Con una huelga devaluada y la sociedad, en gran parte, en su contra, el gremio docente trata de reconstruir vínculos a través del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia. ganadores y perdedores de una huelga que ya ingresa en su tercer mes.
Desde este lunes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tendrá la responsabilidad de encontrar la puerta que derive en la búsqueda de un entendimiento en el conflicto docente que mantiene paralizada a parte de la educación pública provincial.
Era algo previsible. A falta de buenos interlocutores, alguien tenía que golpear la puerta de los vocales de la corte neuquina, y en esta oportunidad fueron los abogados de la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Mariano Mansilla y Juan Kairuz.
En la distancia y con las primeras horas transcurridas luego de conocida la novedad, la iniciativa se interpreta como la oposición más valedera para que alguien comience a ordenar el desentendimiento de partes que gobiernan el conflicto.
Un gremio atravesado por la desconfianza
Muy cuidadosos, desde ATEN se ocupan en resaltar que fue una decisión con el aval del conjunto de la asociación gremial. No vaya a ser cosa que alguien interprete que hubo una “mano negra” que intenta sacarle protagonismo a la izquierda docente.
Pero lo más llamativo es que desde el mismo sector que representa la izquierda capitalina, el viernes a la noche le decían a este cronista que “lo que le fueron a pedir al TSJ, nosotros se lo ofrecimos como salida al propio gobierno a través de una persona que integra el gabinete”. “Pareciera ser que lo que no vieron con agrado de nuestra parte, ahora, los abogados del gremio, contarían con el beneplácito oficial”. Como se puede entrever, las diferencias internas son irreconciliables, y cada tanto, arrastran al lodo a cuanto funcionario provincial ande merodeando por ahí.
La interna doméstica en el gremio docente y el alto grado de desconfianza imperante llevaron al actual estado de situación. Un paro que ya ingresa en el tercer mes, la sociedad clamando por el regreso a clases y cada vez más volcada en favor de la posición del gobierno provincial.
Los vocales del TSJ y el conflicto
¿Puede el TSJ dar lugar al pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Incentivo a la presencialidad docente? La respuesta es sí. Lo que no significa que finalmente declare la inconstitucionalidad y se vuelque de lleno a la interpretación política del diferendo que enfrenta al gremio docente con el gobierno.
Se podrán sentar las bases para una nueva instancia de diálogo con el TSJ como árbitro, pero no serán los vocales de la corte neuquina los que solucionen la huelga docente.
¿Cómo llega cada uno a esta instancia judicial?
Ya lo dijimos en otras oportunidades. El gobernador, Rolando Figueroa, desde que se desató el conflicto cada semana aumenta su caudal de respaldo de parte de la sociedad. Tuvo picos del 85 por ciento y hoy oscila el 75.
Un capítulo aparte es el de sus colaboradores. Allí hay mucha tela para cortar y será el propio gobernador, el que en su momento hará las evaluaciones respectivas.
El tema docente de cara al conflicto tiene varias aristas y depende con quien uno hable, será la interpretación que se alcance.
En el conjunto del plantel de educadores se percibe cansancio, hartazgo e indignación.
Cansados los que se plegaron al paro y no ven resultados a la vista, pero a la vez están siendo repudiados por sus propios compañeros y compañeras en los establecimientos en donde deberían estar dictando clases.
Hartazgo de una camada nueva de docentes y profesores que se mantienen al margen del acompañamiento a los postulados combativos del sindicalismo, pero que también no logran entender cómo el gobierno no toma medidas inmediatas para normalizar el dictado de clases.
La indignación invade a todos por igual, los padres porque sus hijos ya ven comprometido su ciclo lectivo, los docentes -huelguistas y no huelguistas- porque percibieron los sueldos de agosto y en su gran mayoría se les descontó cada uno de los 15 días de paro. En esta franja se debe mencionar el descontento que hay entre docentes y profesores con los directores de establecimientos que no informaron quienes asistieron a clases y quienes hicieron paro. La inacción de los directivos llevó a que los descuentos también alcanzaran a los educadores que asistieron religiosamente a clases cada día del mes de agosto.
La corte, como salvación de muchos
Pero volviendo al recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados de ATEN, podemos concluir en que es un bálsamo temporal para todo el daño que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes sin clases, ya casi tres meses.
Los vocales del TSJ recién estarán tomando contacto con la presentación, sobre el mediodía de este lunes. Consultamos a un abogado del foro laboral sobre la suerte que puede correr el pedido de ATEN.
Ante la alta sensibilidad manifiesta de los actores en conflicto accedió al diálogo manteniendo su identidad bajo reserva.
El recurso y el ojo de un especialista
“Desde lo técnico jurídico he revisado la ley y a primera vista no muestra ninguna infracción a la Constitución Provincial”, nos comenta. “Es un adicional remunerativo y no bonificable que es lo que ya ha admitido, en otras oportunidades, el TSJ en temas de sueldos públicos”, agregó. “Es un adicional de estímulo al desarrollo profesional docente, aunque el boletín oficial de la Provincia al publicar la ley le pone de título "Presentismo". Para que se acceda a una cautelar de suspensión de ejecución de una ley provincial el agravio constitucional debería ser patente y notorio, lo que no se ve en el texto de la ley, al menos a primera vista”, sentenció el letrado.
Con respecto a la dificultad que se le presentaría, desde lo institucional, al TSJ por el planteo presentado desde ATEN, al respecto dijo “se le está pidiendo que se ponga en rol de legislador negativo, cuando en realidad la Ley objetada fue aprobada por amplia mayoría legislativa. La situación en la que se pretende ubicar al Poder Judicial, es muy extrema”, analizó.
Por último, indicó “desde lo estratégico si los vocales suspendieran la vigencia de la ley, indirectamente le estarían dando la razón al gremio en la causa de sus medidas de fuerza, y de alguna manera podría entenderse que se legitima su proceder, incluso el de Lagunas de no ceder”.
De las palabras de nuestro intérprete legal se desprende que la acción presentada por el gremio ante el TSJ, es más una tabla de salvación para mantener a flote a algunos y hundir a otros tantos. El tiempo dirá quiénes son unos y otros.
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