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Milei, su "castigo" a los gobernadores y el impacto en la gente

Los recortes en subsidios al transporte son la punta del iceberg de un ajuste que ya se había aplicado en otras partidas nacionales, y que alcanza a sectores de salud, educación y ayuda social.

El látigo que el presidente Javier Milei aplicó hacia los gobernadores por el no apoyo a la ley Ómnibus, suprimiendo las partidas por fuera de los recursos coparticipables directos, tendrá un fuerte impacto en sectores sensibles de la sociedad.

La quita de los subsidios al transporte, eliminando el Fondo Compensador que financia una parte de las tarifas en las provincias del interior del país, es una pequeña muestra de un ajuste mucho más grande, que figura en las partidas de la Oficina Nacional de Presupuesto del mes de enero.

Allí, por ejemplo, está el fondo nacional de incentivo docente, que tuvo un recorte del 10 por ciento respecto a enero del 2023, pasando de 51.700 millones de pesos a 46.855 millones. Es decir, no sólo son menos recursos desde el punto de vista nominal sino que, por efecto de la inflación, la baja es mucho más acentuada aún.

También hubo recortes en desarrollo para infraestructura de saneamiento (-20%) y en obras para expandir esa infraestructura, tanto en saneamiento como en agua, donde hubo una quita total de recursos (se habían asignado 1.500 millones de pesos en enero del año pasado y no se recibió nada en enero de este año).

En Salud, la situación sería todavía peor, ya que si bien el gobierno nacional este viernes desmintió esa información, a hospitales muy importantes de la Argentina que tenían asistencia de parte del estado nacional el mes pasado no les habrían enviado fondos, según lo que publicó un estudio de la consultora Ocipex.

Además, se suspendieron partidas para infraestructura penitenciaria, desarrollo territorial, asistencia a la producción y desarrollo de la obra pública.

Y un tema que había sido materia de negociación el año pasado entre el gobierno de Neuquén y la anterior administración nacional, vinculado a la deuda que la ANSES mantiene con las provincias que conservaron sus propias cajas jubilatorias.

En enero del 2023 se habían transferido a esas cajas 10.791 millones de pesos, mientras que el mes pasado no se asignó nada.

En definitiva, el ajuste de Nación ya había comenzado antes de esta pelea declarada a los gobernadores y no va dirigido a la “casta”. Salvo que esa casta se atienda en hospitales públicos, viaje en colectivo o espere con ansias la fecha para cobrar su jubilación.

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