Planes sociales: la Provincia quiere penas más duras para los condenados

Ni bien se conocieron las penas que deberán cumplir aquellos que fueron funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez y resultaron condenados en la llamada “causa de los Planes Sociales”, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Neuquén anunció que apelará. El motivo es contundente y volvió a expresarlo con claridad meridiana: quiere penas más duras para los culpables.

Dicha fiscalía -cuyo objetivo es defender los intereses patrimoniales y legales de la provincia- considera probado que los involucrados en el fraude multimillonario contra Neuquén perpetraron el delito de asociación ilícita, y es por eso que apelará el fallo en busca de que se aplique dicha figura (mucho más severa que el de administración fraudulenta agravada que les endilgaron).

Básicamente, los condenados desviaron fondos públicos que estaban destinados a familias de bajos recursos económicos a las que nunca les llegó, y los direccionaron hacia otros destinos. Entre ellos, supuestos referentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que los habrían usado para financiar “asuntos de la política”.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (35)

El gobernador Rolando Figueroa ha condenado en reiteradas oportunidades los vicios de la vieja política (de hecho, expulsó ñoquis, les dio de baja a los alquileres de camionetas, redujo la planta de funcionarios y eliminó los gastos innecesarios). Y, firme en ese camino, está decidido a ir a fondo para que la provincia recupere lo que los ahora condenados le han hecho perder (o, si se quiere, le robaron).

La apelación

En la tarde del jueves, la Fiscalía de Estado que conduce Raúl Gaitán, reiteró y dejó “expresamente sentado que, una vez que la sentencia sea notificada y se abra el plazo legal de impugnación”, interpondrá el recurso de apelación ante la instancia superior, para que se examine nuevamente la acusación por asociación ilícita, “tal como se sostuvo durante todo el proceso”.

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Dicho organismo está convencido de que la valoración integral de la prueba permitió identificar “una dinámica organizada, sustentada en un entendimiento previo entre varios intervinientes, con roles diferenciados y una estructura funcional que se mantuvo en el tiempo”.

Mientras que, con relación a los daños económicos ocasionados a la provincia, informó que “prosiguen las acciones civiles en curso, orientadas a la recuperación de los fondos públicos afectados”. “Nuestro objetivo es que la respuesta judicial sea integral y proporcione la máxima tutela al patrimonio público y a la confianza ciudadana”, concluyó.

El exministro y los otros

La causa que sacudió a la sociedad en su conjunto y muy especialmente a su componente político, marcó un antes y un después en las investigaciones por hechos de corrupción en la provincia de Neuquén. Luego llegaron otras que, como la de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, vinieron a demostrar que aquello de la tolerancia cero (caiga quien caiga o le toque a quien le toque) no se agota en los discursos, sino que constituye algo así como la síntesis del cambio de época (un cambio que se había prometido y que, por supuesto, se esperaba).

Este jueves, en la audiencia de fijación de penas, el tribunal les puso calendario de cárcel a los doce sujetos que habían sido declarados penalmente responsables de las maniobras fraudulentas perpetradas entre septiembre de 2020 y julio de 2022, un período particularmente doloroso para muchos en virtud de la pandemia que se llevó vidas y trajo penurias económicas. Despojar a los que menos tienen es imperdonable y hacerlo en un contexto de angustia lo es aún más.

Las penas más altas (las de cinco años) recayeron sobre el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el ex coordinador de Administración, Tomás Siengentharler y el ex director general de Planes Sociales, Ricardo Soiza. Si el tribunal de alzada cambia la figura por la de asociación ilícita (es decir una organización de tres o más personas con el fin de cometer delitos) las penas podrían elevarse hasta los diez años de cárcel. Y es precisamente eso lo que busca la Fiscalía de Estado.

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Durante el debate en el que se solicitaron las penas, el fiscal jefe Pablo Vignaroli había afirmado que se trató de “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”, en un perjuicio acreditado por 153.377.900 pesos, que representan más de 1.200 millones de pesos en la actualidad y ese es precisamente el monto que la Fiscalía de Estado y el gobernador quieren recuperar para la provincia.

Por si acaso hiciera falta recordarlo, la maniobra delictiva consistió en la utilización ilegítima de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, a quienes se les retenían los plásticos. Una práctica que no tendría que haber existido y que ha sido erradicada.