Elías Sapag, exrepresentante en la AIC, cuestionó que la Nación excluyera de las decisiones a las provincias. Precisó el precio al agua.
La hoja de ruta con plazos definitivos para la adjudicación de la gestión de la generación eléctrica en las represas del Comahue que fijó el gobierno nacional agitó el debate en la región en torno al rol de las provincias en el diseño y administración del sistema que viene.
El ingeniero Elías Sapag, quien representó a Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas hasta fines del año pasado, resumió en una entrevista con LU5: "Es un esquema similar al de 1993, pero en esta ocasión sin la participación de las provincias".
Agregó: "La única participación que tienen las provincias en la discusión de las regalías y a través de la AIC, las normas de manejo del agua, el ambiente y la seguridad de las represas".
Las represas y la Ley Bases
Amparado en la Ley Bases, el gobierno decidió que las acciones sean transferidas a la Secretaría de Energía, que fijará las pautas del Concurso para su reprivatización. Como consignó Sapag, mientras avanza el proceso para la adjudicación de las hidroeléctricas a nuevos operadores las provincias negociarán con la Nación el porcentaje que tendrán del producto generado en sus ríos.
Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Río Negro, Alberto Weretilneck, hicieron un frente común cerca de asumir el poder cada en su provincia, el 10 de diciembre del año pasado, para lidiar con los funcionarios del gobierno de Javier Milei con incumbencia en la licitación de las represas. El objetivo de máxima era incidir en el diseño del plan para las represas, pero la Nación avanzó por su cuenta, con lo cual los mandatarios provinciales tienen que enfocarse en la pelea por el tamaño de las regalías.
Sapag consideró que "la discusión de las regalías no tiene sentido, tiene sentido el valor del precio, es lo que hemos discutido siempre, pero hay una parte más importante y es: ¿Qué queremos discutir con respecto a las hidroeléctricas?".
La respuesta la entonó en forma de pregunta: "¿Vamos a discutir la defensa de la vida y los bienes de los habitantes aguas abajo, vamos a discutir el río Neuquén, que las crecidas en 2006 y 2008 determinaron el riesgo que se asume en Río Negro y Neuquén?"
El ex funcionario remarcó que "el Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Nación resolver este problema de seguridad y la ciencia, los técnicos, los científicos de las consultoras independientes, la AIC y otros organismos dictaminaron que la única manera de resolver este problema es construir una presa".
Dónde poner la mira
Entonces, Sapag advirtió que ante todos "tenemos que fijarnos qué objetivo pretendemos con estas hidroeléctricas y con el recurso, qué podemos obtener de las mismas, ya sea con regalías o por el canon del uso del agua".
La discusión sobre la injerencia jurisdiccional sobre los recursos naturales se rige por la Constitución del '94, que le dio a las provincias la propiedad. No obstante, en el caso de la generación hidroeléctrica el agua es de las provincias, pero los complejos productivos son de la Nación. Las provincias tienen la potestad de cobrar un canon en función de la propiedad sobre el agua que le cabe.
"La Nación no ha dado lugar a las provincias, entonces las provincias tendrán que hacer uso del cobro del canon: no pueden cobrar menos de una milésima de dólar por metro cúbico que pase por cada una de las turbinas instaladas en las hidroeléctricas", opinó Sapag.
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