Funcionarios condenados por la explosión de Aguada San Roque: "Los quieren jubilar y dejar en los laureles"

La tercera jornada por el juicio de cesura a los culpables de la explosión y muerte de la Escuela 144 de Aguada San Roque es la antesala de lo que pretende la querella, con los tres funcionarios que fueron declarados responsables: no quieren que las muertes de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi, queden impunes con penas bajas.

Pero sobre todo, apuntaron a los tres exfuncionarios del gobierno provincia de Obras Públicas, a quienes, para la querella, aún no han sido ni sumariados, luego de afrontar este proceso penal muy complejo. Ya pasaron más de 20 testigos (de los 108 que había en una primera etapa de juzgamiento) y este viernes se sabrá el monto de las penas a cargo de los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo

“Los quieren jubilar y dejar en los laureles”, dijo a LMNeuquén, Emanuel Roa Moreno, uno de los abogados de las familias de las víctimas de las muertes por la explosión el 29 de junio de 2021, en plena pandemia.

La postal aérea tomada ayer demuestra el estado en el que permanece la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión que todavía investiga a fuego lento la Justicia.

La postal aérea demuestra el estado en el que permanece la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión.

Se trata de Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas), Sergio Percat (director de Obras Contratadas), que para los abogados de la querella, el gobierno provincial les ha dado un trato preferencial, respecto a otras acusaciones contra funcionarios y empleados públicos, donde todos los días echan a empleados con certificados truchos o por ñoquis.

Aguada San Roque: funcionarios "sin sumarios" y condenados

Por la parte empresaria, están condenados el director de Arte Construcciones SRL, Héctor Villanueva y el arquitecto Diego Bulgheroni. En tanto que quien era subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, quedó absuelto en la primera etapa del juicio.

¿Cuál es la razón por la que entrones estos tres funcionarios siguen en la función pública? Para los abogados, hay una intención de jubilarlos, ya que fueron funcionales a un sistema en su momento. Casi un debate dentro de lo que hoy sucede en Nación y en el estado provincial: la discusión sobre la "ficha limpia" de los funcionarios públicos y cargos electivos.

“Lo que nos enfocamos hoy, es que llegó el momento de dosificar la cuota de pena sobre cada uno de los condenados, es el momento ea tratar en el juicio es el nivel de reproche que le cabe a cada hecho”, sostuvo Roa Moreno. La querella busca condenas con prisión efectiva, y no en suspenso.

Y acotó: “El daño trasciende a las familias, a la comunidad educativa, a la gente del lugar del hecho. Las conductas de los directores de las escuelas, de facultades que no tiene. Cuando los que te tienen que cuidar no te cuidan, genera toda esa carga”.

Para el abogado, lo que se vive en esta etapa del juicio, donde las familias de la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque son penas de prisión efectiva mayores de 12 años, es un clima de encubrimiento.

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Cinco condenados (menos Roiberto Deza exsubsecretario de Obras Públicas que fue absuelto) esperan las penas esta semana.

ATEN Provincial

“Lo que se evidenció es la protección de los funcionarios, porque en todo este tiempo no se hicieron los sumarios, ni siquiera de los que se declararon penalmente responsables. Los quieren jubilar y dejar ir con laureles, donde claramente hubo negligencia”, indicó Roa Moreno.

Revisar el proceso de la obra pública

El caso de Aguada San Roque fue particular. Se trataba de obra de ampliación de la escuela-albergue, aparentemente menor, en un pueblo alejado en medio de Vaca Muerta y en plena pandemia. Un lugar perfecto que estaba en el radar de los controles. ¿Quién sabía que se estaba ejecutando esa obra? Muy pocos, salvo por los 400 pobladores de ese paraje.

Más allá de que haya una condena, el caso obliga a revisar cómo se están haciendo las cosas en Neuquén, pese a los argumentos aceitados de la defensa de los imputados, apelando a la Ley de Obra Pública y los mecanismos de la burocracia.

“Lo que se evidenció es la protección de los funcionarios, porque en todo este tiempo no se hicieron los sumarios, ni siquiera de los que se declararon penalmente responsables" - Emanuel Roa Moreno abogado querellante. “Lo que se evidenció es la protección de los funcionarios, porque en todo este tiempo no se hicieron los sumarios, ni siquiera de los que se declararon penalmente responsables" - Emanuel Roa Moreno abogado querellante.

El colegio explotó y hubo tres víctimas, entre ellas la docente Mónica Jara que era su primer día de clases presenciales. Se había recibido, no hacía mucho tiempo de docente y tenía una gran expectativa. Era su vocación.

Desde la querella en la que está el gremio ATEN apelaron a que el Estado no cuidó la vida de la comunidad, no arbitró los medios necesarios para evitar la tragedia, que pudo haber sido aún mayo. Una obra con irregularidades, al menos en la última etapa, y con controles laxos y “exceso de confianza” en toda la cadena de responsabilidades. ¿Acaso el sistema no funciona así por defecto? Es una duda si lo que pasó en la escuela aquel 29 de junio de 2021 no es solo la muestra de algo más grande.