Impulsan el blanqueo de las trabajadoras sexuales
El sobreseimiento de Teresa Godoy, “la Tere”, su hijo Líder Godoy y Alfredo Crespo abrió la puerta para el debate sobre si la prostitución debe legalizarse. Es que lo que dictaminó un juez con su fallo fue que las pruebas presentadas acreditan una forma de trabajo asociado y no que haya víctimas del delito de facilitación de la prostitución. Al respecto, tanto el director provincial de Diversidad de Neuquén como el defensor de Crespo apuntaron que la legalización es una forma de brindarles seguridad y derechos a quienes eligen libremente ejercer la prostitución como su trabajo.
“Como referente político creo que se debe debatir, pero no clausurando las opiniones distintas. No hay que bajarles la persiana, sino escucharlas y acompañarlas. Escuchar todas las voces y encontrar una solución”, sostuvo Adrián Urrutia, el director provincial de Diversidad de Neuquén.
En este sentido, destacó que, sea por el motivo que sea, esas mujeres y también algunos hombres eligen ejercer el trabajo sexual y que el dinero obtenido es un principal o único ingreso económico, por lo que ese trabajo “debería ser regularizado”.
La propia Tere habló de la libertad de elección de las trabajadoras sexuales para ejercer la prostitución. “Los que creen que todas las trabajadoras sexuales estamos en condición de trata es porque creen que nosotras no somos mujeres pensantes”, destacó, y agregó: “Negar un derecho a una trabajadora sexual es sumergirla en la clandestinidad y es ahí donde prospera la trata de personas”.
Sobre esta línea se expresó el defensor oficial Fernando Diez, que en esta causa ejerció la defensa de Crespo. “Hay que diferenciar la trata de personas de la facilitación de la prostitución. La primera es la falta total de libertad de elección y la segunda dice que, pese a que haya consentimiento, son víctimas. Pero hay que fundar muy bien porque es igual víctima”, expresó.
En este caso en particular, el propio juez sostuvo en su fallo que la fiscalía no acreditó que las demás mujeres sean víctimas de ese delito. Para Diez, esa figura penal es inconstitucional porque “dice que no importa que la persona quiera. Entonces no está claro que se tutela y termina siendo el Estado que defiende una moral, cuando no puede, sino que cada persona tiene que poder elegir”.
Tanto Urrutia como Diez hicieron hincapié en que la discusión de la legalización debe darse porque, de lo contrario, privar de todo a los trabajadores sexuales es llevarlos a la calle, a trabajar en solitario y sin seguridad. “Es un debate que tiene que darse. Tiene que haber una regulación que les permita derechos y seguridad, así como cierta tranquilidad para poder trabajar”, sostuvo Diez, y destacó que no hacerlo es “discriminación”.
“La mujer que elige ser prostituta y elige organizarse es para correr menos riesgos. No se las puede penar por elegir contratar a alguien para que sea encargado de la seguridad o la referente del lugar, poniendo su nombre en el contrato de alquiler o de los servicios, como Teresa Godoy en ese caso”, explicó Diez al respecto, y agregó: “El tema es que lo que está de fondo es una condena moral y, como Estado, no se puede obligar a nadie”.
Es por ello que si bien la defensa de los tres acusados no solicitó el sobreseimiento, sí habían dejado en claro esta postura sobre el trabajo asociado de las trabajadoras sexuales. Además, Diez celebró el fallo y, en caso de ir a Impugnación, insistirán en esta postura.
“Creo que el sobreseimiento está bien fundado. Muchos de los fundamentos los había expuesto yo cuando se hizo la formulación de cargos, como por ejemplo el tema de que un trabajo asociativo no podría constituir un delito”, confió.
Este informe pretende abrir un debate para mostrar las distintas voces de la sociedad respecto de la legalización de la prostitución, las que son bienvenidas.
Te puede interesar...









