Los desalojados de Parque Industrial no bajan los brazos

Pablo Montanaro

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Neuquén.- “Entre todos nos damos aliento, nos decimos que no bajemos los brazos; con el daño que nos han hecho no tenemos que darnos por vencidos”, afirma Mariel Baeza, una de las jóvenes que el martes a la madrugada fue desalojada violentamente por las fuerzas de seguridad de un predio del barrio Parque Industrial que, junto con otras veinte familias, habían ocupado desde el 22 de abril.

La voz de esta joven empleada doméstica de 24 años suena firme en la tarde del viernes frente a la parroquia San Cayetano, donde los desalojados se convocaron para analizar cómo seguir su reclamo a los gobiernos municipal y provincial por una vivienda digna.

Sus rostros reflejan una mezcla de tristeza y tensión por las largas horas que vivieron en ese infierno de balas de goma y gases lacrimógenos. En los monoblocks del barrio aún parecen retumbar las detonaciones de las postas de goma que disparaba la policía.

Aunque ya pasaron por otro desalojo (el 22 de marzo pasado), coinciden en que el del martes no esperaban que fuera con tanta violencia. “Vinieron con las topadoras y camiones volcadores y arrasaron con todo lo que teníamos en las casillas. Perdimos todo”, precisan.

Aclaran que la mayoría de los que ocuparon el predio son parejas jóvenes, con trabajo, “y tenemos la esperanza de pagar en cuotas este pedazo de tierra que lleva más de veinte años abandonado”.

La tristeza desborda los ojos de Carolina, la mamá de un joven de 20 años que ante la falta de una vivienda había decidido tomar el predio donde un cartel indica que es propiedad municipal.

Los desalojados aseguraron que la Policía los persigue cuando caminan por el barrio. “Cuando nos sacaron con violencia, recibimos amenazas: ‘Ya te vamos a agarrar’, nos decían”, señala Mariel.

“Hace mucho tiempo que peleamos por tener una vivienda y ahora la ilusión que teníamos se nos vino abajo”, explica una mujer de 28 años que prefiere no dar su nombre. Cuenta que nunca había participado de una toma pero que la necesidad de una vivienda la llevó a esa “última instancia”. “Me anoté en el IPVU y otros planes, pero nada”, agrega. Trabaja en un comercio, donde le pagan en negro, tiene dos hijos, es madre soltera y después del desalojo debió volver a la casa de sus padres.

“Es un gran esfuerzo estar en una toma, armar la casilla, colocar postes, el nylon, pasar frío por las noches”, describe. Ahora no sabe cómo explicarles a sus hijos, de 7 y 10 años, que esa casilla que con el tiempo podía haberse transformado en una vivienda digna, “la tiraron abajo con una violencia jamás vista”.

El martes, Ezequiel, de 23 años, estaba en la empresa de transporte donde trabaja como repartidor cuando lo llamó su mujer, de 20, avisándole del desalojo. Cuenta que abandonó el trabajo y se sumó a los vecinos que resistían frente a los policías.

“Nos quedamos con lo puesto, nos trataron como si fuéramos delincuentes. Pero vamos a seguir hasta que nos den una solución”, asegura el joven que exhibe las marcas de los perdigones de las balas de goma en el rostro y en el cuerpo.

“Sentí mucha bronca porque, por más que era una casilla armada con palos y nylon, era nuestro lugar”, concluye.

20 fueron las casillas derribadas por las fuerzas de seguridad en el desalojo.

“Sobran tierras y pobres”

“En esta provincia sobran tierras y recursos, pero lo que están sobrando son pobres porque los recursos no están siendo utilizados para los ciudadanos”, afirmó el padre Rubén Capitanio, integrante de la Pastoral Social, quien tiene previsto convocar mañana a una reunión entre vecinos y los gobiernos provincial y municipal para encontrar una solución al conflicto.

“Con este violento desalojo se profundizó el problema y se creó un clima que hay que desarmarlo lo antes posible antes que se enciendan otras cuestiones”, enfatizó Capitanio.

Precisó que “el Municipio debería responderles a los vecinos porque son tierras municipales”. Y sostuvo que la “gente está cansada de los gases, de la policía reprimiendo”.