Expropiación, reclamo y desalojo: el conflicto con 7500 hectáreas que Provincia no pagó

Los abogados Claudio Sánchez Sopeña y Alberto Musumeci iniciaron un juicio contra el Estado provincial en representación de una familia a la que le expropiaron 7500 hectáreas cercanas a Buta Ranquil, donde convocaron a colonos a instalarse con miras a desarrollar un polo vitivinícola.

La historia data de mediados de la década de los ´70 cuando se concreta la primera ley de expropiación sobre esas tierras. Luego, en 1985 y 1990, se complementa la legislación sobre esa materia que hablaba del desarrollo provincial a través de la invitación a colonos a ocupar esas tierras, ya sea para la agricultura familiar o la cría de ganado.

"A fines de los '90 aparece un proyecto casi mesiánico que hablaba de que, junto con capitales franceses, iban a poner el polo de vitivinicultura más grande de Argentina y a la gente que llevaron la hicieron prepararse para ese gran desarrollo, y esa inversión nunca llegó, pero esas familias se instalaron en estas dos poblaciones cercanas a Buta Ranquil", describió Sánchez Sopeña.

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Las familias que se instalaron en esta zona expropiada por el gobierno provincial buscaban una mejor vida y provenían de poblaciones cercanas.

Pero las leyes de expropiación tienen en cuenta el pago de las tierras a sus dueños originarios, aunque esa parte nunca se concretó. Por eso los propietarios iniciaron un juicio en el que tampoco recibieron respuestas.

Los años siguieron corriendo y el Estado no solo no pagó las tierras expropiadas, sino que años más tarde determinó que ya no las necesitaba y les decía a sus propietarios que las vuelvan a ocupar, aunque allí ya estaban instaladas varias familias, alrededor de unas 400 personas.

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Historia de la expropiación

"En el año 2009 se hace un juicio para obtener del Tribunal de Tasación de la provincia un precio justo y con sorpresa nos encontramos que, por orden del gobernador Jorge Sapag, se declara el abandono de la expropiación. Es decir que la provincia dice que no tiene más interés en quedarse con estas tierras, después de que había tres leyes que decían lo contrario, y deja abandonada a toda esa gente a su suerte. Fueron 10 años de proceso judiciales hasta llegar a la Corte", explicaron los abogados en declaraciones a LU5.

La Corte no accedió al recurso extraordinario que habían presentado los propietarios por lo que quedó consolidada la sentencia que liberaba a la provincia de pagar la indemnización a los propietarios, ya que no tenía más interés en expropiar estos terrenos.

"Y se genera un problema entre particulares, los dueños no quieren estar echando gente, quieren que le paguen la indemnización y que la gente se quede viviendo en ese lugar. Generan un conflicto absolutamente, innecesario. Y que los dueños, sin tener la voluntad de hacerlo, tengan que iniciar una controversia judicial buscando justicia", explicaron.

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Según precisaron los abogados, los dueños de estas tierras cercanas a Buta Ranquil, están radicados en Zapala y hoy esperan que el nuevo Gobierno provincial vuelva a tomar cartas en el asunto y no deje que la situación termine en un desalojo masivo.

"La actitud del Estado del Estado provincial hasta el momento es lamentable, lo que han hecho es lamentable, tanto para el propietario de la tierra como para la gente a la que convocaron a vivir ahí y después abandonaron. Fueron 30 años donde fueron dilatando cuestiones y perjudicaron a todo el mundo, nadie quería llegar a esta situación, pero bueno, fueron fueron 30 años de paciencia y la justicia tardía no es justicia", afirmó Musumeci.

El abogado insistió en que tiene confianza en que el nuevo gobierno provincial analice la situación, para no tener que llegar al desalojho de todas las familias, sino que se le pague a esta familia por sus tierras, y que las otras ya instaladas puedan seguir allí.

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