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Estafas con planes sociales: extienden la prisión domiciliaria de Néstor Sanz

En la causa hay 26 personas imputadas y más de nueve mil hechos detectados. El 29 de julio es la fecha límite para la investigación, antes del inicio del juicio.

Uno de los imputados como jefes de la asociación ilícita en la administración de planes sociales de la provincia de Neuquén, seguirá detenido en prisión domiciliaria por 6 meses. Se trata de Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social y el único de los acusados en la causa de las estafas que cumple este tipo de detención.

Durante la audiencia realizada ayer, el fiscal del caso Juan Manuel Narvaez y la asistente letrada de la fiscalía de Delitos Económicos, Tanya Cid, precisaron que la investigación culminará el 29 de julio próximo y que comprende las maniobras desarrolladas entre septiembre de 2020 a julio de 2022.

“Contamos con testigos que merecen ser cautelados y hay que protegerlos para que puedan declarar de manera voluntaria en la etapa de juicio”, argumentó Narvaez ante la jueza de garantías Estefanía Sauli. En ese marco, solicitó que, además de la detención domiciliaria de Sanz, se mantenga el resto de las medidas impuestas: utilizar una tobillera electrónica, controles policiales diarios y prohibición de contacto con coimputados y testigos de la causa. Tras escuchar a las partes y sin oposición de la defensa, la jueza hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía.

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Hay 26 personas imputadas en la causa por las estafas con planes sociales.

Hay 26 personas imputadas en la causa por las estafas con planes sociales.

El ex director general de Gestión de Planes Sociales, Ricardo Soiza; y el responsable de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna, quienes también están imputados como jefes de una asociación ilícita, permanecen en prisión preventiva.

Los otros dos funcionarios que también están señalados con esta participación en el delito son el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler. En estos dos casos, como en el resto de los imputados, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.

La teoría del caso de la fiscalía alcanza a un grupo de 26 personas, entre ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, a quienes se les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, siendo un total de 9.303 hechos en concurso real.

Planes sociales: venció el plazo para los acuerdos

El pasado 30 de abril venció el plazo para que los principales imputados por la asociación ilícita acepten el acuerdo ofrecido por la Fiscalía para no llegar a juicio, junto con las 26 personas imputadas, la mayoría empleados del exministerio de Desarrollo Social.

“Muchos no aceptaron la oferta porque sería mentir, no hay nada en la causa, sólo importa quebrar a los imputados y que señalen a funcionarios más importantes”, dijo a LMNeuquén uno de los defensores en la megacausa.

La fecha límite para la audiencia de control de acusación, instancia previa al inicio del juicio, es el 29 de julio. La Fiscalía trabaja para presentarla un mes antes, a fines de junio, antes de la feria judicial. Los principales imputados rechazaron la oferta y, según confirmó el fiscal Pablo Vignaroli, cuatro imputados aceptaron -a través de sus respectivos abogados- los acuerdos ofrecidos.

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