Aprobaron la regulación del uso de celulares en escuelas: ¿En qué casos se pueden usar?

La Legislatura neuquina aprobó este miércoles dos leyes importantes relacionadas con el funcionamiento del sistema educativo: la regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas (la provincia será la primera del país en implementar esto) y la norma contra la violencia hacia los docentes.

La iniciativa sobre el uso de dispositivos móviles fue impulsada por la diputada Gisselle Stillger del bloque Arriba Neuquén, bajo el argumento de que se busca mejorar la calidad educativa y proteger la salud mental de niños y niñas. “Los celulares interrumpen el aprendizaje, generan distracción, dificultan el vínculo entre docentes y estudiantes, y en muchos casos son vehículo de acoso escolar y exposición no deseada en redes sociales”, expresó la legisladora durante la sesión donde el proyecto se aprobó por 23 votos a favor y uno en contra (de la izquierda).

La ley regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos móviles por parte de los estudiantes en todas las instituciones educación pública y privada.

En su artículo segundo, la norma prohíbe en los niveles inicial y primario el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos móviles por parte de los estudiantes durante la totalidad de la jornada escolar, tanto dentro del aula como en otros espacios del establecimiento, salvo autorización especial de la dirección.

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En qué casos se podrá usar el teléfono

En este sentido, se podrá autorizar “excepcionalmente el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos móviles en el nivel primario con fines estrictamente pedagógicos, siempre que su uso “forme parte de un proyecto didáctico aprobado por el equipo directivo” y que “el proyecto esté documentado con detalle de objetivos, duración, actividades, estrategias de evaluación y uso del dispositivo”, entre otras condiciones.

Para el nivel secundario, los estudiantes podrán utilizar sus teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos móviles “únicamente cuando el docente a cargo lo disponga con fines pedagógicos y siempre que medie una justificación curricular o didáctica. En todos los demás casos, los dispositivos deben permanecer apagados, guardados y fuera de la vista y del alcance inmediato durante el horario de clases en los espacios que el establecimiento designe”.

Contra la violencia a docentes

La iniciativa contra la violencia hacia docentes, que se aprobó por 25 votos a favor, uno en contra (Cumplir) y dos abstenciones (del bloque de la izquierda) fue presentada en su momento por el gremio ATEN y obtuvo algunas modificaciones al pasar por la Comisión de Legislación de Trabajo y Asuntos Laborales.

A grandes rasgos plantea, por un lado, medidas preventivas, donde el Estado provincial, a través del Consejo Provincial de Educación y de los ministerios, debe garantizar un entorno educativo seguro mediante protocolos de actuación ante situaciones de violencia y dispositivos de seguridad física y electrónica en los establecimientos escolares.

También la formación obligatoria en resolución pacífica de conflictos, derechos laborales y convivencia escolar, jornadas institucionales entre las escuelas y la comunidad para fortalecer los lazos comunicativos y de abordaje de la convivencia escolar; junto con espacios de orientación y contención institucional con el asesoramiento de especialistas para abordar situaciones de violencia.

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Sebastián Fariña Petersen

Sanciones

Por el otro, la norma prevé la creación de una comisión interinstitucional para la Prevención de Violencia en el Ámbito Educativo, que estará integrada por el Consejo Provincial de Educación (CPE), el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y gremios docentes legalmente reconocidos.

La Comisión tendrá funciones consultivas y debe proponer políticas públicas, reformas normativas, capacitaciones y estrategias de prevención.

Y también las sanciones. El texto, establece, en su artículo sexto que “será sancionada con multa de entre 1 a 100 jus, trabajo comunitario hasta de 20 jornadas o arresto hasta de 30 días toda persona que ejerza violencia contra un trabajador de la educación en ejercicio de sus funciones”.

A su vez, cuando el daño sea cometido por un agente público provincial o municipal, además de las sanciones mencionadas, podrá aplicarse la suspensión inmediata sin goce de haberes, cesantía en casos de agresión grave, con dictamen fundado e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo hasta de 5 años.