Leyes muertas: las votaron, pero nunca tuvieron efecto

Es el caso de la legislación ambiental y sobre el uso de la marihuana.

Francisco Carnese

carnesef@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- No siempre la sanción de una norma implica su puesta en funcionamiento. Algo de eso ocurre en la provincia de Neuquén respecto de muchas leyes que en su momento generaron largos debates, extensos tratamientos en comisión, que llegaron al recinto y luego se aprobaron, pero que hoy no se aplican. Entre ellas está la de Alerta Hídrico Ambiental, que se creó para controlar la contaminación de los ríos, la del uso medicinal del cannabis y la que establece la creación de un fondo de 15 millones de pesos para dar cobertura social a los bomberos voluntarios, con un aporte mensual por antigüedad.

En todos estos casos, la falta de reglamentación de parte del gobierno provincial hace que estas normativas no se apliquen, pese a que algunas ya llevan más de un año desde su sanción. Es el caso de la ley 3042, aprobada en diciembre de 2016, que incorpora al sistema público de salud de la provincia el uso del cannabis para el tratamiento de los síndromes de West, Dravet, Lennox-Gastaut y de otras patologías. También establece la cobertura por parte del ISSN y la suscripción de convenios con los efectores del Sistema Público de Salud, laboratorios públicos provinciales, universidades nacionales con sede en la provincia, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y otros organismos nacionales para realizar investigaciones sobre la utilización de este producto de modo medicinal.

“En su momento trabajamos en el decreto para la reglamentación. Se convocó a los representantes del Colegio Farmacéutico, a médicos del hospital Castro Rendón y a los cannabicultores. Esto se consensuó, pero todavía estamos esperando que el ministro de Salud firme ese decreto de reglamentación. En realidad, ni siquiera hubo una devolución de este trabajo”, indicó Santiago Nogueira, diputado de Libres del Sur y autor del proyecto de ley.

A partir de la detección de valores preocupantes de contaminación en los ríos de la provincia, especialmente en el Limay, el año pasado se presentaron distintos proyectos de ley que buscaban remediar la situación. Después de meses de discusiones, y tomando una parte de cada una de esas iniciativas impulsadas por diferentes bloques políticos, se llegó a un proyecto de ley unificado que declaró el Alerta Hídrico Ambiental por un plazo de cinco años en todos los cursos y cuerpos de agua existentes en el territorio de la provincia del Neuquén. Se aprobó en junio de 2017. La norma fija la responsabilidad de la provincia y los municipios, crea un comité de alerta para la elaboración de un plan estratégico, destina una partida especial para obras de saneamiento y establece criterios de calidad para que actividades con un potencial contaminante traten sus residuos en forma previa al vertido al sistema. También aclara que para casos de incumplimiento sistemático, al infractor le puede corresponder una acción de tipo penal. Nada de todo esto se hizo porque la ley tampoco fue reglamentada por el Gobierno y el plazo para hacerlo ya venció.

También hay proyectos de ley sobre otras temáticas, como las vinculadas a energía, que permiten a usuarios que utilicen energías renovables inyectar ese producido a la red de distribución eléctrica. La ley, aprobada en junio de 2016, requiere de una reglamentación que fije ciertas pautas técnicas, algo que hasta el momento no sucedió.

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La ley que protege los ríos aún no se puede aplicar

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