La economía en tiempos de Martínez de Hoz

Por Nora Díaz *

Muchas veces se alude a que el plan de la dictadura militar tuvo una complicidad civil, y esto ha dado lugar al juzgamiento del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. En realidad, la historia económica (estrechamente ligada a los procesos sociales) parece demostrar que la relación es inversa: los grupos de poder económico implementan los medios necesarios para mantener o retomar el status quo al cual se aferran. De esta manera, podríamos relatar que las fuerzas armadas fueron cómplices de un grupo de poder e hicieron lo necesario para sustentarlo.
La tarea de los gobiernos militares fue muy basta: desarmar la estructura social, desorganizar, atemorizar y disciplinar al movimiento obrero y a quienes sostenían ideales de una patria socialista.
El eje de la política oficial pasó por direccionar el accionar estatal al servicio de los grupos económicos dominantes. Como señala Martín Schorr en “La industria argentina entre 1976 y 1989”, esa política les posibilitó a las corporaciones el aprovechamiento de un amplio abanico de beneficios: exenciones ligadas a la promoción industrial, sobreprecios en las compras estatales, bajas tarifas debido al atraso tarifario de las empresas públicas y la estatización y/o licuación de la deuda privada. Así, la dictadura modificó el paradigma vigente en materia de regulación estatal de las relaciones económicas y sociales. Los modos de intervención del Estado que regían en el modelo industrializador fueron abruptamente suprimidos de acuerdo con la concepción liberal del equipo económico. 
Bajo la “excusa” del problema inflacionario, la política de estabilización llevada a cabo por Martínez de Hoz consistió en predeterminar una escala de devaluaciones a tasa creciente (la famosa “tablita”), de forma tal de eliminar la incertidumbre cambiaria en los agentes económicos. Pero la inflación interna, en parte por simple inercia, fue superior a la devaluación prevista en la “tablita”, lo que llevó a un atraso cambiario que, unido a la apertura externa de la economía, incrementó las importaciones y produjo un fuerte déficit de la balanza comercial. Para cubrirlo y asegurarse un flujo permanente de capitales, la tasa de interés local fue mayor que la internacional. Entre 1979 y 1980 se podían hacer diferencias entre el 40 y el 50% anual en dólares tomando préstamos en el mercado internacional y depositándolos en el sector financiero interno que, además, gozaba de garantía estatal. Muchas empresas contrajeron deudas privadas cuyos montos fueron colocados en este sistema tristemente conocido como “la bicicleta financiera”.

Reforma
Por otra parte, la reforma financiera tuvo un papel determinante sobre el conjunto de la economía, ya que la liberación de los movimientos de fondos y de las tasas de interés modificó drásticamente las condiciones de rentabilidad de los distintos sectores económicos, afectando en forma negativa a las actividades productivas, incentivando la valorización especulativa y produciendo la hipertrofia del sector: entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de 1.197 sucursales financieras, mientras el PBI per cápita se encontraba virtualmente estancado (1).
El resultado fue un profundo cambio en el comportamiento de las empresas industriales, arrastradas por una lógica de corto plazo, en la que los aspectos financieros predominaban sobre los productivos, afectando las decisiones en materia de inversión en bienes de capital y de creación e incorporación de innovaciones tecnológicas. De esta manera, las plantas industriales se compraban y se vendían como parte de la especulación, dando lugar a que muchas empresas cambiaran de dueño reiteradamente en un tiempo reducido.
Los costos financieros llegaron a superar a los salarios y, finalmente, el endeudamiento era mayor al patrimonio de las empresas, que terminaban cerrando sus puertas o reclamando un salvataje por parte del Estado.
La combinación de la liberalización del mercado financiero, la apertura externa y el atraso cambiario redundó en un claro proceso de desindustrialización: en diez años se redujo en términos absolutos la cantidad de establecimientos industriales, así como de personal ocupado en el sector y el PBI industrial sufrió una contracción del 10,6% en el mismo lapso (2). La reforma financiera sentó las bases de la llamada “patria financiera”: a partir de este momento la economía real quedó subordinada a la actividad financiera.
Por otra parte, se presentó un proceso de sustitución de producción, como fenómeno contrapuesto a la sustitución de importaciones. Muchas empresas comenzaron a reducir la cantidad de insumos de fabricación local, reemplazándolos por componentes importados.
De esa manera, entre 1976 y 1983 se fueron consolidando dos claras tendencias. Desde el punto de vista de la estructura de los mercados, se produjo un acentuado proceso de concentración, que puede observarse tanto en el interior de las distintas ramas productivas como en el incremento de la participación de las ramas más concentradas, en especial la producción de insumos intermedios.

El impacto provincial
A nivel provincial, durante el gobierno del general Domingo Trimarco, las políticas provinciales gozaron de cierta continuidad: el Copade siguió realizando diagnósticos de la realidad local y elaborando proyectos como ente dependiente del Ejecutivo. Si bien se incorporaron técnicos y profesionales afines al nuevo régimen, la mayoría del plantel permanente provenía de la gestión anterior.
Se prosigue con el planteo en torno al aprovechamiento del potencial de recursos naturales para la generación de energía, sumando además la idea de desarrollar el interior de la provincia, en especial de las zonas de frontera, para asegurar la soberanía nacional en la región cordillerana. En cuanto al sector hidrocarburífero, no fue objetivo de la dictadura aumentar la producción de petróleo ni incrementar las tareas de exploración. Las concesiones al sector privado pasaron del 25% en 1976 al 40% en 1980. Entre las empresas beneficiadas están Pérez Companc, Socma, Desaci, Bridas, Techint y Tauro, con subsidios encubiertos en los contratos, hecho que se observa en la diferencia de precios de compra de YPF a contratistas y precios de venta a destilerías. Comenzaba el deterioro de la empresa estatal que concluiría con su privatización en los '90. De hecho, la privatización de las empresas estatales y del régimen previsional y la acentuación de los procesos de liberalización económico-financiero llevados adelante durante la década del noventa completaron ese proceso iniciado en 1976.
A diez años de la implementación de un modelo económico que recuperó las capacidades estatales de orientar la política económica hacia el fortalecimiento de la industria nacional y el desarrollo social, preocupan algunos “déjà vu”: el fuerte acento en la crítica hacia el problema de la inflación y el crecimiento de la especulación en el mercado de divisas, seguramente fogoneado con un objetivo concreto. ¿Alguna vez seremos capaces los argentinos de aprender de nuestra historia?

* Licenciada en Economía. Especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas. Docente e investigadora de la Facultad de Economía, Universidad Nacional del Comahue.
(1) Palacio Deheza, C. (1981), pág. 151, tomado de Rapoport, Mario y colaboradores, Op. Cit.
(2) Según datos de los censos económicos de 1974 y 1984.