La Justicia decretó la quiebra de Interlagos y los 84 trabajadores quedaron en la calle

La Justicia rechazó dar más tiempo para un salvataje de la empresa.

La Justicia decretó ayer la quiebra de la empresa Embotelladora Comahue, un emblema de la industria local y propiedad hasta este momento del conocido empresario Néstor García. Tras casi 54 años de existencia, la fábrica, que trabajó durante mucho tiempo en la órbita de Pepsi Cola y luego elaboró su propia línea de gaseosas, la popular Interlagos, llega a su fin.

La decisión fue adoptada por el juez civil Diego de Vergilio, quien consideró que el último pedido de prórroga de 15 días formulado por la empresa Vanberg para poder acreditar su interés en adquirir la firma cipoleña ya no podía ser aceptado. Por ende, rechazó la solicitud y avanzó en los pasos estipulados por la ley para que los acreedores y perjudicados por la crisis empresaria obtengan una reparación.

Embotelladora Comahue detuvo su producción en marzo, hace ya seis meses, al iniciar los trabajadores un paro por tiempo indeterminado debido a que les adeudaban varios meses de salarios de 2017, el aguinaldo y los haberes de enero y febrero. La situación de crisis venía hace varios años, pero se había capeado a duras penas el temporal. Sin embargo, los problemas para sostener la actividad se fueron agudizando y los intentos de salvataje se tornaron a la larga imposibles. Ahora, 84 empleados y sus familias se quedan en la calle.

En su resolución, el juez repasa que en la requisitoria de Varberg existe insuficiencia de información y anota que el monto total verificado para ciertos acreedores asciende a $33.115.857, mientras que las conformidades acreditadas importan un monto de capital de $13.764816 (un 42% del total). Además, refiere que faltan precisiones sobre otros reclamos. En síntesis, no se completaron todas las pautas exigidas.

Por todo ello, dispone la quiebra de la firma, mantiene en su cargo al síndico Jorge Horacio Schlichter, hoy también contralor municipal, y ordena la constatación, inventario y secuestro de la sede de la empresa, ubicada en Ruta 22 y Toschi.

84 trabajadores se quedan sin su fuente laboral.

Los operarios de la fábrica de gaseosas están con medidas de fuerza hace meses. Ahora tendrán que luchar para cobrar sus haberes adeudados y por las indemnizaciones.

Prohibiciones y comunicaciones

El juez civil Diego de Vergilio ordenó que se prohíba la salida del país al representante legal de la empresa hasta marzo de 2019, y libró oficio al Ministerio del Interior para que disponga las medidas correspondientes. Además, intimó a que se entreguen los libros de comercio y demás documentación empresaria y determinó la realización de los bienes por un enajenador, para lo que habrá una audiencia el miércoles 19. Por otro lado, se comunicará al Banco Central de la Argentina la situación de la firma para que, a su vez, lo informe a los demás bancos.

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