Nahueve: presentaron nuevo amparo ante el avance en la construcción de la represa

Tras la denuncia de la familia Sepúlveda por la usurpación de sus tierras, de la que el juez Choco de Chos Malal aún no se expidió, se presentó un nuevo recurso de amparo que busca suspender las obras y el impacto ambiental en la zona.

“Presentamos un recurso de amparo para proteger las tierras de Sepúlveda en reclamo por el avance de la empresa Rovella Carranza y el ADI (Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén) para que se suspenda la obra por los daños ambientales ocasionados”, indicó la abogada patrocinante de la familia, Gisela Moreira.

Se trata de las tierras ubicadas en el lote 32 de la familia de Héctor Valdemar Sepúlveda que habita desde 1940. Según indicó la letrada, la familia no cuenta con el título de propiedad, sino con una tenencia que resultó de un decreto firmado por el gobernador Omar Gutiérrez en 2016.

Esta medida cuenta con la adhesión de Asambleas del Agua del Norte Neuquino (AANN), de la Asamblea por los Ríos Libres, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua Neuquén (APCA), de la Asamblea Socioambiental de Plottier (ASAP), de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes (ASA SMA), y de la Asamblea Popular Zapala en defensa del Agua y el Acuífero (APZA).

Moreira señaló que el año pasado se presentó un amparo ambiental colectivo que instaba a la suspensión de la obra, al cese de la usurpación de las tierras de la familia Sepúlveda y del daño ambiental de parte de la empresa, a la realización de un estudio de impacto ambiental, y a la consulta de los vecinos mediante una audiencia pública.

La abogada sostuvo que “la obra sigue avanzando, se sigue produciendo un daño ambiental, se arroja aceite en el agua con el uso de generadores, además de la modificación de las costas del río y la rotura de alambrados de la familia”.

Por esa razón, se presentó una medida de no innovar para que no se modifiquen las tierras del lote 32. “No hubo una consulta popular. Presentaron un acta de unas 15 firmas apenas legible que da cuenta que asistieron a una convocatoria, pero que no se manifiesta que hayan estado de acuerdo con la construcción de la represa”, agregó.

Respecto a la orden del fiscal de Chos Malal Fernando Fuentes del 14 de octubre del año pasado, Moreira dijo que “María, hermana de Héctor Sepúlveda, denunció que había gente dentro de sus tierras, desconociendo que eran personas de las asambleas que estaban apoyando el reclamo. Después se retractó, pero la represión ya había acontecido. Desistió de la denuncia y la causa quedó nula”, explicó.

Sepúlveda recibió la semana pasada una notificación sin firma de la Empresa Rovella Carranza en la que indicaba que se iban a proceder al "corrido provisorio del alambrado", con el fin de concretar la construcción del paredón de cemento sobre el Río Nahueve.

Agregó que a la familia tampoco las compensaron por este avance sobre sus tierras. “Esto tampoco ocurrió. Actúan con impunidad, ocasionando daño ambiental sobre el río. Esperamos que el Juez Choco se expida con celeridad, que haga algo a favor del medioambiente”, agregó.