Planes Sociales: batalla final de los 12 condenados que resisten la cárcel y la asociación ilícita

Se acerca en estas horas el vencimiento de los plazos para que las defensas de los 12 condenados de la causa de los Planes Sociales agoten la última instancia disponible antes de que sus clientes, quizá, deban ingresar a prisión. Pasaron 20 días hábiles desde que el Tribunal de Impugnación dictara sentencia que, por primera vez, los condenó como miembros de una asociación ilícita.

Un delito que no había sido probado por los primeros jueces, y que responde a un pedido que viene desde las altas esferas del Estado neuquino, es que la causa tenga penas más duras que el solo delito de la defraudación a la administración pública. Es un tema, además, contaminado por los humores de la política. ¿Qué buscan los condenados? Que haya otra revisión "horizontal", con otros jueces, porque esta vez, la nueva condena salió de una segunda instancia.

Pero esto lo tiene que definir el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en este caso la Sala Penal, compuesta por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

La sala penal integrada por Alfredo Elosú Larumbe y Soledad Gennari anuló el fallo del Tribunal de Impugnación.

Según pudo reconstruir LM Neuquén a partir de fuentes judiciales, el recorrido de los plazos fue distinto para cada condenado, pero converge en estos días. Y las presentaciones ya realizadas por las defensas permiten saber detalles de qué es lo que se está discutiendo en esta última instancia.

Planes sociales: qué se investigó y las dos condenas

La causa investigó una presunta estructura montada para desviar fondos de planes sociales de la provincia. Según la acusación, se habría tratado de 9.303 operaciones irregulares, 8.708 extracciones con tarjeta por 125.412.400 pesos y 592 cobros de cheques por 27.970.300 pesos realizadas a nombre de beneficiarios que, en muchos casos, no existían o no habían autorizado los movimientos, mediante listados paralelos y cheques que terminaban endosados a personas ajenas a los planes.

A la plata de hoy son casi un millón de dólares, como mucho a cuentas también actualizadas aproximadas, 10 cuadras de asfalto.

El tribunal de juicio condenó a los 12 por administración fraudulenta agravada, pero los absolvió del delito de asociación ilícita el 22 de octubre de 2025, por beneficio de la duda: de esas 9.303 operaciones, solo diecinueve titulares fueron escuchados en el debate (15 de ellos, beneficiarios reales de un plan, apenas el 0,16% del total) y declararon bajo juramento que cumplían los requisitos para recibir la ayuda social, pero que intermediarios se quedaron con el dinero.

El tribunal de Impugnación compuesto por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno que incorporó el delito de asociación ilícita a la causa.

Ese puñado de testigos, cuantificado en 2.664.000 pesos de perjuicio individual efectivamente acreditado, fue la base de la duda que el tribunal de juicio no logró despejar respecto de una asociación organizada.

La asociación ilícita, el corazón del reclamo

Pero el pasado 20 de agosto todo se dio vuelta, debido a la fuerte presión que ya había sido anticipada por el gobierno provincial, en el reclamo que le hizo al fiscal de Estado, Raúl Gaitán, por orden de Rolando Figueroa.

El Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Mauricio Macagno, Liliana Deiub, revocó la absolución por asociación ilícita y condenó a los 12 por primera vez, como miembros de esa asociación, dejando sin efecto la pena ya fijada por los jueces Juan Manuel Kess, Juan Guaita y Luciano Hermosilla. Además, ordenó un nuevo juicio de cesura para redefinir las condenas.

Los jueces del juicio de estafa con planes sociales, Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.

Adriano Calalesina

Es exactamente ese giro el que las defensas atacan con mayor dureza, y en el que —según pudo saber LM Neuquén— coinciden en líneas generales los 12 condenados.

Cury, en su recurso, plantea que el tribunal que lo condenó nunca vio ni escuchó a un solo testigo, que solo leyó el expediente. Y sin embargo llegó a una conclusión más firme que la del tribunal anterior, que sí había escuchado a los testigos en persona y por eso tenía dudas. Para Cury, ahí está el problema, un tribunal que solo leyó papeles le sacó la duda a otro que había estado en la sala del juicio.

Lo segundo apunta a un número. La nueva sentencia dice que hay "9.303 maniobras acreditadas" como si fueran 9.303 casos de fraude ya comprobados, uno por uno. Pero Cury dice que eso es engañoso, que 9.303 es solo la cantidad total de operaciones bancarias (extracciones y cobros de cheques) que aparecen en los registros contables, no 9.303 casos donde se probó que hubo un engaño.

Y agrega otro análisis y es cuando en el juicio declararon los pocos testigos reales (15 personas), varios dijeron que ellos sí eran beneficiarios legítimos y que otros se habían quedado con su plata. Eso puso en duda que las 9.303 operaciones fueran todas fraudulentas. Y desde entonces, sostiene Cury, la Fiscalía nunca volvió a explicar ese número.

La estrategia, primero la revisión horizontal, luego el TSJ

Antes de llegar a la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), las defensas de los 12 condenados presentaron una impugnación ordinaria para que sea otra integración del Tribunal de Impugnación (distinta a la que dictó la sentencia del 20 de agosto) la que revise la incorporación de la asociación ilícita.

Es lo que en la jerga judicial se conoce como "revisión horizontal", al entender que hay una condena nueva, las defensas piden que primero la revise un tribunal de impugnación con otra integración, y recién después, si no prospera, avanzarán con la impugnación extraordinaria ante el TSJ. Es, en los hechos, una carrera de obstáculos con dos instancias sucesivas antes de que la Justicia diga la última palabra.

El abogado que se juega a todo o nada: Alfredo Cury

Entre los 12 condenados, el recurso del abogado Alfredo Cury —que ejerce su propia defensa, además del defensor oficial Juan Piombo— es el que detalla con mayor precisión lo que se está pidiendo, y su estructura en tres piezas sirve de espejo del resto de las presentaciones.

En su impugnación ordinaria solicita que una nueva sala (integrada por magistrados que no hayan intervenido en la causa) revoque su condena por asociación ilícita y restablezca la absolución de octubre de 2025. En paralelo, presentó una impugnación extraordinaria contra la misma sentencia, pidiendo directamente al TSJ que revoque la condena o, en subsidio, declare la nulidad de ese tramo del fallo.

El abogado Alfredo Cury.

Sebastián Fariña Petersen

A eso se suma una tercera posibilidad, que es la impugnación extraordinaria contra la Sentencia 49/2026, dictada el mismo 20 de agosto, que confirmó su condena como partícipe primario del delito de administración fraudulenta agravada y rechazó su impugnación ordinaria contra la sentencia de responsabilidad de octubre de 2025.

Allí pide su absolución directa, sin reenvío a nuevo juicio, o en subsidio que se reduzca su grado de participación y se limite su intervención a diez cheques por 490.500 pesos (dinero que sostiene que fue devuelto) cobrados entre octubre de 2020 y octubre de 2021, dejando fuera la extensión hasta julio de 2022 que fijó el tribunal de Kess, Guaita y Hermosilla.

Según su recurso, esos cheques le fueron pagados como honorarios profesionales, mientras que el propio dictamen contable de la acusación los describió como "gastos de mantenimiento de la estructura de la asociación", sin ubicarlo entre los beneficiarios falsos de los planes.

En los tres escritos, Cury pide además que se suspenda la realización del nuevo juicio de cesura hasta que se resuelvan las impugnaciones, invocando que las decisiones judiciales no se ejecutan mientras esté abierta la instancia de control, y deja planteada la reserva del caso federal.

Con estos plazos venciendo esta semana, la pelota queda en manos de la Oficina Judicial, que deberá sortear las nuevas integraciones del Tribunal de Impugnación que revisarán, sala por sala, si la asociación ilícita se sostiene.

Hasta que eso ocurra, la condena no está firme, y los doce acusados mantienen su derecho a que se agoten todas las instancias antes de cualquier ingreso a prisión. ¿Cuándo podría ser esto? Muchos entienden que el año que viene, donde habrá además mucho alimento elecrtoral detrás de este juicio.