Durante la pandemia, el Estado financió a organizaciones para contener la calle. Hoy la justicia investiga a exfuncionarios. ¿Se corta el hilo por lo más delgado?
La Avenida Argentina cortada en septiembre de 2021 por organizaciones sociales.
Durante más de dos décadas, Neuquén vivió bajo una presión permanente entre la política y la calle. Las organizaciones sociales aprendieron rápido que cortar rutas o bloquear el centro de la capital era una herramienta muy eficaz para negociar con el poder. Y el poder también aprendió algo: que evitar el conflicto tenía un precio, pero muy caro para todos.
Hoy la causa judicial por administración fraudulenta del Estado en el manejo de un programa de inserción laboral (no cumpliendo ese objetivo) empieza a ponerle números concretos a ese precio. Pero también se ventilaron otras cosas, y es que muchas veces las decisiones judiciales van al compás de los cambios sociales. En el gobierno de Jorge Sapag empieza a dibujarse este concepto de la "paz social", que permaneció durante años, y con el tiempo se empezó a desvirtuar. Y lo más grosero se vio en la pandemia. Ojo, solo el concepto, porque en la práctica el prebendarismo existe desde la Ley 2120 en la década del 90.
Según la formulación de cargos presentada por la fiscalía, entre 2022 y 2023 el Ministerio de Desarrollo Social transfirió a organizaciones sociales más de 1.200 millones de pesos a través de un programa de capacitación laboral. Ya había antecedentes de intentar descomprimir los conflictos, con los programas de ADUS-IPVU para que las cooperativas hagan veredas. Pero todo eso fracasó. No se cumplieron los objetivos, y así empezaron a pensar en las capacitaciones.
Ese dinero fue canalizado principalmente a través de la cooperativa Viento Sur, vinculada a dirigentes de organizaciones que participaban de protestas y negociaciones con el gobierno provincial.
Paz social en Neuquén: desembolsos en pandemia
Los desembolsos comenzaron durante la gestión del ministro Abel Di Luca, quien autorizó pagos por 96 millones de pesos, y estuvo tres meses como ministro. Después el esquema se expandió con su sucesor, Germán Chapino, que terminó habilitando transferencias por más de 1.112 millones de pesos. La fiscalía sostiene que esos pagos se realizaron incluso cuando la excontadora general de la provincia, Esther Ruiz, y la subcontadora, Vanina Barrionuevo, habían advertido irregularidades: no había rendiciones por parte de las organizaciones, y ese sector de contralor del Estado recomendó no pagar.
Pero no pagar a las organizaciones trajo un círculo vicioso, que pocos vieron en esa época, donde algunos estaban encerrados por la pandemia, y los barbijos taparon cualquier tipo de transparencia pública. Se tenía que pagar igual o se prendía fuego a la calle. Acá apareció el Ministerio Público Fiscal, en una mediación. Es decir, la Fiscalía también sabía lo que estaba sucediendo.
En la práctica, lo que debía ser un programa de capacitación terminó transformándose —según la acusación— en un sistema donde el dinero público circuló por destinos muy distintos. Parte de los fondos se utilizó para pagar a beneficiarios. Pero otra parte terminó en transferencias a dirigentes, compra de vehículos, adquisición de terrenos y construcción de sedes de organizaciones sociales.
Uno de los datos más llamativos de la causa es que se constituyeron 22 plazos fijos con dinero proveniente del programa, por un capital cercano a los 179 millones de pesos. Es decir que, mientras el programa de capacitación no podía acreditarse, parte del dinero del Estado estaba colocado en el banco generando intereses.
Pero la causa judicial no se entiende si se la mira solamente desde el derecho penal; sería bastante ingenuo, sobre todo en Neuquén, donde el sistema acusatorio y la notoriedad de los fiscales hacen que cualquier acusación ya se transforme en una sentencia social sin juicio. Es un gran problema.
Hay un contexto político que explica por qué este sistema existió durante tanto tiempo. Neuquén fue durante años uno de los escenarios más intensos de protesta social en la Argentina. Cortes en la Ruta 22, bloqueos en los accesos a Vaca Muerta, piquetes en la Avenida Argentina. Comerciantes desesperados, tránsito paralizado y un gobierno obligado a negociar para evitar que el conflicto terminara en cualquier cosa.
La política encontró una salida pragmática: financiar a las organizaciones para contener la protesta. En Neuquén, el fenómeno tuvo una particularidad: la presión social era constante y el poder político necesitaba garantizar que la provincia petrolera siguiera funcionando.
Así nació el esquema de programas sociales administrados por organizaciones. La teoría era que servirían para generar trabajo, pero la práctica fue otra: se convirtieron en herramientas de negociación con los movimientos sociales. En ese contexto, los funcionarios muchas veces no estaban resolviendo un programa social, administrando un conflicto político.
"Si no pagabas, se prendía fuego Neuquén"
Los exministros sostienen algo que, en voz baja, muchos dentro del sistema político neuquino reconocen: su tarea era garantizar gobernabilidad. Es que si las organizaciones cortaban rutas o bloqueaban el centro de la capital, el gobierno tenía dos caminos: reprimir o negociar. Y en el país de antes, pocos hicieron cumplir un desalojo, hasta que apareció el fenómeno de Javier Milei. Qué casualidad que todo este fenómeno también fuera durante los meses de encierro y pandemia.
La provincia eligió negociar y significaba abrir programas, transferir recursos y sostener a las estructuras que podían garantizar algo fundamental, que es que la calle no explotara.
El clima político cambió con el gobierno nacional de Milei y se instaló un discurso frontal contra los movimientos sociales. Y el gobierno provincial de Rolando Figueroa decidió revisar lo ocurrido con los programas y, pese a que en el primer mes siguió pagando los programas por un corto tiempo en la transición, después revisó e hizo denuncias penales.
¿Dónde está el dinero? La fiscalía sostiene que el perjuicio al Estado supera los 1.200 millones de pesos, pero ya es dinero gastado y recuperar esos fondos parece prácticamente imposible.
Los dirigentes sociales que aparecen en la causa no tienen capacidad económica para devolver montos de esa magnitud. Y los funcionarios sostienen que su rol era administrar una crisis social permanente. Abel Di Luca y Germán Chapino quedaron en el centro de la tormenta y sus defensores dijeron que el programa se trató de un decreto creado por el gobernador de entonces, Omar Gutiérrez.
Porque el problema no es solamente quién firmó las transferencias. Parece un problema político de una época que quedó atrás.
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