Muertes en la escuela de Aguada San Roque: todos los exfuncionarios están libres sin condena firme
Este martes un tribunal de Impugnación empieza a revisar las penas y absoluciones. El pedido social de “cárcel” tendrá que esperar mucho tiempo.
Si alguien pensó que los cinco condenados por las muertes de la Escuela 144 de Aguada San Roque estaban presos, nada de eso hay por ahora. El proceso parece ser largo por las impugnaciones presentadas tanto por los defensores como la querella, y la causa podría terminar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y estancarse durante años.
Es más, algunos de ellos que son funcionarios de carrera (otros se jubilaron), siguen trabajando en la órbita del Estado provincial en sus respectivos puestos técnicos.
A cuatro años de la explosión que causó la muerte de tres personas, la causa judicial entra en una etapa decisiva. El Tribunal de Impugnación comenzará este martes a las 9.30 a revisar esta semana las condenas dictadas en febrero de este año.
Si bien se trata de penas históricas contra funcionarios públicos por su responsabilidad en una obra que terminó en tragedia, lo cierto es que ninguno de los condenados está preso, pese a que son penas relativamente altas, por fraude contra la administración pública, falsificación ideológica y estrago culposo.
Aguada San Roque: las condenas y las impugnaciones
Las audiencias comenzarán este martes 1 de julio y se extenderán durante varios días. El tribunal estará integrado por los jueces Nazareno Eulogio, Andrés Repetto y Estefanía Sauli, que tendrán que revisar 7 pedidos de impugnación a las condenas. Algunas para penas más duras y otras para las absoluciones.
En el juicio oral que se desarrolló en septiembre de 2023, más de dos años después del estallido de gas del 29 de junio de 2021 que mató a la docente Mónica Jara (34), al gasista Nicolás Francés (70) y a su sobrino Mariano Spinedi (47). Las tres muertes fueron el resultado de una cadena de irregularidades en una obra pública escolar que el propio tribunal consideró fraudulenta, negligente y marcada por la impunidad.
El 13 de febrero de 2025, el tribunal compuesto por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo emitió un fallo sin precedente y condenó a cinco personas, en su mayoría exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas de Neuquén. Sin embargo, por tratarse de una sentencia no firme, los condenados siguen en libertad.
“Nadie puede estar preso hasta que no haya una condena firme”, explicaron fuentes judiciales a LMNeuquén. Ahora, será el turno de revisar las impugnaciones tanto de las defensas como de las querellas, que pedirán penas más duras.
Estas fueron las penas impuestas en primera instancia: Sergio Percat, inspector de Obras Públicas, 5 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y 10 años para ejercer como ingeniero y a Diego Bulgheroni, arquitecto de la empresa Arte Construcciones SRL con 4 años y medio de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación para ejercer.
También se condenó a Carlos Córdoba, director de Obras Públicas, a 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para cargos públicos, y 8 años de inhabilitación como maestro mayor de obras Raúl Capdevila, también director de Obras Públicas: 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua e inhabilitación profesional por 8 años; Héctor Villanueva, dueño de la empresa Arte Construcciones, a 3 años de prisión en suspenso.
Fue absuelto el ex subsecretario de Obras Públicas, Roberto Vicente Deza, quien ya se había jubilado. Precisamente los querellantes piden anular el sobreseimiento.
Qué se discutirá ahora
Las querellas anticiparon que pedirán penas más duras y la revisión de la absolución. “Impugnamos el monto de la pena, por lo bajo, y la absolución que dictó el tribunal de juicio”, señaló el abogado querellante Emanuel Roa Moreno. Por su parte, el defensor Gonzalo Rodríguez adelantó: “Vamos a atacar la declaración de responsabilidad y el monto de la pena”.
Las partes también plantearán que el tribunal de juicio incurrió en excesos o errores de valoración, aunque de modo opuesto: la defensa para intentar la absolución o rebajas, y la querella para lograr castigos más severos.
Además de Roa Moreno, actúan como querellantes Darío Kosovsky, en representación de las familias de los fallecidos Mónica Jara y Mariano Spinedi, y Federico Egea, por el gasista Nicolás Francés. También se suma el gremio docente ATEN, que participa como querellante institucional. Por la defensa, intervienen Gonzalo Rodríguez, Martín Segovia, Juan Coto, Melina Pozzer e Iván Chelía.
En su sentencia, el tribunal de juicio fue especialmente crítico con la actuación del Estado neuquino. “El gobierno no inició sumario a ninguno de los funcionarios imputados ni los trasladó de sus cargos”, señalaron los jueces. La obra de gas había sido realizada en condiciones irregulares, con contratos frágiles (operarios en negro durante la pandemia), sin controles adecuados y con personal no registrado.
Uno de los casos más impactantes fue el del gasista Francés, que no tenía contrato, ni papeles, ni estaba registrado como matriculado de primera. Había sido convocado informalmente, por un intermediario de la empresa. Su sobrino Mariano Spinedi lo acompañó por solidaridad, para ayudarlo y también murió en la explosión.
La tragedia se pudo evitar, dijeron y la responsabilidad penal fue determinada por los jueces. Pero cuatro años después, las familias siguen esperando justicia efectiva, con los responsables presos y las penas firmes.
La causa judicial recién comienza un nuevo tramo, que puede extenderse durante años. De no haber conformidad con lo que resuelva el Tribunal de Impugnación, las partes podrán recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, y eventualmente, a la Corte Suprema de la Nación.
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