Un edificio con cocheras inutilizables y departamentos más chicos: condenaron a una desarrolladora en Neuquén

Un fallo judicial puso en el centro de la escena a una desarrolladora inmobiliaria de Neuquén por la entrega de un edificio con serias deficiencias estructurales, cocheras inutilizables y departamentos más pequeños de lo prometido en los contratos de compra-venta. La sentencia ordenó finalizar las obras pendientes y, además, indemnizar a los propietarios afectados.

La resolución fue dictada por el juez civil Martín Peliquero y alcanzó no solo a las empresas involucradas en el emprendimiento ubicado en la esquina de Illia y Alderete, sino también a integrantes de la familia vinculada a la constructora. El magistrado consideró probado que existió un “trasvasamiento societario”, es decir, un cambio de razón social para continuar la actividad empresarial pese a los incumplimientos acumulados.

Los compradores habían adquirido departamentos y cocheras “en pozo”, una modalidad en la que las unidades se compran antes de que la obra esté terminada. Sin embargo, la entrega definitiva estuvo marcada por años de retrasos y múltiples problemas.

Según se acreditó en el expediente, la escrituración demoró 41 meses y, cuando los damnificados iniciaron la demanda judicial —75 meses después—, el edificio todavía no contaba con certificado final de obra municipal.

Un edificio sin servicios y con graves fallas

En la sentencia, el juez dio por probado que el edificio fue entregado en condiciones deficientes y sin los servicios esenciales para ser habitado correctamente.

De acuerdo a la pericia de ingeniería civil incorporada a la causa, el inmueble presentaba importantes problemas: no tenía luz, agua ni gas al momento de la entrega y tampoco funcionaba el ascensor. A eso se sumaban grietas en paredes, filtraciones y deficiencias en el sistema de prevención de incendios.

Edificio Calle Illia y Alderete (1)

Maria Isabel Sanchez

Uno de los puntos más cuestionados fueron las cocheras. El edificio había sido comercializado con espacios para estacionar vehículos en un primer piso, pero el sistema de montacoches nunca fue instalado. Como consecuencia, gran parte de las cocheras quedaron directamente inaccesibles.

El fallo detalló además que varias cocheras originalmente previstas en planta baja fueron reconvertidas en locales comerciales, lo que agravó aún más la situación para quienes habían comprado esos espacios.

Edificio Calle Illia y Alderete (3)

Maria Isabel Sanchez

Actualmente, según la pericia, el edificio todavía presenta múltiples problemas: falta de medidores eléctricos individuales, deficiencias en seguridad contra incendios, patologías constructivas internas y externas y distintos trabajos de terminación pendientes.

Para el magistrado, la desarrolladora incumplió una obligación central: entregar las unidades en condiciones normales de habitabilidad y seguridad. “Los departamentos fueron escriturados pese a que el edificio no podía utilizarse de manera apropiada”, sostuvo Peliquero en la sentencia.

Departamentos hasta un 20% más chicos

Otro de los aspectos centrales del fallo estuvo relacionado con la superficie real de las unidades entregadas. El juez consideró acreditado que varios departamentos tenían entre un 16 y un 20 por ciento menos de metros cuadrados respecto de lo prometido en los boletos de compra-venta.

Como ejemplo, mencionó una unidad que había sido vendida con una superficie de 52,70 metros cuadrados, pero finalmente fue escriturada con apenas 42,46 metros cuadrados.

Esa diferencia fue considerada un incumplimiento contractual relevante y dio lugar a indemnizaciones económicas para los compradores afectados.

El cambio de empresa no evitó la responsabilidad

Durante el proceso judicial también se analizó qué ocurrió con las empresas encargadas del emprendimiento. El juez concluyó que, aunque la firma original abandonó la obra y otra sociedad continuó con el proyecto, existía una continuidad “material, operativa y funcional” entre ambas.

Según la sentencia, las negociaciones seguían siendo dirigidas por integrantes del mismo grupo familiar y personas vinculadas entre sí.

Por eso, el fallo extendió la responsabilidad tanto a las dos firmas como a miembros de la familia involucrada.

El magistrado sostuvo que, frente al creciente número de reclamos y al estado de incumplimiento de la obra, la empresa original habría dejado el emprendimiento para continuar operando mediante otra sociedad conformada por familiares y allegados.

Qué resolvió la Justicia

La sentencia ordenó a las empresas y a las personas condenadas iniciar las tareas necesarias para finalizar el edificio y obtener el certificado final de obra municipal.

Además, reconoció indemnizaciones para los propietarios por distintos conceptos: la imposibilidad de usar adecuadamente las unidades y las cocheras, las diferencias de superficie y las demoras registradas en la entrega.

Sin embargo, el juez rechazó el pedido de daño punitivo solicitado por los demandantes. Consideró que hubo incumplimientos graves, pero entendió que no se acreditaron maniobras dolosas suficientes como para aplicar una sanción civil adicional.