Denuncian que Indalo todavía funciona en la base con un "taller"

El defensor del pueblo, Ricardo Riva, denunció el incumplimiento de la sentencia judicial que ordenó al municipio el abandono y remediación de la base que albergaba a los colectivos de la empresa Indalo-Autobuses Neuquén, luego de las quejas de vecinos de la zona por ruidos molestos. El organismo aseguró que el lugar continúa funcionando como una especie de "taller", donde se realizan tareas administrativas y hasta de gomería, lavado y engrase.

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo aseguró que en el predio, ubicado en la calle Laprida 7075, todavía se registra actividad y que incluso fue corroborado por la subsecretaría de Comercio de la Municipalidad.

De acuerdo con el informe enviado por dicha área municipal, en el lugar "sigue operando la empresa Indalo, no con las unidades de transporte sino con tareas de gomería, lavadero, engrase y tareas administrativas", precisó el organismo, desde donde denunciaron que, así, "se pone de manifiesto una vez más la falta de control del municipio en el predio, permitiendo que se lleven a cabo actividades que judicialmente fueron prohibidas en el sector".

Por esta razón, Riva hizo una presentación ante en el Juzgado Procesal Administrativo N° 1, donde pidió multar al intendente Mariano Gaido por cada día de incumplimiento de la sentencia. También pidió que se intime a Indalo a cumplir la sentencia y se apliquen astreintes a sus autoridades.

Además, manifestó el cumplimiento parcial del cronograma de riego de las calles circundantes al predio, "lo que perjudica notablemente la calidad de vida de los vecinos del sector".

El origen de la causa

En noviembre de 2019 la Defensoría del Pueblo y vecinos de los barrios lindantes a la base de la empresa de transporte público presentaron un recurso judicial mediante el que se solicitó la relocalización de la base, por el grave daño ambiental y a la calidad de vida de los vecinos que su actividad generaba.

En mayo de 2022 la justicia ordenó el traslado de la base de la empresa Indalo en un plazo de 110 días, fecha estipulada para agosto de 2022. El fallo judicial resaltó entre sus fundamentos que la planta estaba ubicada en una zona no apta para la actividad y afectaba la calidad de vida de sus vecinos, haciendo hincapié en la ilegal excepción del municipio para autorizar la base en el sector. También se ordenó mitigar al máximo el daño ambiental.

En octubre de 2022 Riva denunció una serie de irregularidades en el proceso de desarme de la base, tras una audiencia judicial que se llevó a cabo en el predio, donde se evidenció, por ejemplo, el desguace de las unidades fuera de servicio y el acopio de líquidos contaminantes.