Juicio de los planes sociales: más relato que expediente

El juicio por la estafa en los planes sociales en Neuquén dejó condenas, pero también dejó una sensación incómoda y de incompletitud. Pareciera que la justicia tapó parcialidades con discurso político. Hubo penas, sí. Hubo responsables administrativos, también. Pero no hubo voluntad real de revelar la dimensión completa del entramado.

La causa, que en su origen apuntaba a un funcionamiento organizado y sistemático, terminó reducida a administraciones fraudulentas individuales, cuando a la vista de cualquiera —menos del tribunal— el esquema tenía todos los elementos de una asociación ilícita. La decisión de bajar esa figura penal no fue neutra: benefició directamente a quienes nunca se sentaron en el banquillo de los acusados.

En ese sentido, la Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén anunció que apelará la sentencia dictada argumentando que “… esta Fiscalía interpondrá el recurso de apelación ante la instancia superior para que se examine nuevamente la acusación por Asociación Ilícita, tal como se sostuvo durante todo el proceso. La valoración integral de la prueba permitió identificar una dinámica organizada, sustentada en un entendimiento previo entre varios intervinientes, con roles diferenciados y una estructura funcional que se mantuvo en el tiempo, elementos que justifican la revisión solicitada.”

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (27)

Luego aparece un segundo problema, quizá más grave, depende del ojo de quien mire el asunto.

Cuando el juez hace política

Al fundamentar el polémico fallo, el juez Juan Manuel Kees decidió ir más allá del expediente y construir un relato político: luego de poner como ejemplo el caso Temux—sucedido durante el gobierno de Jorge Sobisch—, sostuvo que con esta condena se ponía fin a “60 años de hegemonía e impunidad del MPN”. La frase difícilmente puede ser dejarse pasar por alto, ya que no es jurídica. Es política. Y es peligrosa. En principio, porque un miembro del poder judicial, está admitiendo abiertamente que existe complicidad de la justicia con el poder político, aunque “ahora un poco menos que antes”.

Pero además, lo que se está diciendo es que el Movimiento Popular Neuquino, como fuerza política, fue durante seis décadas una asociación ilícita. No un gobierno con errores, aciertos y responsabilidades diferenciadas según épocas y personas, sino una maquinaria criminal homogénea. Eso no surge del juicio. No está investigado ni probado en la causa y, sin embargo, se lo afirma desde el estrado.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (16)

El problema no es solo conceptual. El MPN sigue existiendo, no solo es un potencial participante de futuras elecciones, sino que cuenta con legisladores, intendentes, concejales electos por el voto popular y aunque electoralmente esté en clara retirada luego de la derrota por la gobernación en 2023, conserva miles de afiliados, muchos de ellos orgullosos de su historia.

¿Está diciendo el Poder Judicial que esos representantes forman parte de una estructura históricamente ilícita? ¿O el discurso solo sirve como una consigna simbólica, útil para quedar bien con el clima político actual?

Insisto. Si hablamos de 60 años, las preguntas son inevitables:

¿En ese relato de impunidad entran también los gobiernos de Don Felipe Sapag? ¿El de Don Pedro Salvatori? ¿El de todos aquellos que dejaron su vida para que Neuquén tenga salud, educación y planificación? ¿O la historia se reescribe selectivamente, mezclando períodos, contextos y figuras para construir un antagonista fácil y cómodo?

Planes Sociales - Cesura (11)

Por fortuna, en oposición a Kees, el fiscal jefe Pablo Vignaroli respondió en una entrevista a LU5: "No, no coincido porque los jueces se olvidan que este caso se empezó a investigar en pleno gobierno del MPN. Este caso se empezó a investigar en agosto de 2022 y que haya habido un cambio de gobierno no cambió lo que la fiscalía hubiera hecho. Eso no lo comparto".

Parte de la justicia, ha confundido pasado con presente y la justicia no está para escribir historia política ni para cerrar debates partidarios. Está para investigar hechos concretos, responsabilidades concretas y personas concretas. Y en este caso, eligió hacer otra cosa.

Luego de consultar a diversos juristas de Neuquén, surge desde el punto de vista estrictamente jurídico, que las declaraciones del juez Kees son realmente graves: comprometen no solo el principio de imparcialidad, sino también la objetividad y otros principios elementales del derecho procesal. Al introducir valoraciones políticas ajenas a la causa, el magistrado deja en evidencia que su decisión no se sustentó únicamente en la prueba y el derecho, sino también en una motivación extrajurídica. Esto no solo debilita el fallo y puede ser causal de nulidad del juicio, sino que también compromete la propia Constitución y la división de poderes, al dar una lectura política del caso. Además, abre la puerta a impugnaciones y posibles responsabilidades disciplinarias para el juez, al mismo tiempo que erosiona la confianza pública en una justicia que debe juzgar hechos y personas, no construir relatos políticos.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (12)

Perejiles condenados, poder intacto

Nada de esto implica negar los delitos cometidos por los condenados. Son responsables y deben cumplir sus penas. ¿Pero eran los únicos?

El resultado final es conocido en la Argentina: los perejiles presos y un discurso triunfalista que reemplaza lo que faltó investigar.

Quizás haya sido este, el proceso judicial de más relevancia de la historia de la provincia de Neuquén y, por lo tanto, una oportunidad de mostrar a la sociedad que se cuenta con un sistema judicial coherente y responsable. Sin embargo, la sensación que queda es otra.

Si la justicia se atreve a hablar de hegemonías, impunidades históricas y ciclos políticos, entonces hablamos de asociación ilícita, por lo tanto, también debería animarse a investigar hasta el final, aunque eso incomode al poder de ayer, al de hoy o al de mañana. O bien, debería sostener su fallo, pero en silencio.

De lo contrario, no se termina con la impunidad: solo se la administra mejor.