Investigan a referentes barriales de Ruca Antú por amenazar y mantener cautivos a funcionarios

La Justicia neuquina le formuló cargos dos referentes barriales del barrio Ruca Antú por amenazar y mantener cautivos a funcionarios públicos del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), en el marco de una reunión de trabajo para trabajar problemáticas del sector conocido como El Trébol.

La fiscal del caso, Valeria Panozzo, aclaró que a una de ellas también le formularon cargos por amenazas contra una funcionaria. Además, la Justicia también le había formulado cargos a la misma referente barrial de Ruca Antú por haber impedido la reparación de un transformador de la cooperativa CALF y generar, de esta manera, un obstáculo a la prestación del servicio público de energía eléctrica a las viviendas de ese sector.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que los hechos se remontan al 8 de julio de 2022, cuando un representante del IPVU y uno de la subsecretaría de Seguridad acudieron al barrio a partir de un corte que los vecinos realizaron en un tramo de la Ruta Provincial N°7. “En un momento, al no obtener la repuesta que buscaba, la imputada comenzó a llamar a otros vecinos para que ingresaran a la reunión, y amenazó al funcionario para que firmara documentación”, relató Panozzo, quien detalló que esa situación se extendió de las 14 a las 21 horas, cuando se le permitió salir del lugar en el que se desarrollaba la reunión.

En este caso, la formulación de cargos encuadró en los delitos de privación ilegal de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas, en carácter de coautora (artículos 141, 149 bis, tercer párrafo, y 45 del Código Penal).

La misma referente de Ruca Antú fue acusada por otro hecho, ocurrido en junio del mismo año, cuando operarios de la cooperativa CALF habían suspendido la prestación de electricidad en el barrio al detectar que un transformador estaba sobrecargado. Sin embargo, la situación generó momentos de tensión entre los vecinos, que iniciaron un reclamo vecinal encabeza por la mujer acusada.

La fiscal relató que durante la mañana del 15 de junio de 2022, un equipo de la prestadora del servicio eléctrico de energía de la ciudad, CALF, acudió a una esquina del barrio para reemplazar un transformador que, según se había detectado, se encontraba sobrecargado. Por esa situación, explicó que la cooperativa había suspendido el suministro y era necesario efectuar el reemplazo para reactivarlo. Fue en ese contexto que la imputada, junto a un grupo de personas no identificadas, exigió el “cese del mantenimiento”, alegando que el transformador le pertenecía.

En concreto, la fiscal del caso le atribuyó a la mujer haberse sentado en una silla debajo del transformador, mientras el resto de las personas rodeaba a los operarios, e impedir de ese modo que la cuadrilla pudiera realizar el trabajo previsto y reestablecer el servicio.

Ahora, la Justicia tiene un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades en el hecho. La mujer es investigada, además, por otros hechos vinculados. Por este caso, se la investiga por hechos que se encuadran en el delito de entorpecimiento del servicio público, en calidad de autora (artículos 194 y 45 del Código Penal).