Era amiga de Ashley Biden, hija del presidente de Estados Unidos. La condenaron a un mes de prisión y tres de detención domiciliaria.
La “grieta” política en Estados Unidos entre demócratas y republicanos provocó situaciones sorprendentes, como el caso de Aimee Harris, una mujer que le robó el diario íntimo a Ashley Biden, la hija del presidente demócrata, Joe Biden, para venderlo a la oposición de derecha.
Lo hizo en el 2020, a pocos días de las elecciones presidenciales, con el fin de afectar la imagen de la familia Biden. Pero la sentencia recién salió esta semana: la condenaron a un mes de prisión y tres meses de detención domiciliaria.
La Justicia consideró que fue un antecedente preocupante porque demostró hasta qué punto la polarización puede llevar a cometer este tipo de delitos. “La conducta de Aimee Harris fue despreciable y, en consecuencia, muy grave", afirmó la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York al dictar la sentencia.
Ashley pasaba en ese momento por una etapa dura de adicciones, y había comenzado un tratamiento para poder dejarlas. La intención de Swain era que se difundiera el hecho para perjudicar al padre, quien finalmente ganó las elecciones.
Esta sentencia se suma a un complejo debate en Estados Unidos sobre la privacidad y los límites éticos en la obtención y difusión de información.
Cómo fue el robo
Ashley, de 42 años, es una mujer que llevó una intensa actividad como trabajadora social. De hecho desarrolló varios programas contra la desigualdad social en Estados Unidos. También tiene una veta comercial, como diseñadora de moda.
Un par de años antes de los comicios de 2020, decidió iniciar un programa para recuperarse de su adicción a las drogas y al alcohol. En su diario íntimo contó detalles de ese proceso.
Antes de internarse en una clínica, guardó sus pertenencias y el diario íntimo en la casa de un amigo en Delray Beach, Florida, donde había vivido hasta el momento.
Ahí entró a jugar Aimee Harris, de 41 años, integrante del grupo de amigas y personas cercanas de Ashley. La mujer buscó y robó el diario íntimo, con toda la intención de perjudicar al candidato demócrata.
Se puso en contacto con un conocido, Robert Kurlander (60), quien ya había tenido un paso por la justicia a causa de fraudes. Juntos comenzaron a ver a quién se lo vendían. Primero recurrieron al equipo de campaña del rival de Biden, Donald Trump, pero la negociación no avanzó.
Luego contactaron a Project Veritas, un grupo de extrema derecha vinculado al expresidente Donald Trump, que se caracteriza por difundir videos manipulados, fake news y teorías conspirativas. Ambos arreglaron el pago de 40.000 dólares, mitad para Aimee y mitad para Robert.
Project Veritas llamó a la propia Ashley para tratar de confirmar, con engaños, que era su diario. Ahí comenzó a intervenir el FBI y la seguridad del candidato presidencial.
La caída de Aimee
La investigación demostró que Harris no sólo esperaba beneficiarse de la venta del diario al grupo de derecha, sino también perjudicar las posibilidades de Biden de derrotar a Trump.
"Robar pertenencias personales de un familiar de un candidato y venderlas a una organización para explotarlas con fines políticos fue incorrecto e ilegal, sin importar la agenda política", dijeron los fiscales en un memorando de sentencia. "Esta conducta criminal no sólo daña a la víctima, sino que busca socavar el proceso político", agregaron.
Antes las pruebas obtenidas por el FBI –entre ellas mensajes de Whatsapp- Harris y Kurlander admitieron su culpabilidad.
Harris se mostró abrumada por la situación y entró en un fuerte declive personal. Retrasó las audiencias en los tribunales aduciendo que tenía problemas con el cuidado de sus hijos y que estaba enferma.
En el pico del caso, a fines de 2022, Harris fue arrestada porque conducía alcoholizada. También había dado positivo por consumo de marihuana.
Al final del juicio, visiblemente afectada, pidió disculpas públicamente a Ashley Biden y a su familia, lamentando los efectos de sus acciones.
El caso de Aimee Harris sienta un precedente en Estados Unidos sobre la seguridad de la información personal, pero también sobre los niveles éticos en la política.
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