Después de publicar un video en redes sociales, Agostina Páez quedó bajo custodia judicial en Río de Janeiro. Está con tobillera electrónica y tiene retenido el pasaporte.
Agostina Páez permanece imputada por injuria racial mientras la Justicia de Brasil evalúa el avance hacia una instancia de juicio.
La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina imputada por racismo tras un episodio ocurrido en un bar de Ipanema. La medida, solicitada por la fiscalía y avalada por un juzgado penal local, se fundamenta en el riesgo de fuga y en la posibilidad de intimidación de testigos.
Luego de conocerse la decisión judicial, Páez publicó un video en su cuenta de TikTok donde afirmó vivir horas de angustia y expresó temor por su situación procesal. También sostuvo que permanece a disposición de la Justicia desde el primer día y recordó que utiliza una tobillera electrónica como parte de las medidas de control.
“Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, dijo Páez.
También remarcó su colaboración con la causa. “En estos momentos recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, sostuvo.
El caso, que rápidamente tomó dimensión pública, vuelve a poner en foco la respuesta del sistema judicial brasileño frente a conductas discriminatorias, especialmente cuando involucran a extranjeros.
El incidente en el bar y la imputación por injuria racial
Según consta en la causa, el conflicto se originó durante una salida nocturna con amigas. Tras una discusión por el pago de la cuenta, la abogada profirió expresiones ofensivas contra empleados del local y realizó gestos que simulaban a un mono, dirigidos a los mozos.
La imputada reconoció luego que su reacción resultó inapropiada, aunque intentó justificarla como respuesta a supuestas burlas del personal del bar. De acuerdo con la denuncia, incluso después de retirarse del establecimiento continuó con expresiones discriminatorias en la vía pública.
Los trabajadores afectados le advirtieron en ese momento que ese comportamiento constituye delito en Brasil. Pese a ello, siempre según el expediente, Páez volvió a dirigirse a una empleada del comercio con insultos de tinte racial.
La investigación avanzó con rapidez. Declaraciones de víctimas y testigos, junto con registros de cámaras de seguridad, respaldaron la versión de los empleados. La Policía Civil do Estado do Rio de Janeiro dio por cerrada la etapa investigativa el 23 de enero al considerar que existían pruebas suficientes para sostener la acusación.
Los fiscales remarcaron que los hechos “exceden cualquier discusión circunstancial” y que las conductas denunciadas impactaron de manera directa y peyorativa sobre las víctimas.
Los fundamentos de la prisión preventiva
El Juzgado Penal N°37 resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público y dispuso la detención preventiva de la abogada, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero. En su resolución, el tribunal señaló que mantenerla en libertad podría afectar la instrucción del proceso, al existir la posibilidad de presiones sobre testigos y damnificados.
Otro punto central del fallo refiere al peligro de fuga. Para la Justicia, el hecho de que la imputada sea extranjera eleva el riesgo de que abandone el país, lo que podría frustrar el avance del expediente y el esclarecimiento de los hechos.
Los fiscales también destacaron el rol de una de las acompañantes de Páez, quien intentó frenar sus gestos durante el episodio en el bar. Ese detalle, sumado al resto del material probatorio, reforzó la hipótesis acusatoria.
En el escrito judicial se subraya que una eventual salida del territorio brasileño generaría consecuencias graves para la búsqueda de la verdad y para el derecho de las víctimas a obtener justicia.
El descargo público y el impacto del caso
Tras conocerse la medida, Páez difundió un mensaje en redes donde afirmó sentirse desprotegida y sostuvo que se vulneran sus derechos. También aseguró colaborar con la causa desde el inicio y cuestionó que se argumente riesgo de fuga pese al monitoreo electrónico.
El caso genera repercusión tanto en Brasil como en Argentina, no solo por el perfil profesional de la acusada, sino también por el contexto social en el que ocurre. En Brasil, la injuria racial integra el marco de delitos vinculados al racismo y recibe un tratamiento severo por parte del sistema judicial.
En tanto la defensa evalúa los próximos pasos, la causa continúa su curso con la imputada en prisión. La fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio, con base en testimonios coincidentes y registros audiovisuales.
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