Estatales que fichan y se van a la casa en Neuquén: la respuesta del ministro Lucas Castelli a Carlos Quintriqueo

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia de Neuquén, Lucas Castelli, hizo declaraciones sobre la situación de los trabajadores estatales que fichan su ingreso en las dependencias y luego regresan a su casa, tras los dichos del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, quien había acusado a las nuevas autoridades "dejar sin funciones" a empleados de trayectoria desde el 10 de diciembre.

"A una gran cantidad de trabajadores que hasta el 10 de diciembre tenían una tarea determinada, una función, hoy no se les están dando tareas, de hecho muchos de ellos marcan en la entrada y la salida, pero no tienen función asignada", había dicho Quintriqueo tras la difusión de las irregularidades en el Ente Provincial de Termas.

En una entrevista radial, el ministro Castelli confirmó que el cambio de gestión generó un reordenamiento de las funciones de cada ministerio y, en ese contexto, estimó que hay unos 80 empleados estatales a los que todavía no se les asignó un rol que aporte a la administración pública.

"Son 80 personas que están viniendo a la mañana y estamos trabajando en encontrarles una función", dijo en relación con las declaraciones de Quintriqueo y los rumores que se multiplicaron en las redes sociales por esos trabajadores que "fichan y se van".

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Los estatales sin funciones

Castelli se negó a calificar a estos empleados estatales como "ñoquis" y agregó que entre ellos se cuentan trabajadores con extensa trayectoria a los que hay que reasignar una función en un contexto de división y reagrupamiento de las carteras del gabinete provincial.

Aunque afirmó que "cualquier persona que cobra un salario del Estado, corresponde que trabaje", explicó que los estatales que fichan y se van no tienen funciones asignadas no por una maniobra intencional de ellos, sino por la falta de una asignación clara de funciones de sus jefes anteriores. "No es culpa del empleado, sino de quién era su jefe", dijo, y agregó que la nueva estructura del gabinete llevó a cambiar las funciones o pasarlas de un ministerio a otro.

Hasta ahora, el caso más difundido de irregularidades en una auditoría se dio en el Ente Provincial de Termas. Sin embargo, Castelli ofreció el ejemplo del ex Ministerio de Desarrollo Social, que funcionaba durante la gestión anterior y fue cerrado bajo el mandato de Figueroa, luego de las denuncias de estafas millonarias que carcomieron su legitimidad.

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Sebastián Fariña Petersen

Así, las funciones que dependían de esa cartera se dividieron ahora a otras estructuras: algunas quedaron bajo la órbita de Castelli y otras pasaron al Ministerio de Gobierno o al de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres. "Este reordenamiento nos llevó a hacer auditoría con personas y ver dónde prestaban funciones", aclaró.

Señaló también que se está realizando un trabajo mancomunado con el área de Recursos Humanos de la Provincia y también con los sindicatos para reasignar funciones de cada uno de estos trabajadores, ya sea en el Ministerio en el que ya trabajaban o en otra cartera, en este contexto de reordenamiento de la estructura gubernamental.

Hay estatales que cobraban planes sociales

Castelli también se refirió a los trabajadores públicos que cobraban planes sociales, tanto provinciales como nacionales, y aclaró que se trabaja en cada caso particular para pedir que devuelvan el dinero y den explicaciones sobre estas irregularidades.

Según detalló, el gobierno de Neuquén ofreció documentación a la Justicia federal para auditar la entrega del plan Progresar. "Son programas que bajaban directo de la administración nacional. Brindamos toda la información correspondiente de la administración pública provincial para que haga el cruce para ver si existían programas sociales que fueran cobrados por empleados públicos provinciales", explicó.

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Sebastián Fariña Petersen

En ese cruce de datos, se detectó que 330 personas que eran empleados públicos de la provincia de Neuquén cobraban ese subsidio. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no van a intervenir en esa situación. "No tenemos el seguimiento porque es un programa nacional y depende de la Justicia Federal", detalló.

Agregó que sí avanzan con la detección de cerca de mil empleados públicos provinciales que cobraban planes sociales provinciales. "Se armaron los expedientes solicitando la devolución del dinero y que justifiquen el por qué", dijo.

"Tuvimos casos de personas que tenían un plan y pasaron a trabajar al Estado, y los pagos se solaparon un mes, ahí no se considera una defraudación", dijo y agregó: "En otros casos no lo pudieron explicar y si se comprueba una defraudación, hay que avanzar con la causa".