Los empleados del Poder Judicial piden una recomposición salarial del 30% y rechazan los acuerdos semestrales. La mesa de negociación será muy cerca de las fiestas.
La situación de los trabajadores judiciales de Neuquén volvió a compliarse tras el anuncio de una nueva demora en las negociaciones entre las partes para definir la pauta salarial del próximo año. El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) trasladó la reunión con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que estaba prevista para esta semana, hacia el próximo martes 23 de diciembre a las 9 de la mañana. Esta decisión coloca la resolución definitiva del conflicto salarial a escasas horas de la celebración de Navidad, un momento de alta sensibilidad para todos los trabajadores del sector.
La nueva convocatoria incluye una cita en las puertas del Tribunal Superior de Justicia para la misma mañana del martes. Ante este panorama, la conducción gremial que encabeza Claudio Salazar organizó una concentración de trabajadores en coincidencia con el inicio del encuentro con los magistrados.
En declaraciones a la prensa, aclaró que el cronograma de protesta contempla la realización de un plenario a las 11 de la mañana para que las bases analicen el resultado de la mesa y definan los pasos a seguir en un cierre de año cargado de tensiones. La postergación de esta instancia paritaria ocurre después de que el Poder Ejecutivo cerrara sus acuerdos salariales con otros gremios de trabajadores públicos, como ATE, UPCN y ATEN.
La historia del conflicto judicial
El conflicto en el ámbito judicial no es reciente y tiene su origen en la falta de respuestas satisfactorias durante todo el mes de diciembre. El sindicato ejecutó un paro de 24 horas días atrás ante la inexistencia de una propuesta económica por parte de la patronal. Salazar manifestó que, a diferencia de lo que ocurrió con otros gremios estatales como ATE, UPCN y Viales, el Poder Judicial no presentó ninguna oferta concreta hasta el momento. La brecha entre los acuerdos que cerró el Poder Ejecutivo con otros sectores y la parálisis en el ámbito de la justicia incrementó el malestar en las oficinas y juzgados de toda la provincia.
La demanda central de Sejun consiste en la recuperación de un piso del 30% del salario. Según los cálculos que difundió el gremio, este porcentaje representa de forma fiel la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron los agentes judiciales en los últimos dos años, que se generó a partir de la devaluación de diciembre de 2023 y los efectos que se extendieron a lo largo de 2024.
Por esta razón, la organización gremial rechaza cualquier esquema de actualización de haberes que se base en períodos semestrales. En su lugar, el pedido irrenunciable es la implementación de un IPC mensual que se ajuste con mayor precisión a la realidad económica que vive la provincia de Neuquén, tal como solicitó el gremio docente ATEN.
La dependencia presupuestaria del TSJ
Además de la cuestión estrictamente salarial, el sindicato retomó un planteo de carácter histórico que se vincula con la autarquía financiera del sector. La dirigencia gremial considera que es necesaria una revisión profunda de la ley actual para que el Poder Judicial gestione sus propios recursos económicos sin tutelas externas. Aunque la justicia neuquina posee un presupuesto propio, su disposición real se encuentra bajo un extenso debate y depende en gran medida de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, lo cual complica la resolución de los ajustes internos y las paritarias
Por otra parte, la conducción de Sejun mantiene la alerta frente a posibles reformas en el ámbito nacional que podrían afectar el financiamiento de los sindicatos y la cuota solidaria, como la reforma laboral. Salazar defendió este recurso como una herramienta fundamental para la vida institucional del gremio. Para el dirigente, es un acto de justicia que quienes se benefician de las mejoras que logra el sindicato en el convenio colectivo de trabajo realicen un aporte para sostener la estructura gremial, sin importar si poseen o no la condición de afiliados.
Mientras tanto, el TSJ ya definió su conformación para el ciclo institucional que se avecina. Gustavo Mazieres recibió el aval unánime de sus pares para continuar en la presidencia del tribunal durante el año 2026. Mazieres también conservará su lugar de máxima autoridad al frente del Consejo de la Magistratura de la provincia. Esta ratificación de autoridades asegura que los ejes de trabajo actuales tengan una continuidad operativa el próximo año.
La mirada de los empleados judiciales se concentra ahora en la reunión del próximo martes, con la expectativa por una oferta concreta que frene el conflicto antes del inicio de la feria judicial. El resultado de la reunión en el TSJ será el factor determinante para establecer si el año termina con un acuerdo que lleve paz social a las oficinas judiciales o si la conflictividad se traslada hacia el inicio del próximo periodo laboral.
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