La lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es uno de los principales ejes que busca imponer el gobierno nacional camino a las elecciones nacionales de octubre, previo “bocadillo” en las PASO de agosto. En ese plan, además de intentar avanzar en la tan prometida reforma del Código Penal, se intenta avanzar en el proyecto de bajar la edad de imputabilidad para delitos graves, teniendo en cuenta que los autores de delitos son cada vez más jóvenes. Y en ese plan de eruditos, en lugar de hacer un mea culpa sobre el fracaso de la política sociocultural, prima la gestión represiva, para lo cual la cárcel es la única solución.
Desde que se baraja la iniciativa, numerosas voces se alzaron en contra, tanto las vinculadas a la justicia como aquellas cercanas a las organizaciones sociales. Y no faltará quien diga “son unos malditos garantistas que apañan el malvivir”.
Un nene de 8 entró a robar una joyería con un arma de juguete. El tema de bajar la edad de imputabilidad está latente.
No obstante, está comprobado que ingresar al sistema carcelario -antes o después- no es una solución ni permite la adecuada o comentada “reinserción social”, una utopía que ha guiado cada una de las gestiones en los servicios penitenciarios del país.
“Si un niño comete un delito es porque el Estado estuvo ausente. Entonces, antes de plantear una respuesta represiva, lo que debemos debatir son qué políticas públicas no estamos instrumentado para darle las herramientas a ese niño para que su horizonte sea más amplio”, dijo el titular del Ministerio Público de la Defensa de Neuquén, Ricardo Cancela.
Según una encuesta reciente, la inseguridad es el cuarto tema de preocupación para los argentinos. El principal son la inflación y la economía. Y todo va de la mano.


