Planes sociales: tras ser condenados por asociación ilícita, dan luz verde para definir los años de cárcel

La Justicia deberá avanzar con la definición de los años de cárcel que deberán cumplir los condenados por asociación ilícita en el marco de la causa Planes Sociales. Así lo determinó el juez de garantías Juan Pablo Encina, quien no hizo lugar al pedido de las defensas, rechazó este miércoles el pedido de suspensión de los plazos y dio 10 días para que las partes ofrezcan su prueba para llevar adelante la audiencia de determinación de la pena en base a la nueva calificación legal de asociación ilícita.

El Tribunal de Impugnación resolvió hace un mes que los condenados por defraudación en la causa por la estafa con planes sociales debían ser declarados responsables, también, por el delito de asociación ilícita por lo que debía realizarse una nueva audiencia para determinar la pena en base a la nueva calificación.

En base a esta resolución, las defensas de los imputados presentaron diversos recursos de impugnación ante el TSJ y solicitaron que otro tribunal de impugnación revise esa decisión. Considerando que con la presentación de estos recursos la resolución de impugnación no se encontraba firme, solicitaron ante un juez de garantías que se suspenda la audiencia de cesura hasta tanto se resuelvan los recursos presentados.

Encina explicó hoy en su resolución que el art. 23 del Código Procesal "es claro al determinar que la instancia de impugnación debe realizarse luego de la imposición de la pena, que es la segunda etapa del mismo juicio".

De este modo se pueden impugnar de una manera integral todos los planteos. “La realización de la cesura no elimina, no reduce ni retrasa la revisión horizontal; por el contrario, resulta más efectivo y eficiente realizar una sola impugnación integrando todos los aspectos que las defensas consideren, incluyendo la condena”, sostuvo el juez.

Audiencia de determinación de la pena

Además, el juez ordenó a la Oficina Judicial a fijar la audiencia para la determinación de la pena, una vez finalizado el plazo de 10 días dispuesto para el ofrecimiento de pruebas.

Algunos de los defensores solicitaron la impugnación de esta resolución y todos hicieron reserva para que se considere a futuro el caso para una Impugnación Extraordinaria Federal.

Qué se investigó y las 12 condenas

La causa investigó una presunta estructura montada para desviar fondos de planes sociales de la provincia. Según la acusación, se habría tratado de 9.303 operaciones irregulares, 8.708 extracciones con tarjeta por 125.412.400 pesos y 592 cobros de cheques por 27.970.300 pesos realizadas a nombre de beneficiarios que, en muchos casos, no existían o no habían autorizado los movimientos, mediante listados paralelos y cheques que terminaban endosados a personas ajenas a los planes.

A la plata de hoy son casi un millón de dólares, como mucho a cuentas también actualizadas aproximadas, 10 cuadras de asfalto.

Sebastián Fariña Petersen

El tribunal de juicio condenó a los 12 imputados por administración fraudulenta agravada, pero los absolvió del delito de asociación ilícita el 22 de octubre de 2025, por beneficio de la duda: de esas 9.303 operaciones, solo diecinueve titulares fueron escuchados en el debate (15 de ellos, beneficiarios reales de un plan, apenas el 0,16% del total) y declararon bajo juramento que cumplían los requisitos para recibir la ayuda social, pero que intermediarios se quedaron con el dinero.

Ese puñado de testigos, cuantificado en 2.664.000 pesos de perjuicio individual efectivamente acreditado, fue la base de la duda que el tribunal de juicio no logró despejar respecto de una asociación organizada.