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Insólito: el Estado deberá devolver tres autos de lujo incautados a narcos y que se usaron como patrulleros

Se trata de dos autos Mercedes Benz C200 Kompressor y un Peugeot RCZ, los cuales la Bonaerense usó como patrulleros meses después que se realizaron las detenciones.

Una falló polémico desató un escándalo en la Policía Bonaerense. Es que la Justicia Federal rechazó el decomiso de tres autos de alta gama que habían sido secuestrados en operativos contra narcos y eran usados por las fuerzas de seguridad provincial. Pese a que los jueces condenaron por tenencia de drogas al propietario de esos vehículos, argumentaron que en el proceso no se pudo comprobar que los compraron con dinero de esa actividad ilegal y entonces negaron el pedido de confiscación.

Se trata de dos autos Mercedes Benz C200 Kompressor y un Peugeot RCZ, los cuales la Bonaerense usó como patrulleros meses después que se realizaron las detenciones, en varios domicilios de Quilmes, en noviembre de 2017.

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Las autoridades de entonces -el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y el jefe de la Policía, Fabían Perroni- anunciaron que esos “bienes secuestrados a los narcotraficantes” serían “usados para prevenir el delito en la Provincia”.

Sin embargo, con este fallo, el Estado bonaerense deberá devolver los autos lujosos a sus propietarios, quienes fueron condenados por tenencia de más de 40 kilos de cocaína.

Los condenados son Hugo Alberto Rivas y Justo Jaime Rosado González, quienes “entre el mes de octubre de 2016 y el 27 de noviembre de 2017 integraron una organización dedicada a la venta de estupefacientes”. Ellos fueron condenados a 5 años de prisión en un juicio oral que terminó hace un mes. También integraría la banda Ariel Umili, aún prófugo.

Rivas tenía, además, una concesionaria de autos en Quilmes. Los coches de alta gama se los secuestraron en el procedimiento que dirigió la Bonaerense por orden del juez provincial Juan Pablo Massi, quien ahora está suspendido en su cargo. Pero por el volumen de la droga encontrada pasó a los tribunales Federales.

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A Rosado González también le incautaron un vehículo, pero no fue derivado para uso de la policía. Según dijo Gustavo Galasso, su abogado defensor este hombre fue condenado “porque lo encontraron en la casa donde estaba la droga. No había sido investigado previamente”. Se sospecha que el cargamento pertenecía al prófugo. Por el momento, nada de eso está comprobado.

Con todo este panorama, y con los vehículos siendo usados como patrulleros, los jueces del tribunal oral que llevaron adelante el juicio -a Nicolas Toselli, Ricardo Basílico y Nelson Javier Jarazzo- argumentaron que los narcos fueron condenados por “tenencia de drogas para su comercialización”. Entonces, sostienen los magistrados, “los vehículos no fueron instrumento ni ámbito de delito. Tampoco puede sostenerse que los bienes cuyo decomiso se requiere hayan sido el producto del comportamiento acreditado”.

Dicho en palabras más comprensibles: los autos no pueden ser decomisados porque no los compraron con la venta de la droga que secuestró la policía. Justamente, porque todavía no la habían vendido.

“En este proceso hubo un error de la acusación: no se preocupó por comprobar la existencia de una organización dedicada a la venta de drogas. No constató una asociación ilícita que pudiera sostener que con el resultado de esa actividad fuera de la ley hubieran comprado esos y otros bienes”, explicaron fuentes judiciales. El encargado de la acusación fue el fiscal de juicio, Hernán Schapiro.

El caso de los autos de lujo usados por la Bonaerense tiene otros condimentos inverosímiles. En noviembre de 2018 el Peugeot RCZ que era un “patrullero recuperado del narcotráfico” quedó semi destrozado por una carambola vial. Ocurrió un choque entre dos autos en la autopista La Plata-Buenos Aires y uno de ellos terminó contra el Peugeot, estacionado en un retén policial.

Desde entonces está arrumbado en uno de los tantos talleres donde la bonaerense repara sus patrullas. A los Mercedes C200 les deberán sacar los ploters que los identifican como móviles policiales y quedarán a resguardo de la Justicia Federal.

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