Millonaria indemnización en dólares para los dueños de tierras usurpadas para un barrio popular de la región

Un fallo de la Justicia Federa de Neuquén puso un límite a una práctica muy extendida en la política de tierras: el Estado no puede declarar la utilidad pública de terrenos privados, impedir los desalojos y demorar durante años la expropiación sin pagar indemnización.

La sentencia fue dictada el 2 de febrero pasado por la jueza Carolina Pandolfi en la causa “P.J.O. y otros c/ Agencia de Administración de Bienes del Estado s/ expropiación inversa”.

En el fallo se ordenó a la Agencia de Administración de Bienes (AABE) del Estado pagar más de 900 millones de pesos, con actualización en dólares, por dos terrenos donde hoy funciona un barrio popular de Plottier.

Los lotes pertenecían a dos familias tradicionales de Plottier en partes iguales. Están ubicados en la zona noroeste del casco urbano de Plottier, a pocas cuadras del centro de la ciudad.

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Según consta en el expediente y en la reconstrucción del caso, la ocupación comenzó en 2011, cuando dos lotes privados de dos hectáreas cada uno fueron usurpados por terceros. Con el paso del tiempo, la toma se organizó, se abrieron calles internas y se levantaron viviendas de material.

Plottier: un asentamiento que se convirtió en barrio popular

El asentamiento terminó conformando un barrio de cuatro manzanas, ubicado a solo diez cuadras del centro de Plottier, en la zona conocida como la toma La Roca, rodeado por barrios residenciales.

Con los años, el barrio accedió a servicios, se habilitaron comercios -muchos de ellos bajo permisos “provisorios”- y la ocupación se volvió irreversible en términos prácticos.

Este fin de semana se trabajará en 55 hogares de la toma La Roca.

En 2018, el Congreso sancionó la ley 27.453, que declaró de utilidad pública los inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). La norma abarca unas 4.000 propiedades en todo el país, de las cuales alrededor de 2.000 pertenecen al propio Estado.

El espíritu de la ley es que esas tomas deben urbanizarse y regularizarse. Pero también establece que el Estado debe avanzar con la expropiación y pagar indemnización a los propietarios privados. En el caso de Plottier, eso nunca ocurrió.

“En Neuquén no conozco otro fallo así”

El abogado de la familia propietaria, Gastón Rambeaud, subrayó la importancia del antecedente judicial. “Estos casos ocurrieron mucho en la provincia de Buenos Aires, pero acá en Neuquén no conozco que haya salido un fallo así”, afirmó.

Rambeaud explicó que la familia desconocía por completo la existencia de esta ley. “Cuando nos vinieron a ver, intentamos un desalojo, pero era imposible. Ahí detectamos que existía esta ley, revisamos el anexo con las 4.000 propiedades y encontramos que este barrio estaba incluido”, relató.

Ante ese escenario, la estrategia cambió por completo. “Lo que hicimos fue cambiar el trámite y reclamar la expropiación. Iniciamos el juicio y es la sentencia que recién termina ahora”, explicó.

La demanda por expropiación inversa fue presentada en 2021, luego de que el Estado incumpliera el plazo legal de dos años para avanzar con la expropiación y la tasación de los terrenos. Los propietarios recurrieron a la figura de la expropiación inversa, prevista en la ley general de expropiaciones. El planteo es que si el Estado les impide usar, vender o recuperar sus tierras, debe pagar su valor.

“Cuando nos vinieron a ver, intentamos un desalojo, pero era imposible. Ahí detectamos que existía esta ley, revisamos el anexo con las 4.000 propiedades y encontramos que este barrio estaba incluido” - Gastón Rambeaud, abogado. “Cuando nos vinieron a ver, intentamos un desalojo, pero era imposible. Ahí detectamos que existía esta ley, revisamos el anexo con las 4.000 propiedades y encontramos que este barrio estaba incluido” - Gastón Rambeaud, abogado.

El fallo es especialmente severo con la defensa de la AABE. La jueza calificó sus argumentos como inconsistentes y señaló que no puede alegarse un proceso “gradual” de regularización ni falta de fondos para justificar una violación constitucional.

“La propiedad es inviolable y la expropiación debe ser previamente indemnizada”, dice la sentencia, que rechaza también la idea de que los propietarios hayan perdido derechos por no haber logrado frenar la ocupación inicial.

Gastron Rambeaud abogado

La jueza federal hizo lugar al reclamo, declaró transferido el dominio de los inmuebles al Estado -pero solo una vez pagada la indemnización- y fijó el monto según el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La sentencia no está firme y en este caso será revisado por la Cámara Federal de General Roca, en una segunda instancia.

¿Cuánto deberá pagar el Estado?

El fallo fijó las siguientes indemnizaciones por $433.335.000 por uno de los lotes y $472.500.000 por el otro.

Un punto fundamental es que la jueza ordenó que los montos se mantengan equivalentes en dólares estadounidenses hasta el momento del pago, para evitar que la inflación licúe la compensación. Además, se establecieron intereses desde octubre de 2018, cuando la ley bloqueó cualquier acción de desalojo.

Al momento de la tasación, el total representaba más de 885 mil dólares, relación que no podrá ser licuada por inflación.

Según explicó el propio Rambeaud, en la provincia de Neuquén podría haber alrededor de 25 situaciones similares, con barrios populares asentados sobre tierras privadas incluidas en el RENABAP.