuquén, lo alojaron en la U11, donde los guardiacárceles lo odiaban.

Previo al juicio de los 27, el 22 de febrero de 2009, Ibazeta y dos compañeros del pabellón 6 fueron golpeados en sus celdas, luego sacados al pasillo donde les propinaron puntapiés y bastonazos. Después les colocaron una bolsa de nailon en la cabeza, modalidad de tortura conocida como “el submarino seco”.

Mientras los reclusos se asfixiaban con la bolsa en la cabeza, los penitenciarios continuaban pateándolos.

Lejos de atemorizarse, Ibazeta hizo que le certificaran las lesiones y denunció, junto con Zainuco, lo que luego sería la causa por torturas 2.

“Esto confirma una vez más lo que venimos denunciando desde hace años: en las cárceles y comisarías de Neuquén se tortura”, expresó Zainuco en un comunicado dirigido a los medios y la sociedad.

Los cinco penitenciarios denunciados fueron imputados: Gastón Nicolás Rosas, Mirko Bernardelli, Martín Alejandro Castillo, Sergio Raúl Catalán y Gustavo Marcelo González.

Esta situación obligó a que Ibazeta, en diciembre de 2011, fuera trasladado a la Unidad 6 de Rawson por razones de seguridad, pero allá también le pasaron factura por haber denunciado a penitenciarios y Cristian lo denunció, motivo por el cual regresó a la U11.

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La trama de la muerte

Corría mayo de 2012, Ibazeta estaba en la U11 y los penitenciarios lo odiaban, pero lo tenían que soportar. Ojo, Cristian sabía muy bien, a sus 32 años, los riesgos que corría, pero estaba convencido de que le debían respetar sus derechos y no quería estar lejos de su familia.

La mamá ya no iba a visitarlo a la cárcel porque la esclerosis múltiple que padecía había avanzado y la tenía prácticamente postrada.

Con sus familiares, la mamá le había enviado a Cristian un par de zapatillas que la requisa le había destruido, fiel a su estilo patoteril en ese entonces.

El 21 de mayo, Ibazeta recibió la visita de Gladis Rodríguez, una luchadora emblemática de Zainuco, a quien le confió que los penitenciarios lo estaban provocando, no solo porque debía afrontar dos juicios en los que era testigo, sino porque en un par de meses podría acceder al beneficio de las salidas transitorias.

Al día siguiente, Gladis Rodríguez iba a ir a denunciar a la Justicia, pero el destino de Cristian ya había sido negociado entre guardias y presos. Al menos esa es la teoría más sólida que se ha manejado, aunque es casi imposible de demostrar, por algo hasta la fecha la causa sigue impune.

¿Cuál fue la moneda de cambio? Tampoco se supo y nadie cree que se sepa; pero si se trata de un arreglo entre penitenciarios y presos, hay que pensar en beneficios que se manejan en forma discrecional dentro de las cárceles.

Lo cierto es que después de la reunión con Zainuco, esa noche, uno de los cinco denunciados por torturas estaba a cargo de la vigilancia del pabellón 4 que habitaban Ibazeta y otros 19 internos.

A las 23 de ese 21 de mayo se produjo el engome y todos los presos entraron en sus celdas, o eso se cree.

En este punto hay varias hipótesis que entran en el marco de lo posible en una investigación criminal. El recorrido permite acercarse a una versión más certera de lo que pasó con Ibazeta.

Un hecho objetivo es que a Cristian lo sorprendieron en su celda acostado.

Una teoría da cuenta de que fue “planchado”, es decir que le pusieron en la comida un sedante o que él tomó. Recordemos que ese día estuvo muy alterado por cómo le habían roto las zapatillas nuevas que le había regalado la madre.

Por otro lado, nunca se escucharon gritos, pero acá la red de complicidades puede ser muy amplia, además de algunos silencios obligados que son parte de los códigos de supervivencia dentro de las cárceles.

La versión de que lo plancharon tropieza con la complicación de su demostración empírica, no porque no haya sido así, sino porque cuando Ibazeta ingresa desangrándose al hospital Castro Rendón fue entubado y, para concretar este procedimiento, hubo que sedarlo.

Para que se entienda: los médicos de guardia no le hicieron una extracción de sangre para analizar antes de entubarlo, porque en un momento como ese se debe apostar a salvarle la vida al paciente. Lógica pura. Es decir que la muestra que se remitió a analizar luego de la muerte de Ibazeta debió estar contaminada por los sedantes y la medicación que se le proveyó durante la urgencia.

Esto no descarta bajo ningún aspecto la posibilidad de que lo hayan planchado.

La otra versión está relacionada con los resultados de la autopsia, que dan cuenta de que sufrió puñaladas en la cabeza, en la zona frontal del tórax, la espalda, las piernas y las manos.

Esas puñaladas, para los especialistas, hablan de un Ibazeta que se resistió.

“Si está planchado, no necesitás apuñalarlo en la cabeza, en el frente y luego darle vuelta para seguir apuñalándolo. Esto más bien da cuenta de un tipo que intentó mínimamente una defensa”, explicó un experto consultado a la luz del informe que se elaboró en 2012.

En esta argumentación se avanza sobre la posibilidad de que en el ataque hayan participado al menos dos personas, de ahí la cantidad de puñaladas.

“Se evidencia fractura en techo de órbita izquierdo con escama ósea de 2 centímetros. Esta lesión craneoencefálica es considerada mortal en forma mediata”, precisaron. Es decir que Ibazeta iba a morir en el corto plazo por esa lesión, a la que se sumaron el resto.

“Las múltiples lesiones punzantes que penetraran cavidades, lesionan órganos, el plumón bilateral, el riñón, el bazo y el duodeno, los cuales son concausales de la muerte”, explicaron los forenses.

La autopsia devela algunas lesiones que, se sospecha, fueron un mero intento de defensa: “Excoriación en mano derecha en dorso del tercer dedo y lesión punzante en lateral del segundo dedo, en su palma dos lesiones punzantes”.

Lo cierto es que la dinámica y la velocidad del ataque no le dieron demasiadas alternativas a Ibazeta. A las 24 puñaladas visibles se sumaron otras más en la fría mesa del Cuerpo Médico Forense, y así fue que se escaló a más de 30 puñaladas que sufrió en un ataque artero y mortal que duró menos de dos minutos.

Literalmente, y pese al esfuerzo de los médicos, Cristian agonizó tres días hasta que falleció el 24 de mayo.

Cristian Ibazeta fue apuñalado y murió tras tres días de agonía.

Cristian Ibazeta fue apuñalado y murió tras tres días de agonía.

Escena del crimen

La GAP estuvo a cargo de la causa y Criminalística de la Policía, del relevamiento de la escena del crimen, que era la celda de Ibazeta.

En el lugar había mucha sangre y se remitió para analizar el elástico de un calzoncillo negro y blanco marca Stone y tres toallitas húmedas con sangre que se encontraron en el tacho de basura de la cocina del pabellón.

A la espera de los resultados, los 19 internos del pabellón, el celador y el encargado de la seguridad dijeron no haber escuchado absolutamente nada. Esperable.

Rápidos de reflejos, la Dirección de la U11, la Dirección de Unidades de Detención, ambos dependientes de la Policía, y el propio ministro de Seguridad de ese entonces, Gabriel Gastaminza, dijeron que se había tratado de una riña entre internos.

Lo que no cuadraba “es que al día siguiente Ibazeta tenía que ir a realizar el reconocimiento de los guardias que los torturaron en 2009”, confió Federico Egea a LMN.

Cuando regresó el estudio de ADN, que por ese entonces tardaba un par de meses, desgraciadamente el resultado no fue concluyente.

Se dejó claro que había patrones genéticos de Ibazeta y que una de las manchas contenía dos posibles patrones, el de Cristian y no se podía establecer si el resto era de otra persona o del propio Ibazeta.

Esto dejó a la fiscalía y a la querella, Zainuco, en un callejón sin salida.

Hubo dos internos sospechados, además del personal penitenciario, pero hasta hoy no se ha podido demostrar nada. Y no hay que generar falsas expectativas porque la realidad marca que, salvo que haya un arrepentido, el caso nunca podrá ser esclarecido.

U11 PIN

La impunidad

Advertí al comienzo que se trataba de una historia de impunidad.

Los cinco penitenciarios denunciados por Ibazeta y dos compañeros en 2009 llegaron a juicio en 2015. Cristian estaba muerto, su testimonio se incorporó por lectura.

Los cincos fueron sobreseídos, pero a mediados de 2017, un tribunal de Impugnación ordenó realizar un nuevo juicio, que se concretó en diciembre de ese año y se confirmó el sobreseimiento de los penitenciarios.

“A Cristian lo mataron para acallarlo y se pretendía que con esa muerte su testimonio quedara silenciado. ¿Quiénes lo acallaron? La Policía, que actúa corporativamente en su propia defensa, o quizás alguno de los imputados en esta causa, que a pesar de estar denunciados e imputados y procesados por un delito cometido en sus funciones, siguieron prestando servicios en la 11”, describió Zainuco en ese entonces.

“Nosotros no tenemos dudas de que fue la Policía la que ejecutó el homicidio de Cristian, y si no fue así, fue la que lo mandó a matar”, aseguró Pedro Villegas, representante de Zainuco.

El caso tuvo tal repercusión, que la Asociación Pensamiento Penal (APP) advirtió: “Ibazeta había denunciado apremios por lo menos cuatro veces. Siempre lo hacía con escritos de su puño y letra, sin patrocinio de un abogado. Todos los expedientes fueron archivados sin condena”.

Esta semana, Federico Egea, de Zainuco, asumió a 10 años del crimen: “Sin dudas seguimos sospechando de la Policía, que nunca entregó las cámaras de seguridad que podrían haber ayudado a esclarecerlo. Somos conscientes de que la trama es algo muy difícil de demostrar salvo que alguien se quiebre”.

La Fiscalía de Homicidios mantiene la causa vigente y, de surgir algún dato nuevo, podrían avanzar, pero por ahora Ibazeta es sinónimo de impunidad.

El crimen de Cristian abrió las puertas para que terminaran las requisas invasivas a las visitas en las cárceles neuquinas, pero todavía no se puede avanzar con la figura del juez de ejecución penal dentro del penal para que los reclusos solo tengan que golpear la puerta para dialogar y además esté garantizado dentro de la cárcel el cumplimiento de la ley 24660.