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La purga del Estado, sin tregua: despiden a un portero que faltó 165 días al trabajo

Las faltas se dieron entre 2022 y 2024. En algunos casos, el ex portero de Centenario había presentado certificados médicos truchos.

El gobierno de la provincia insiste con su política de tolerancia cero a la corrupción. Esta semana, el despido de un portero de escuela engrosó la lista de estatales que fueron desvinculados de la administración pública por diferentes indisciplinas. En este caso, el estatal fue cesanteado por abandonar su puesto de trabajo.

Desde el gobierno de Neuquén dieron más detalles sobre el nuevo despido, que se da en la misma semana en que exoneraron a un ex policía que cumplía funciones en la cárcel de Senillosa y que terminó condenado a ocho años de prisión por haber cometido abuso sexual contra su hija menor de edad. Aunque en ese caso puntual no trascendió el apellido del ex policía para resguardar a la víctima, en el resto de los casos, el gobierno avanzó con la postura de exponer la identidad de los estatales separados de sus cargos.

La política de tolerancia cero a la corrupción se tradujo en despidos concretos dentro de la administración pública. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, negó incluso el perdón administrativos a los empleados estatales que tenían cantidades excesivas de faltas injustificadas, con el objetivo de imponer medidas ejemplares para el resto de la planta provincial.

Un portero con 165 faltas en Centenario

En este caso concreto, el ex portero fue separado de su cargo por haber faltado a su puesto laboral en 165 ocasiones, entre los años 2022 y 2024. Las autoridades cuestionaron que algunas de estas ausencias habían sido justificadas con certificados médicos que, al parecer, estaban adulterados.

Según consta en el expediente, el 31 de mayo de 2023 el Consejo Provincial de Educación (CPE) le inició sumario administrativo a Luis Francisco Manusalva, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Centro de Formación Profesional N 29 de la ciudad de Centenario. Le endilgaron inasistencias injustificadas los días 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de octubre y 11, 14, 15, 16 y 17 de noviembre, todos de 2022.

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También le cuestionaron haber presentado certificados médicos presuntamente adulterados. El 19 de agosto de 2024 prestó declaración testimonial el director de la menciona institución educativa, quien ratificó las ausencias injustificadas como así también la denuncia efectuada respeto de los certificados presuntamente adulterados (o truchos). Es más, dijo que -a pedido de medicina laboral- también realizó una denuncia policial.

Explicó que la actitud del ahora despedido perjudicó a sus compañeros de trabajo, ya que tanto el auxiliar del mismo turno como los auxiliares de los otros turnos, se vieron recargados en sus actividades porque tenían que realizar la limpieza que él no hacía.

Se aseguró, además, que la conducta del agente Manusalva no cambió, ya que durante 2022 tuvo un total de 37 faltas injustificadas; en 2023, tuvo 73 faltas injustificadas y en 2024 había acumulado 55 faltas injustificadas (hasta el momento en el que se realizó el informe).

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El ex portero utilizó excusas como la atención de familiar enfermo, mientras que respecto al presunto certificado adulterado, se libró oficio (en fecha 22 de agosto de 2024) a una médica que desconoció la veracidad de la fecha de extensión del certificado del 19 de septiembre de 2022. “Claramente se ve corrección de fecha”, dijo. Con todas esas pruebas, lo despidieron.

Un despido por un delito grave

El gobierno de la provincia de Neuquén exoneró a un suboficial de la Policía que fue condenado por abuso sexual agravado contra su propia hija, menor de edad. De esta manera, el hombre que fue condenado a 8 años de prisión no sólo será despedido de la administración pública sino que tampoco podrá acceder a derechos de jubilación.

"La decisión, impulsada por las nuevas políticas de tolerancia cero que rigen desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, constituye una sanción más severa que el despido", informaron desde el Estado provincial.

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La purga en la administración pública comenzó en 2024, tras la asunción de Figueroa como gobernador de la provincia en diciembre del año previo. Con el lema de "tolerancia cero a la corrupción", el mandatario despidió a decenas de trabajadores estatales que tenían faltas injustificadas, que habían cometido actos de corrupción y hasta delitos de distintos tipos, que incluían violencia sexual y hasta narcotráfico.

En este caso puntual, se informó que el ahora ex suboficial Ariel Jorge Carlos (cuyo apellido se preserva para preservar a la víctima) se desempeñaba como sargento ayudante del Servicio Penitenciario en el área de traslados. Fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva tras ser hallado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple continuado.

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