Estafa con planes sociales en Neuquén: cuatro imputados acordaron libertad para implicar a exfuncionarios

La causa por la estafa con planes sociales cierra su etapa de investigación, con varios acuerdos de los acusados para no ir a juicio a cambio de declarar como testigos contra la cúpula de funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

Se investiga una trama de asociación ilícita que en su momento contabilizó una defraudación al estado provincial por 153 millones de pesos con tarjetas de débito y cheques, por más de 3 mil operaciones de extracciones de dinero ilícitas en cajas de ahorro del Banco Provincia de Neuquén (BPN).

El plazo de investigación vence el 29 de septiembre y para esa fecha, los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez podrán elevar la causa a juicio. Algunos de los imputados “colaboraron con la fiscalía”, pese a estar en la trama de esos delitos, y serán sobreseídos para ser testigos durante el juicio oral.

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Pablo Sanz, uno de los imputados de la causa por la estafa de Planes Sociales.

Sebastián Fariña Petersen

La defensa tendrá hasta cinco días para preparar el caso antes de la audiencia de control de la acusación. Así, se estimar que el juicio podría realizarse en un plazo de dos meses más después de esa instancia.

Planes sociales: la trama de la cúpula y los empleados

Dentro de los acusados de mayor jerarquía están el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, a quien le fue negada la prisión domiciliaria que había solicitado por tener más de 70 años; Marcos Osuna quien estaba a cargo de la dirección de Gestión de Programas y Pablo Sanz, en Fiscalización. También está acusado el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler

La fiscalía solicitará el sobreseimiento de cuatro de los 26 imputados para que pasen a declarar como testigos durante el enjuiciamiento. Son testigos clave que conocen cómo fue la dinámica de la asociación delictiva para reclutar beneficiarios de planes sociales, extraer dinero de los cajeros automáticos, el manejo de cheques, y llevar el dinero a otros destinos.

"Para los jefes la pena mínima son cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y la Fiscalía tiene expectativa de lograr condenas más arriba de los cinco años" - fiscal Pablo Vignaroli "Para los jefes la pena mínima son cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y la Fiscalía tiene expectativa de lograr condenas más arriba de los cinco años" - fiscal Pablo Vignaroli

El fiscal Vignaroli, en diálogo con LU5, dijo que pretenden que la acusación de los funcionarios sea antes del 29 de septiembre y que está trabajando para llegar “a una serie de acuerdos con estas personas”.

“Hicimos distintos niveles de participación, los jefes, colaboradoras de los jefes, los que reclutaban beneficiarios y las personas que estaban de cajeros... y los que se beneficiaban con la maniobra”, dijo el fiscal.

Pablo Vignaroli

Sebastián Fariña Petersen

Y acotó que los acuerdos para obtener el sobreseimiento y ser parte de los testigos en el juicio se hicieron con personas que "tenían un rol más instrumental y no de decisión".

"Para los jefes, la pena mínima son cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y la Fiscalía tiene expectativa de lograr condenas arriba de los cinco años, estamos trabajando para poder llegar al juicio y después uno de fijación de pena", explicó. Vignaroli.

Algunos de los imputados “colaboraron con la fiscalía”, pese a estar en la trama de esos delitos, y serán sobreseídos para ser testigos durante el juicio oral.

La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real, con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena, y fraude a la administración pública.

En noviembre de 2023 hubo una reformulación de cargos, se sumaron otros imputados y se fueron más atrás en el tiempo de los hechos, hasta 2020.

Según la teoría del caso que investiga la fiscalía, el delito alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

Soiza: no arregló y espera "disculpas"

Soiza, exdirector de Planes Sociales de la provincia de Neuquén, es un funcionario histórico que pasó por todos los gobiernos provinciales y conoce bien la dinámica de los beneficiarios. En su momento, era el contacto con los grupos de desocupados.

El exfuncionario nunca aceptó un acuerdo con la Fiscalía para obtener una pena menor y pidió a través de su abogado, Esteban Sampayo, el sobreseimiento. Por eso, está en la cárcel con preventiva desde el 10 de julio del año pasado, a quien la Fiscalía propuso 8 años de cárcel efectiva.

Ricardo Soiza audiencia planes sociales

Claudio Espinoza

Soiza se negó a firmar esa “oferta” y a través de su abogado le mandó a decir a los fiscales Narváez y Vignaroli, que es el mismo Ministerio Público Fiscal de Neuquén el que le debe “pedir disculpas”.

“Lo que hacen es acorralarlos y les ofrecen una salida para no ir a la cárcel, tiene que tirar nombres de otros políticos que cobraban, pero la causa es una gran venta de humo”, dijo en su momento su abogado.