Planes sociales: sorpresivo pedido como testigos de dos importantes dirigentes del MPN y exgobernadores
El abogado Alfredo Cury, también condenado en la causa, solicitó que declaren en la cesura por asociación ilícita donde se analiza la extensión de las penas. Cómo sigue la interminable causa.
Dos exgobernadores podrían declarar como testigos.
Dos exgobernadores de Neuquén podrían terminar sentados como testigos en el juicio más resonante de los últimos años en la provincia. El mediático abogado Alfredo Cury, uno de los doce condenados por la estafa con planes sociales, pidió que Omar Gutiérrez y Jorge Sapag declaren en el nuevo juicio de cesura por asociación ilícita, la audiencia en la que se volverá a definir cuántos años de prisión le corresponden a él y a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, a quien también defiende.
Cury quiere que los dos hombres que condujeron el Movimiento Popular Neuquino mientras se cometía la maniobra expliquen quién mandaba en el partido y si él o Soiza tenían algún lugar en esa estructura. La pregunta es porque el tribunal que los condenó sostuvo que el dinero desviado terminó financiando al MPN, y ese argumento pesó a la hora de fijar las penas.
El pedido quedó asentado en un escrito presentado este último martes ante la Oficina Judicial. Sin embargo, Cury lo formuló "ad cautelam", es decir, por precaución: ofreció los testigos para no perder el plazo que le fijó la Justicia, pero a la vez reclamó que no se avance con ese trámite hasta que se resuelvan los recursos con los que todavía intenta revertir su condena por asociación ilícita.
La investigación reconstruyó un circuito armado entre septiembre de 2020 y julio de 2022 dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con epicentro en la Dirección de Planes Sociales.
La maniobra consistía en retener las tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales: una parte del subsidio quedaba para ellos y el resto, según la fiscalía, se dirigía a referentes políticos del MPN. Los fondos correspondían al Subsidio a la Desocupación Laboral, destinado a las familias más vulnerables de la provincia.
El perjuicio acreditado fue de 153.377.900 pesos, que actualizados superan los 1.200 millones. En la lectura del veredicto, el juez Juan Manuel Kees salió al cruce de las defensas que intentaron minimizar el daño. "Son 1.200 millones de pesos y para este tribunal de ninguna manera es insignificante", sostuvo.
El dinero, según quedó expuesto en el juicio, se acumulaba en la llamada "caja azul". Sin embargo, el propio tribunal sostuvo que la Fiscalía no demostró que los acusados fueran los destinatarios finales de la maniobra y que los fondos alimentaron una estructura de referentes vinculados al MPN. Hasta hoy, ningún dirigente político fue imputado por la causa.
Las primeras condenas
En diciembre de 2025, un tribunal integrado por los jueces Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla fijó las penas para los doce condenados por administración fraudulenta: ocho de cumplimiento efectivo y cuatro en suspenso. Las más altas, de 5 años de prisión efectiva, recayeron sobre el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, el excoordinador de Administración Tomás Siegenthaler y Soiza.
Sobre este último, Kees fue contundente: "No nos cabe ninguna duda del rol protagónico en la administración fraudulenta". Cury, que ejerce su propia defensa, recibió 3 años y 6 meses de prisión efectiva, medio año menos de lo que había pedido la fiscalía. Tiempo después, el gobierno provincial lo expulsó de la administración pública por decreto, como ya había hecho con Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz.
Al explicar la pena de Cury, el juez Kees fue más allá de los cheques que el abogado cobró. Remarcó el daño a personas en situación de vulnerabilidad y habló de "acciones destinadas a financiar un partido político".
También aludió a su recorrido en el Estado, que según el magistrado terminó "en la adscripción de un diputado que casualmente terminó liderando un grupo de líderes políticos". Y descartó el argumento de que no era empleado público: una testigo acreditó nueve años de labor estatal.
Según lo acreditado en el juicio, Cury cobró diez cheques por 490.500 pesos mientras trabajaba como agente de planta política: siete a su nombre y tres endosados a su favor. Él sostiene que se trató de honorarios profesionales, y en su recurso remarca que el propio dictamen contable de la acusación describió esos pagos como "gastos de mantenimiento de la estructura de la asociación", sin ubicarlo entre los beneficiarios falsos de los planes.
Aquella lectura del veredicto tuvo además un fuerte tono político. Al responder a las defensas, que comparaban el caso con el de Temux, Kees afirmó: "Esa impunidad es de una época que intentamos dejar atrás. Desde 2023, con la alternancia política tras 60 años de hegemonía del MPN, estamos en un momento distinto".
En la sentencia escrita, conocida días después, los jueces ratificaron que el MPN utilizó el dinero destinado a los más vulnerables para manipular el voto, aunque omitieron la referencia al fin de la hegemonía del partido provincial.
No es la primera vez que Cury pone al MPN en el centro de su estrategia. En 2025 ya había intentado llevar la causa a la Justicia Federal, a partir de declaraciones del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien había dicho que el dinero de los subsidios se usó para fortalecer al partido provincial.
Por qué hay que volver a fijar las penas
El primer tribunal había rechazado la acusación por asociación ilícita que impulsaban la fiscalía y la Fiscalía de Estado, que representa al gobierno provincial. Para Kees, Hermosilla y Guaita, esa figura requería una estructura jerárquica organizada con el fin de cometer más de un delito, y este último requisito no se daba en el caso.
La decisión no dejó conforme a nadie: incluso el gobernador Rolando Figueroa reprochó públicamente que no se hubiera condenado por asociación ilícita.
El pasado 20 de agosto, el Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, dio vuelta ese criterio. Por unanimidad, y con apoyo en la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, entendió que basta con acreditar una estructura jerárquica organizada para cometer delitos, aunque sean de la misma clase, y consideró que en este caso hubo varias defraudaciones.
Soiza, Di Luca, Tomás Siegenthaler, Néstor Sanz y Marcos Osuna quedaron señalados como jefes de la organización; Cury, como uno de sus miembros. El cambio hizo caer todas las penas fijadas en diciembre y obliga a realizar un nuevo juicio de cesura, ahora por asociación ilícita en concurso con administración fraudulenta, ante otros jueces.
Es la etapa en la que se determina el monto de la condena, y el panorama es más severo: la asociación ilícita prevé por sí sola de 3 a 10 años de prisión.
Qué deberían contar Gutiérrez y Sapag
Durante los años de la maniobra, Gutiérrez presidía la Junta de Gobierno del MPN y Sapag, la Convención partidaria. Hoy ninguno de los dos integra la conducción del partido. Además, Di Luca, condenado como uno de los jefes, fue ministro de Desarrollo Social del gobierno de Gutiérrez.
Según el escrito, Gutiérrez debería declarar quiénes integraban las autoridades partidarias en ese período, si Cury o Soiza formaron parte de ellas o cumplieron funciones de conducción o de campaña, y si conocía la actividad política del abogado.
A Sapag se le preguntaría lo mismo respecto de la Convención y, en particular, por su conocimiento personal de Cury, su trayectoria y el alcance de su actividad política.
El abogado aclara que no pretende reabrir la discusión sobre su culpabilidad, sino aportar elementos para medir la pena: cuánto daño puede atribuirse a cada uno y qué grado de participación tuvo cada condenado, tal como exige el artículo 41 del Código Penal.
Detrás de ese planteo técnico hay varias preguntas que en el juicio no se respondieron: si el dinero fue a parar a la política, quiénes la conducían.
Una batalla que sigue abierta
El plazo para ofrecer testigos fue fijado por el juez Juan Pablo Encina en una resolución del 25 de septiembre. Cury cumplió con él, pero dejó en claro que eso no significa aceptar ni esa decisión, ni el reenvío ordenado por el Tribunal de Impugnación, ni la realización del nuevo juicio de cesura.
El mismo martes presentó una impugnación contra esa resolución y contra otra del 21 de septiembre, y mantiene vigentes los recursos con los que busca que otra integración del Tribunal de Impugnación anule la condena por asociación ilícita y restablezca su absolución por ese delito. En su planteo sostiene que los jueces que lo condenaron por asociación ilícita nunca vieron ni escucharon a un solo testigo y que solo leyeron el expediente, mientras que el tribunal que sí los escuchó tuvo dudas.
Por eso pidió que no se fije audiencia ni se trate su ofrecimiento hasta que esos planteos se resuelvan, y se reservó el derecho de ampliar, cambiar o retirar a los testigos. Si las vías recursivas se agotan en la provincia, el último paso será la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Mientras tanto, las condenas no están firmes. Y esa ansiedad social y política por la "cárcel efectiva" se diluye por la formalidad del debido proceso.
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