El régimen echó a la misión de la ONU del país. En lo que va del año ya detuvieron a casi 40 críticos y opositores.
Pedido de Amnistía Internacional sobre Rocío San Miguel.
Rocío San Miguel antes de ser detenida.
El famoso centro de detención del SEBIN, conocido como Helicóide en Venezuela
El régimen de Nicolás Maduro quebró las negociaciones políticas iniciadas el año pasado y volvió a sembrar el terror en Venezuela con una ola de arrestos de personas críticas y opositoras al gobierno.
Además, en otra decisión de alto impacto, expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, y del dio 72 horas a su personal para abandonar el territorio venezolano.
El país ingresó nuevamente en una etapa de represión y persecución, cuando aún perdura la promesa de realizar este año elecciones libres y abiertas que permitan retornar a la democracia.
En lo que va del año los servicios de seguridad del régimen detuvieron a casi 40 personas, entre ellos militares y civiles, a quienes acusó de estar detrás de un supuesto complot contra el gobierno. Un método al que recurre permanentemente cuando las críticas suben de tono.
La expulsión de la ONU
Maduro tomó la decisión de expulsar a la misión de las Naciones Unidas luego de que sus autoridades emitieran un comunicado donde expresaban una “profunda preocupación” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica del gobierno y acusada de “terrorismo”.
El canciller del régimen venezolano, Yvan Gil, dijo que habían decidido expulsarlos “debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
El funcionario agregó que el gobierno ordenó, además, “que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas”.
La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se había instalado en Venezuela en 2019, de la mano de la entonces expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien había emitido un informe crítico sobre el país.
Ola de arrestos
En el último mes recrudeció la ola de detenciones a activistas y a críticos del gobierno de Venezuela, agudizando el conflicto político.
El caso más grave es el de Rocío San Miguel, una abogada y activista de derechos humanos, que los servicios de inteligencia aprehendieron la semana pasada en el aeropuerto de Caracas.
El fiscal general del Estado, Tarek William Saab, la acusó de participar en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente venezolano. Los cargos son de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
No sólo la aislaron y evitaron que se comunicara con sus abogados y familiares, sino que la enviaron al temido centro de torturas conocido como el Helicóide, donde opera el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
También apresaron a su hija, dos de sus hermanos y su exmarido. Esta semana excarcelaron a cuatro de ellos, pero con la prohibición de salir del país o declarar a los medios y con la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.
En cambio, Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, sigue detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El supuesto complot
Varias organizaciones de derechos humanos venezolanas denunciaron que estas detenciones están dentro de un “patrón de persecución política" que se intensificó en las últimas semanas.
En lo que va del 2024, el régimen de Maduro ordenó la detención de 36 personas, a las que hay que sumar a Rocío San Miguel y su ex pareja.
El gobierno sostiene que todos los arrestos tienen que ver con una conspiración e intento de magnicidio denominado “Brazalete Blanco”.
El objetivo de los conspiradores, señala, era “atentar en contra de la vida del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios.
Cada cierto tiempo el régimen lanza estas acusaciones de complot con el fin de justificar la persecución y detención de críticos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó la acusación de la fiscalía y manifestó que “no existen garantías procesales ni derechos humanos para los detenidos”.
Óscar Murillo, director de la ONG Provea, le dijo a BBC Mundo que “hay una espiral de abusos que no termina y parece agravarse con el tiempo. Parece que el gobierno quiere distraer en este momento a la opinión pública ante la incertidumbre que conlleva el panorama electoral”.
Elecciones sin fecha
La ola de detenciones se produce en el marco de un año en el que se espera que se celebren elecciones presidenciales. Pero la convocatoria aún no tiene fecha.
Además, ocurre en medio de unas frustradas negociaciones sostenidas en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición para que los comicios se celebren de manera libre y justa.
Estados Unidos y las potencias europeas dieron su aval a estas conversaciones con el objetivo de salir del estancamiento en Venezuela. Pero cuando se creía que podían avanzar, Maduro da estos nuevos golpes contra la oposición.
Una de las medidas fue inhabilitar a la candidata opositora María Corina Machado, quien estaba arriba en los sondeos electorales.
Estados Unidos, en tanto, había relajado las sanciones contra Venezuela para facilitar estas negociaciones, pero luego las volvió a endurecer porque no hubo avances.
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