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Donald Trump firmó un polémico decreto para internar a personas en situación de calle

El presidente de Estados Unidos publicó un extenso decreto que busca rescatar una polémica medida que sirvió para confinar a homosexuales en los años 50.

En una decisión que encendió la alarma de activistas y defensores de derechos civiles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó ¿, de manera sorpresiva, un extenso decreto que habilita la internación obligatoria de personas en situación de calle.

La iniciativa retoma criterios de confinamiento utilizados durante los años 50 para perseguir a personas homosexuales, y autoriza a las autoridades a trasladar forzadamente a los sin techo a centros de tratamiento de salud mental o de adicciones.

Se trata de la restauración del llamado “compromiso civil”, un cuestionado proceso que en los años 50 llevó al confinamiento compulsivo de homosexuales en instituciones de “salud”.

Se calcula que unas 274.000 personas deambulan por las calles de los Estados Unidos, en especial en las grandes ciudades, según datos oficiales de 2024.

Personas en situación de calle, Estados Unidos.
Un holmes en busca de refugio en el metro de Whashington.

Un holmes en busca de refugio en el metro de Whashington.

“La abrumadora mayoría de estas personas son adictas a las drogas, tienen una condición de salud mental o ambas. Casi dos tercios de las personas sin hogar informan haber consumido regularmente drogas duras como metanfetaminas, cocaína u opioides en sus vidas. Una proporción igualmente grande de personas sin hogar informó sufrir condiciones de salud mental”, afirmó Trump en los fundamentos de su iniciativa.

Qué dice el decreto firmado por Donald Trump

La orden ejecutiva firmada por Trump el 24 de este mes pide al fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y decretos que limitan a gobiernos locales y estatales a internar a los “homeless” en centros de tratamiento.

No se trata de internaciones breves. El decreto menciona específicamente confinamiento de “largo plazo”, aunque aclara que los internos recibirán un “trato humano”.

Además, instruyó a los departamentos de Justicia, Salud, Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar las subvenciones federales para los estados y ciudades que “hagan cumplir las prohibiciones” sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas o deambular por las calles.

Personas en situación de calle, Estados Unidos.
Donald Trump quiere remover a las personas sin hogar de las calles e internarlas en centros de recuperación para adictos o de salud Mental.

Donald Trump quiere remover a las personas sin hogar de las calles e internarlas en centros de recuperación para adictos o de salud Mental.

Para financiar su iniciativa, Trump pidió “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de fondos” a fin de “apoyar las actividades de remoción de campamentos en las zonas en las que la seguridad pública está en peligro y los recursos estatales y locales son insuficientes”.

Además, pidió “evaluar los recursos federales para determinar si pueden orientarse a garantizar que los detenidos con enfermedades mentales graves no sean puestos en libertad pública”.

La medida busca “acabar con la delincuencia y el desorden en las calles”.

De qué se trata el “compromiso civil”

El internamiento civil involuntario ha sido muy cuestionado a lo largo de la historia reciente del país.

A mediados del siglo XX se usó como método preventivo para confinar a personas capaces de hacerse daño a sí mismas u a otras personas. Pero en ese combo, según advirtieron activistas de derechos humanos, cayeron grupos vulnerables como LGBTQ+ y personas con discapacidades, en su mayoría afroamericanos.

De hecho, la Asociación Estadounidense de Psiquiatríaconsideró a la “homosexualidad” como un trastorno mental hasta 1973.

Un estudio de 2010, citado por el sitio estadounidense Axios, reveló que más de 500.000 personas fueron internadas en centros de tratamiento de salud mental en la década del ´50. Entonces, las personas con problemas psiquiátricos solían ser encarceladas por vagancia junto con delincuentes. El número se redujo a 30.000 en los años ´90.

Otro informe de 2022, también mencionado por Axios, señaló que los afroamericanos tienen más probabilidades que los estadounidenses blancos de ser internados en forma compulsiva en una institución mental.

Las internaciones involuntarias deben ser ordenadas por un juez, pero los criterios varían en cada uno de los 50 estados de la Unión. Sin embargo, todos coinciden en mencionar enfermedades mentales, discapacidades del desarrollo y problemas de abuso de sustancias que representan un peligro para ellos mismos o los demás.

“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento cívico restablecerá el orden público. Entregar nuestras ciudades y ciudadanos al desorden y al miedo no es compasivo ni con las personas sin hogar ni con los demás ciudadanos. Mi administración adoptará un nuevo enfoque centrado en la protección de la seguridad pública”, dijo Trump en su iniciativa.

El plan de Trump para los “homeless” genera una fuerte polémica

La medida impulsada por Trump cosechó rápidamente detractoresy partidarios de remover de las calles a las personas sin hogar.

Personas en situación de calle, Estados Unidos.
Se calcula que unas 274.000 personas deambulan por las calles de los Estados Unidos.

Se calcula que unas 274.000 personas deambulan por las calles de los Estados Unidos.

Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), alertó que la iniciativa demuestra un “notable desprecio” por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables.

“Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidad. Lo cierto es todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona”, añadió.

Para Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos LGBTQ, “esta orden ejecutiva es un ataque directo a las personas vulnerables que merecen atención y apoyo, no una institucionalización forzada”.

La medida es “particularmente ominosa para la comunidad LGBTQ”, que históricamente fue “sometida a terapias de conversión y otras formas de maltrato severo” de manera involuntaria, alertó.

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