Seis años de la novela de Jimena Barón en Villa La Angostura: el historial detallado del conflicto judicial

La fallida contratación de Jimena Barón para la Fiesta Nacional de los Jardines de Villa La Angostura mantiene abierto, más de seis años después, un conflicto judicial que atravesó reclamos por dinero, una mediación frustrada, pericias y hasta un insólito error burocrático. Ahora, la causa dio un nuevo paso con la designación del contador que tendrá que reconstruir el movimiento de los fondos.

El profesional elegido es Ricardo Arnoldo Penida, contador público matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén, quien deberá realizar una pericia contable clave antes de que la Justicia pueda avanzar hacia una sentencia.

El expediente, caratulado “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Bonuccelli, Eduardo y otro s/ Cumplimiento de contrato”, tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 103 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Ignacio Fognini.

Los plazos para dictar sentencia están suspendidos desde el 22 de septiembre de 2025, debido a que el magistrado consideró necesario esclarecer primero los pagos, transferencias, devoluciones y otros movimientos relacionados con aquella contratación.

Una contratación que terminó en la Justicia

La historia comenzó a finales de 2019 cuando la Municipalidad de Villa La Angostura había anunciado a Jimena Barón como una de las principales figuras de la octava edición de la Fiesta Nacional de los Jardines, que se desarrollaría entre el 6 y el 9 de febrero de 2020.

La cantante estaba prevista como la encargada de cerrar el evento el domingo 9 de febrero. La contratación había sido realizada a través de Eduardo Bonuccelli y ascendía a $2.215.631, IVA incluido, una suma que contemplaba también aéreos, alojamiento y comidas para 27 personas.

Sin embargo, el esperado recital nunca se concretó. A pocas horas de la presentación, la productora informó que Barón no podría actuar debido a “un cuadro médico” por el que le habían indicado entre 48 y 72 horas de reposo. La decisión también obligó a cancelar su participación en la Fiesta Nacional de la Manzana, en General Roca.

A partir de allí comenzó una historia que trascendió ampliamente la suspensión de un espectáculo.

Tras la cancelación, desde el Municipio comenzaron las gestiones para recuperar el dinero desembolsado. En ese momento se informó que Bonuccelli transfirió $1.445.521 como parte del reintegro, aunque quedaron pendientes otros importes relacionados con gastos que formaban parte de la contratación.

Con el paso de los meses, el conflicto no encontró una solución definitiva.

El reclamo por el dinero y el comienzo del juicio

Para 2021, la Municipalidad de Villa La Angostura todavía reclamaba más de $700 mil correspondientes a aquella contratación. Bonuccelli fue intimado para reintegrar el monto pendiente, pero rechazó el planteo y negó ser el representante de la cantante.

Ante la falta de acuerdo, se avanzó primero con una instancia de mediación. La negociación fracasó y el Municipio decidió llevar el conflicto a la Justicia, dando origen al expediente que continúa abierto hasta la actualidad.

La investigación judicial sumó con el tiempo distintos elementos. Uno de los más relevantes fue una pericia caligráfica que determinó que la firma atribuida a Eduardo Bonuccelli en el contrato de 2019 era falsa.

Pero todavía quedaba otro aspecto fundamental por esclarecer: qué ocurrió exactamente con el dinero.

Por ese motivo, el juez Fongini dispuso avanzar con una pericia contable sobre la documentación vinculada con la contratación y suspendió los plazos para dictar sentencia mientras se realiza esa medida.

El insólito error que volvió a demorar la causa

Cuando la Justicia intentó poner en marcha la auditoría apareció un nuevo capítulo en la extensa historia.

El exhorto que debía llegar a Neuquén para posibilitar la designación de un perito local fue enviado por error al Juzgado Federal N° 1 de Rawson, en Chubut, una dependencia sin competencia territorial sobre Villa La Angostura.

El inconveniente impidió avanzar con la medida y obligó a corregir el procedimiento. La Mesa de Ayuda y Soporte del BUS de la Justicia Federal tuvo que emitir instrucciones para que la rogatoria fuera diligenciada nuevamente bajo los parámetros correspondientes.

La dificultad estuvo vinculada además al funcionamiento del sistema Lex100, que no permitía al juzgado nacional enviar digitalmente el oficio hacia la jurisdicción provincial correspondiente. Por eso fue necesario encauzar nuevamente el procedimiento.

Meses después de aquel revés, finalmente se logró designar al contador Ricardo Arnoldo Penida, que tendrá en sus manos una de las pruebas pendientes más importantes de la causa.

Qué deberá investigar el perito contador

La tarea de Penida será reconstruir el circuito económico relacionado con la contratación que nunca llegó a concretarse.

Entre otros puntos, deberá analizar los montos reclamados por la Municipalidad de Villa La Angostura y los intereses que eventualmente correspondan, además de revisar los registros contables y la documentación respaldatoria de los pagos realizados a los demandados, Eduardo Bonuccelli y Pérez Guevara.

Otro aspecto central será la trazabilidad de las transferencias bancarias. El contador tendrá que establecer si los fondos detallados en la documentación efectivamente fueron acreditados en las cuentas de sus destinatarios cuando su recepción se encuentre discutida.

La pericia también permitirá reconstruir pagos, devoluciones y otros movimientos económicos relacionados con el contrato.

Una vez terminado el informe, las partes podrán analizar las conclusiones del especialista y formular las observaciones que consideren necesarias. Recién después de completar esta instancia, el expediente podrá volver a encaminarse hacia una resolución judicial.