La iniciativa, que empezará discutirse en el Congreso, busca cambios profundos que podrían chocar con organismos creados por la Constitución provincial. El fantasma de la Ley Federal de 1993.
El gobierno nacional presentó la semana pasada el proyecto de Ley de Libertad Educativa, redactado a instancias del Consejo de Mayo. Con la nueva norma se busca derogar la actual, que data de 2026, para avanzar con cambios drásticos respecto del financiamiento, evaluaciones (tanto para docentes como estudiantes) y nuevas modalidades de cursado como las clases domiciliarias en entornos virtuales.
El proyecto cosechó adhesiones preliminares y también rechazos contundentes. Las provincias, por su parte, encendieron alertas, pues en casos como el de Neuquén, se teme un avance que colisione con el rol del Consejo Provincial de Educación (CPE), creado por la Constitución provincial.
Entre otros alcances, el proyecto habla de libertad académica y pedagógica de cada institución a definir su plan de estudios y la orientación de los contenidos.
En sintonía con la premisa de libertad educativa, el proyecto habilita “formas alternativas de enseñanza” a la tradicional en ámbitos presenciales de educación básica.
La otra variante es la “educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje o Sistema Digitales Integrales que permitan diseñar, gestionar, desarrollar y evaluar procesos educativos mediados por tecnologías, en los que la enseñanza y el aprendizaje se materialicen en modalidad virtual o híbrida”.
Por otra parte, se crea el “Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) como una evaluación individual voluntaria, implementada anualmente por la autoridad nacional de aplicación a los estudiantes que finalizan la Educación Secundaria en cualquier tipo de modalidad”.
La ley busca, además declarar la esencialidad de la educación para evitar que los paros docentes afecten el dictado de clases, que cada establecimiento educativo rinda cuenta del uso de los recursos y les asigna la potestad de contratar y remover a su personal.
“El proyecto en cuestión intenta borrar todo el proceso histórico de luchas por la educación pública, desconociendo las instancias democráticas de debates plurales y construcción colectiva con las que se logró aprobar en el año 2006 una Ley de Educación Nacional en clave de derecho e inclusión socio-educativa”, anticipó por su parte el gremio docente CTERA, al cual pertenece el sindicato ATEN de Neuquén.
Además, señaló que “se desmantela el rol principal e indelegable del Estado como garante del derecho a la Educación Pública y del financiamiento educativo, corriéndolo al papel de la mera subsidiariedad y trasladando la responsabilidad del gobierno y financiamiento de la educación a las familias (a través del subsidio a la demanda, vouchers educativo, vale a familias y estudiantes, créditos fiscales, etc.)”.
Es prematuro especular hasta dónde se avanzará con este proyecto, pese a que el oficialismo consiguió reforzar su poder en las dos cámaras del Congreso en las recientes elecciones parlamentarias.
El antecedente más complejo es el de 1993 en ocasión de sancionarse la Ley Federal de Educación que no obtuvo un consenso amplio a nivel nacional y que en Neuquén nunca logró aplicarse íntegramente por la oposición del sindicato ATEN provocando una marcada fragmentación. No fue el caso de la actual Ley General de Educación que, en 2026, sí cosechó un apoyo significativo a nivel parlamentario.
Neuquén viene avanzando con fuertes cambios en los contenidos de los planes de estudios, que requirieron profundas discusiones antes de pasar por la Legislatura, entonces la nueva ley nacional abre interrogantes respecto de si se impondrá un borrón y cuenta nueva. La Ley de Libertad Educativa podría avanzar radicalmente contra las autonomías provinciales al imponerles el gobierno central un nuevo paradigma, pese a que no posee establecimientos educativos, a excepción de las universidades nacionales, que, no obstante, también son autónomas.
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