Sin plata para abogados, los condenados de los Planes Sociales cayeron en la Defensa Pública

Apelar judicialmente cuesta dinero, y no todos los condenados de la causa Planes Sociales en Neuquén pueden afrontarlo. Sobre todo cuando se llega al máximo órgano judicial, que es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde en esta semana recayeron impugnaciones para evitar las penas de cárcel y el delito de asociación ilícita.

Según pudo saber LM Neuquén, dos de los 12 condenados que hasta hace poco eran asistidos por abogados particulares se quedaron sin esa defensa y pasaron a ser representados por la defensa pública, justo cuando se abre la etapa de las apelaciones.

En un caso, el letrado renunció al patrocinio; en el otro, el condenado no pudo seguir pagando los honorarios de acuerdo a la información precisa que se pudo consignar. Ambos cambios se produjeron después de conocerse la sentencia del Tribunal de Impugnación (al límite del vencimiento de los plazos), integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno. Dieron vuelta una sentencia de primera instancia, luego de la presión de la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, instruido por el gobernador Rolando Figueroa.

Se buscaban penas más duras a las de defraudación, para incorporar la figura de asociación ilícita, y los condenados recibieron otra sentencia con un nuevo delito, esta vez en segunda instancia.

Planes sociales: a la Defensoría Pública

Con estas incorporaciones de los condenados, la defensa pública amplía su presencia en un expediente donde ya actuaban Laura Giuliani, Carolina Johansen y Juan Pablo Piombo.

Entre quienes conservan defensas particulares están Pablo Gutiérrez, que representa a Tomás Siegenthaler (excoordinador del Ministerio de Desarrollo Social) y a Laura Reznik, y el abogado de Abel Di Luca, Gonzalo Rodríguez.

El representante de Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon junto al fiscal del caso de los Planes Sociales, Juan Narváez.

Sebastián Fariña Petersen

El 20 de agosto, el Tribunal de Impugnación, integrado por Sommer, Deiub y Macagno, revocó por unanimidad la absolución por asociación ilícita y declaró a los doce responsables de ese delito, en concurso real con administración fraudulenta agravada.

El cambio de calificación dejó sin efecto las penas fijadas en diciembre: deberá realizarse una nueva audiencia para determinarlas y, por ahora, ninguno de los doce tiene condena firme.

Las defensas apuestan a dos vías. La primera es la revisión horizontal, que otra integración del Tribunal de Impugnación reexamine la incorporación de la asociación ilícita. La segunda son las impugnaciones extraordinarias que algunas presentaron ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, donde deciden los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

¿Dónde está el dinero de los planes sociales?

La sentencia de primera instancia, firmada por los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, sostuvo que la Fiscalía no demostró que los acusados fueran los destinatarios finales de la maniobra.

Los jueces del juicio de estafa con planes sociales, Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.

Adriano Calalesina

Lo que se ventiló en el juicio es que el dinero recolectado de las extracciones bancarias y el cobro de cheques endosados por personas que no eran beneficiarios de planes iban a parar a una Caja Azul. Que se armaban sobres con dinero y que se entregaban a referentes de la política en Neuquén.

Según el fallo, los fondos alimentaron una estructura de referentes vinculados al MPN, la llamada caja azul. Los jueces aclararon además que, para configurar la administración fraudulenta, no era necesario probar enriquecimiento. Hasta hoy, ningún dirigente político fue imputado por la causa.