La basura de las petroleras

En 2018, a la vez que se reactivaron las inversiones tras dos años de sequía, resurgió una discusión que se mantuvo en las sombras por años respecto de la contaminación ambiental generada por la actividad petrolera. En ese contexto, ayer se conoció el primer allanamiento encabezado por la flamante Fiscalía de Delitos Ambientales, que está a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid.

La medida se desarrolló en una empresa radicada en Añelo para prestar servicios a la petroleras ocupadas en la producción de gas y petróleo en la zona más rica de Vaca Muerta. La empresa allanada posee una planta de tratamiento de residuos petroleros mediante la incineración. La denuncia que motivó la actuación judicial es promovida por una comunidad que se reivindica originaria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La investigación recién empieza, pero el fiscal a cargo ya detectó una irregularidad inexplicable: a menos de cinco kilómetros de la incineración de basura petrolera existe una población, algo que no está permitido. Para colmo, en las casas cercanas al tratamiento de los deshechos de las petroleras no disponen de agua potable. Esta situación sorprendió al fiscal y a sus auxiliares.

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La Fiscalía Ambiental debutó con un allanamiento a una planta de residuos petroleros de Vaca Muerta.

Breide Obeid inició la investigación sobre la planta de residuos cuando aún no se acallaban las repercusiones por una serie de incidentes en los yacimientos que tuvo a YPF como protagonista excluyente. La contaminación originada en la actividad petrolera pasó a las primeras planas de los diarios nacionales luego del derrame ocurrido el 19 de octubre en el yacimiento Bandurria Sur, adonde se impregnaron con líquidos contaminantes más de 40 hectáreas.

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