Estafa con planes sociales en Neuquén: se sigue postergando la elevación a juicio

El escándalo que desató la gran estafa con planes sociales en esta provincia sumó dos meses más de investigación antes de elevar la causa a juicio oral y público. La decisión no es caprichosa: hay pericias clave que están por terminar, como la apertura de dispositivos electrónicos y algunos informes contables.

Recordemos que la mega causa tiene 27 imputados, tres de ellos con prisión preventiva: Ricardo Soiza (ex director de Planes Sociales), Marcos Osuna (ex Responsable de Gestión de Programas) y Pablo Sanz (ex director de Fiscalización).

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Los imputados por la causa de los planes sociales y el ex funcionario Ricardo Soiza.

Sebastián Fariña Petersen

El fiscal jefe Pablo Vignaroli, acompañado por el equipo de la unidad fiscal de Delitos Económicos, solicitó a la jueza de garantías Estefanía Sauli que disponga una prórroga para concluir la investigación por una serie de estafas en la administración y el cobro de planes sociales otorgados por el Ejecutivo provincial.

Luego de escuchar todos los planeos, la magistrada hizo lugar.

El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal fue por dos meses, en virtud de que, según se anticipó durante la audiencia realizada este jueves, en ese plazo se avanzará con el pedido para avanzar en el requerimiento de apertura a juicio.

Vignaroli intervino en la audiencia junto al fiscal del caso Juan Narvaez y la asistente letrada Tanya Cid, ambos de la fiscalía de Delitos Económicos. Respecto de la prórroga, Cid precisó que, con la extensión solicitada, la investigación que comprendió a más de 30 personas habrá demandado 1 año y diez meses desde su inicio. Argumentó que desde la última prórroga, el 28 de noviembre de 2023, se recibió toda la información bancaria (los últimos informes fueron recepcionados el 2 de julio) y el resto de los informes se ubica en su la etapa final: la pericias caligráficas están en un 95%; la apertura de dispositivos electrónicos, en un 95%; y las pericias contables, en un 90%.

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Frente al planteo de la fiscalía, uno de los defensores pidió que la prórroga fuera mayor, por cuatro meses; mientras que otro de los defensores adelantó que lo hará en un futuro, una vez que la fiscalía concluya la investigación, para analizar la información que se haya producido.

Sin embargo, el fiscal Vignaroli se opuso y adelantó que eventualmente, el Ministerio Público Fiscal también se opondrá ante cualquier pedido de extensiones luego de cerrada la investigación fiscal, porque implicaría dilaciones en el proceso. Argumentó que toda la información que posee la fiscalía está en todo momento a disposición de las defensas. “Incluso se dispuso en la mesa de entradas un servidor exclusivo para esta causa, para que quienes quieran acceder a la información que se va produciendo, puedan hacerlo”, informó el fiscal jefe.

Luego de analizar y desestimar otros pedidos de las defensas, la jueza de garantías hizo lugar a la prórroga que solicitó la fiscalía y la ordenó por dos meses.

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Sebastián Fariña Petersen

Tres detenidos, 27 imputados

La causa tiene sólo tres detenidos con preventiva, las personas con mayor responsabilidad dentro del Ministerio de Desarrollo Social; y cuatro "arrepentidos". Ellos son Javier Vergara, Lucía Soto, Analía Scherer y Paola Zevallos.

Se les dice "arrepentidos" porque aportaron datos de mucho valor en la causa, que en su momento significó una estafa de más de 700 millones de pesos, en el período 2020-2023, por la extracción de dinero de los planes en los cajeros automáticos.

La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022. Ese día se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores.

En noviembre de 2023 hubo una reformulación de cargos, se sumaron otros imputados y se fueron más atrás en el tiempo de los hechos, hasta 2020.

Según la teoría del caso que investiga la fiscalía, el delito alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.