Ordenan el desalojo de una ex parrilla pegada a la Ruta 22

La Justicia Federal de General Roca ordenó el desalojo de una vivienda construida a metros de la banquina de la Ruta Nacional 22, en el kilómetro 1213, entre el acceso a la Isla Jordán y la calle Luis Toschi, sobre la margen sur de la calzada.

La demanda la presentó Vialidad Nacional, en su carácter de responsable del sector, que fijó entre los argumentos que la obra se encuentra “en zona de camino” y que ese terreno será ocupado por la futura ampliación de la traza.

Antiguamente, ese inmueble fue un carrito de comidas rápidas con una estructura precaria, pero con los años le agregaron una construcción de ladrillos y se convirtió en una parrilla.

Los actuales ocupantes, una familia que tiene una niña menor, firmaron un “acuerdo de cesión de derechos” con quien se asentó originalmente con la intención de brindar servicios gastronómicos, pero luego el municipio anuló la habilitación comercial -que según aseguran poseía-, por lo que resolvieron transformar el edificio en su hogar.

“No queremos nada regalado. Somos trabajadores y pretendemos llegar a un acuerdo para irnos”, expresó Graciela Rivas.

Con la asistencia del defensor público recurrieron al fallo dictado en primera instancia, pero la Cámara de Apelaciones lo ratificó.

Entre los fundamentos del reclamo presentaron el acuerdo firmado con el anterior habitante, pero él tampoco contaba con autorización, por lo que ese documento carece de validez.

También contaron con el acompañamiento de Asesoría de Menores, por su hija de pocos años, pero el argumento también fue desestimado.

El Tribunal determinó la potestad de Vialidad Nacional sobre la Ruta y consideró a los ocupantes como “intrusos”, dado que se instalaron dentro de su jurisdicción, y que también avanzaron sobre un sector que pertenecer al municipio.

Sostuvo en este aspecto que Vialidad es una “entidad autárquica de derecho público que tiene a su cargo, entre otros cometidos, la conservación del sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias” y que “dentro del cual, como hecho público y notorio, se cuenta la citada ruta”.

“Queremos llegar a un acuerdo”

Rivas destacó que han realizado múltiples gestiones para solucionar el conflicto. Aseguró que cuando se instalaron, hace unos 7 años, el local contaba con la habilitación comercial del municipio, y eso los tentó para continuar con el trabajo gastronómico. Pero que al poco tiempo el municipio les quitó el permiso, por lo que decidieron transformarlo en su casa.

Además resaltó que durante varios años pagaron impuestos municipales, por lo que entiende que tienen un derecho ganado. De todos modos están dispuestos a retirarse, pero reclaman una solución habitacional.

“Estamos dispuesto a llegar a un acuerdo, pero necesitamos un lugar donde vivir”, sostuvo.